¿Por qué lo ubicó a su amigo Gustavo Arribas al frente de la AFI? ¿Cuál era su experiencia en el terreno de la inteligencia?

Nula, nula. Pero, yo pregunto, ¿qué experiencia tenían todos los otros Señores 5 que lo antecedieron?

Yo pensé: de todos mis amigos, ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas? Justo uno que se había hecho de una buena posición económica en el fútbol; uno que arrancó de una posición humilde en la vida… Me pareció que resumía todas esas cualidades.

 

Fragmento del libro “M.  Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder”, de Laura Di Marco.

 

Redacción Canal Abierto | Las denuncias de la actual intervención de la Agencia Federal de Inteligencia barrieron el tablero de la política vernácula, electrocutaron la interna de lo que quedaba de Juntos por el Cambio y tensaron los nervios de uno de los sótanos de la democracia que históricamente se mantuvieron como factor de poder superior, pero oculto en las sombras de la cuasi clandestinidad, sin rival y sin control. Al menos hasta ahora.    

En las primeras horas de hoy el juez Federico Villena fue apartado en la causa de mayor visibilidad. El camarista federal platense Roberto Lemos Arias admitió el planteo realizado por varios de los espías imputados. El caso pasó a Juan Pablo Augé, quien ya tenía la otra causa.

Al momento, dos jueces analizan cuatro causas con 22 imputados –entre los espías y los secretarios de Macri, Martinengo y Nieto- de los cuales 17 fueron rápidamente detenidos para evitar fuga o entorpecimientos. En Lomas de Zamora, Augé investiga el seguimiento sobre Cristina Fernández y el Instituto Patria, y ahora también a los “Súper Mario Bros”. Y en Comodoro Py, Martínez de Giorgi tiene dos expedientes con los perfiles realizados por los agentes sobre periodistas, dirigentes sociales, académicos y políticos que se acreditaron para las cumbres de la OMC en 2017 y del G20 en 2019.

Entre los fichados por la AFI aparecen, entre muchos otros y otras, Ignacio Rodríguez de CLATE, Horacio Fernández de ATE, la investigadora Luciana Ghiotto de ATTAC y Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, organización que además integra la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI).

En un pronunciamiento reciente, el espacio explica que la causa que tramitaba hasta hoy Villena “deja al descubierto maniobras delictivas que han sido práctica común en los servicios de inteligencia. Quienes hemos seguido de cerca la causa AMIA sabemos que estas prácticas de connivencia mafiosa no son excepcionales”.

“Los escándalos que inundan hoy las páginas de buena parte de los medios argentinos y que están cobrando cada vez más visibilidad a nivel internacional son una oportunidad única para dar cuenta de la urgente necesidad de ajustar los sistemas de inteligencia a las pautas del Estado de Derecho y arbitrar todos los medios necesarios para estructurar un eficiente sistema de control que garantice un verdadero Nunca Más a las prácticas de inteligencia ilegal en Argentina”, agregan.

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Busaniche, querellante en la causa de los tribunales de Retiro, comienza esta conversación con Canal Abierto advirtiendo que “los servicios de inteligencia en Argentina siempre tuvieron ese velo de oscuridad, de fondos reservados y secretos por donde se canalizaron siempre las cloacas de la política. Una gran caja de fondos reservados, con gente de identidad reservada que depende directamente del Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de control, es el caldo de cultivo para el desastre”.

Cuando en 2016 Macri mandó al Congreso los pliegos de Silvia Majdalani, “con una trayectoria letal en términos de vinculación con los servicios de inteligencia”, y Gustavo Arribas, “con muchas sospechas relacionadas a su historia como ejecutivo en el fútbol y con nulas credenciales para el cargo”, para dirigir la AFI, “las únicas organizaciones que nos plantamos y presentamos objeciones fuimos las de la Iniciativa Ciudadana junto a Poder Ciudadano y la Asociación de Pensamiento Penal”, recuerda.

“Ella formaba parte antes de la Bicameral –amplía Busaniche sobre Majdalani- que tenía que controlar a la Agencia pero era una alidada de los Servicio de Inteligencia. Luego pasó a ser el cuadro operativo en la propia AFI, con lo cual no esperábamos de ella nada distinto”, reconoce.

Majdalani y Arribas

Desde ICCSI –integrada por CELS, UMET, Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, ya trabajan junto a investigadores y académicos de renombre en el diseño de un proyecto de ley que apunte a desandar los vínculos pornográficos de los servicios de inteligencia con la justicia federal y las fuerzas de seguridad, a desterrar del mapa de la política las operaciones mediáticas basadas en aprietes, carpetazos y escuchas, y a, en definitiva, “construir un paradigma de inteligencia totalmente diferente, con el cual la democracia tiene una deuda enorme”.

Los señalados ya están hablando y algunas responsabilidades parecen estar condenadas a caer antes que pronto por el desfiladero de la traición. Las preguntas que cada vez se gritan con menos disimulo son: ¿Podrá la justicia llegar a Macri y Bullrich? ¿Este siniestro sistema de mafias entrecruzadas no contempla un cortafuegos para evitar que la escalada de pruebas pueda finalmente tocar a las cúpulas del entramado? Y, en el fondo, ¿estas causas tienen la potencia suficiente como para derretir el poder del submundo del espionaje de Estado, que seguramente tiene todavía muchos ases por jugar?  

Para ese objetivo final, dice Busaniche, “la expectativa es que el Presidente cumpla con su promesa del discurso de asunción”.

¿Cuáles son los órganos de control que fallaron o directamente actuaron en complicidad?

– Existe un solo órgano de contralor que es la Bicameral, una comisión que tiene la obligación de pedirle informes a los servicios de inteligencia, de hacer seguimiento de los fondos reservados. En este momento la interventora Cristina Caamaño le dio vista a la SiGeN para que le haga auditoría del presupuesto, pero no está pautado por ley sino que es una iniciativa de la intervención, que celebramos.

La Bicameral ha fallado sistemáticamente en controlar a los servicios de inteligencia, una constante que hemos visto es su inoperancia e inacción absoluta.

¿Eso fue lo que posibilitó las diferentes operaciones?

– Otro problema grave es la relación promiscua entre los tribunales federales y los servicios, el hecho de que la Ley de Inteligencia habilitara una excepción para que pudieran hacer investigación por pedido de jueces es lo que permitió y le dio ese viso de supuesta legalidad a algunas de las operaciones más serias que se hicieron de inteligencia ilegal.

Cuando se modificó la ley de inteligencia en 2015, que disolvió la SIDE y se creó la AFI, nosotros pujamos porque en esa modificación se hiciera una distinción funcional y los servicios de inteligencia fueran apartados completamente de la investigación criminal, pero perdimos esa discusión y la nueva ley mantuvo ese sistema en el cual la AFI aparece como órgano rector, con vínculos con los otros posibles actores como la inteligencia de las fuerzas federales o la inteligencia militar. Esto se corta definitivamente con el decreto que el presidente Fernández firma en marzo, pocos días después de la Apertura de Sesiones donde explicó que iba a cortar esa excepción que habilitaba que la justicia le pidiera tareas a los servicios. Hoy esa relación está cortada y los servicios de inteligencia no pueden hacer investigación ni siquiera a pedido de un juez.

El gobierno de Cambiemos hizo abuso de esa relación…

– La administración de Mauricio Macri echó para atrás los magros pasos que el último tramo del gobierno de Cristina Fernández había dado, como por ejemplo que la Ley estableciera que todos los fondos debían ser públicos, salvo lo que expresamente deba ser reservado por tareas operativas. Macri ni bien asume restaura que todos los fondos sean reservados y eso es lo que genera una caja divina para cualquier acto de corrupción.

Y la otra cuestión muy grave es el tema de escuchas. En esa reforma de la Ley las escuchas pasan a manos del Ministerio Público Fiscal, el órgano que encabeza la investigación criminal, por lo tanto un órgano apropiado para manejar el tema, pero eso también fue restaurado por un decreto de Macri que las pone bajo la órbita de la Corte, que rápidamente hace un acuerdo con la AFI para que las escuchas vuelvan a sus manos.

¿Cuáles son los puntos que debe priorizar una reforma del sistema que pretenda limitar estas atribuciones antidemocráticas?

– Lo primero que hay que hacer es fragmentar y desacoplar esta comunidad de inteligencia, es decir, que la inteligencia criminal pase por una Policía de Investigaciones Criminales, con resguardos judiciales, pero los servicios de inteligencia no tienen que hacer absolutamente nada vinculado con la investigación criminal.

Un servicio moderno tiene que ser pequeño, hiperprofesionalizado, alejado de cualquier tarea vinculada con represión, con las fuerzas de seguridad, la vigilancia y esa tipo de cuestiones relacionadas con la ciudadanía y el espionaje interno.

Lo que tiene que hacer, más que recolección de información, es análisis de información para mantener al Presidente -que es a quien deben reportar-, informado para la toma de decisiones estratégicas.

Por ejemplo, movimientos de capitales financieros a nivel internacional, cuestiones que tengan que ver con guerra comercial que pueda tener un coletazo en la economía argentina. Un ejemplo concreto: Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, a finales de diciembre le presentaron al presidente Donald Trump una carpeta explicando y advirtiendo sobre un nuevo virus que había emergido en una ciudad recóndita de China, que tenía capacidad de causar una catástrofe global en formato de pandemia.

Son servicios que están trabajando estratégicamente para entender qué procesos pueden llegar a afectar la integridad nacional. Cuestiones vinculadas con el terrorismo, el lavado de dinero, pero no para hacerles seguimiento a las personas.

Tenemos que imaginar un Servicio de Inteligencia plagado de licenciados en matemática, doctores en relaciones internacionales, analistas que puedan leer las coyunturas y proveer al Presidente de la información apropiada para la toma de decisiones.

¿En qué aspectos se apoya el proyecto que está desarrollando la Iniciativa?

– En la definición de secreto y acceso a la información en poder de los servicios de inteligencia, por ejemplo. Argentina no tiene una política de desclasificación, sabemos más de lo que hace la CIA que de lo que hace la AFI. No puede ser una caja de operaciones, carpetazos, presiones mediáticas, extorsión de propios y ajenos como está emergiendo ahora en la causa de Villena.

Estamos estudiando cómo funcionan los organismos de contralor de otros lugares, como puede ser Australia o Nueva Zelanda; cómo es el sistema de pautas de secreto; una definición clara y una separación funcional de las fuerzas de seguridad; y delimitar de quien recibe órdenes y a quien responde.

¿Hasta dónde pueden llegar las causas que se están tramitando?

– Con el G20 y la OMC da pavor las cosas que dicen las fichas que confeccionaron. Académicos, investigadores de comercio internacional de universidades públicas, institutos universitarios que fueron tildados por esta gente como “potenciales peligros para el sistema democrático”.

La ministra Bullrich debería estar involucrada en esa causa, porque reconoció públicamente que ellos encargaron a la AFI que haga este fichaje y lo naturalizaron como si fuera legal.

En la causa de Lomas de Zamora hay, por lo menos, tres figuras con responsabilidad directa: uno es Mauricio Macri, que es la cabeza; Gustavo Arribas y Silvia Majdalany. Después habrá que ver el resto del gabinete, pero en principio me parece que la responsabilidad recae sobre quien tenía a cargo la dirección política de los servicios de inteligencia, que es ni más ni menos que el Presidente. Él mismo dijo cuando designó a Arribas que era su amigo más vivo, el que mejor manejaba los trucos y las trampas, lo cual da la pauta de qué tipo de entendimiento tenía Mauricio Macri sobre para qué están los servicios de inteligencia.

Macri y Arribas

 

Por: Leo Vázquez 

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