Por Diego Leonoff | Avanza la causa por las irregularidades en las concesiones de los peajes durante el gobierno de Macri que tiene en la mira a los ex ministros de Transporte y Hacienda, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne; el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; el ex director de Jurídicos de esa dependencia, Ricardo Stoddart; el procurador del Tesoro y ex abogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías y el presidente del directorio de Autopistas del Sol SA, Andrés Alfonso Barberis Martín.

El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga el rol de los ex funcionarios en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol (AUSOL) y el Grupo Concesionario Oeste, acusados de haber favorecido a la empresa española Abertis, al momento en que esta era socia de la familia del ex presidente Mauricio Macri. Entre otras cosas, el expediente menciona los injustificados aumentos vía dolarización de tarifas, condonación de multas y sanciones, un pago millonario sin justificación técnico-económica, el perjuicio del erario público y negociaciones espúreas en el marco de conflictos de intereses. En definitiva, describe el escrito de 161 páginas con que el magistrado procesó a Iguacel y Saravia Frías, un «complejo engranaje de maniobras (…) que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma Sideco Americana S.A. en la que el presidente Mauricio Macri y sus familia tenía acciones)».

Todo comenzó cuando, a poco de asumir, Mauricio Macri -a través de Dietrich- le reconoció una deuda de 499 millones de dólares a las concesionarias por supuestas inversiones no realizadas por el Estado. El argumento para acceder al pago de la exhorbitante cifra era que de esa manera la controlante de las firmas, la española Abertis, levantaría una demanda contra la Argentina que había iniciado ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial, incluso antes de cualquier instancia judicial en territorio nacional.

Por ese motivo, concluye el magistrado, «los funcionarios no obraron en defensa de las arcas del Estado» y que dichas maniobras estuvieron «destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios».

“Las empresas sabían que uno de sus socios tenía muchas chances de asumir la presidencia, una situación que podía potenciar sus beneficios. Esto se evidencia cuando uno coteja el fuerte aumento en el valor de las acciones de Ausol entre enero y diciembre de 2015, y a lo largo de 2016 y 2017, cuando Macri se desprende de esas acciones”, explica en diálogo con Canal Abierto la directora de Jurídicos de Vialidad Nacional, Julieta Ripoli.

Las acciones de Ausol valían cuatro pesos en enero de 2015. Cuando asumió Macri, la acción trepó a 14,50. Luego aumentó la tarifa de peajes entre un 200 y 270 por ciento y la acción llegó a 75,50. En ese momento, Socma vendió el 7% que tenía de participación a un valor de 19,7 millones de dólares. “En teoría, el valor de las acciones debía ir en descenso ya que, por esos años, se vencía la concesión que, en definitiva, era el fín mismo de la empresa. Pero sucedió todo lo contrario”, dice Rípoli.

El 7 de diciembre de 2015 –tres días antes de la asunción presidencial– Abertis, socia principal y controlante extranjera de Ausol, presentó un reclamo millonario ante el Ciadi. El 17 de diciembre el organismo recibó la denuncia formalmente. “Ni bien asume Dietrich sale a decir que se renegociaban los contratos porque se estaba tramitando una demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial que supuestamente nos iba a salir una fortuna a los argentinos”, cuenta la abogada. La simulación consistió en presentar aquel reclamo internacional por 1100 millones de dólares, en una renegociación por la cual erario público terminó poniendo unos 500 millones.

El por entonces procurador del Tesoro de la Nación y encargado de velar por los intereses del Estado, Carlos Balbin ensayó una fuerte defensa que terminaría costándole el cargo. “Como sucedió con el sector energético, los parques eólicos, con los tarifazos o el Correo Argentino, la política del macrismo fue desplazar a los funcionarios que cuestionabamos sus negociados”, apunta quien fuera desplazada de su cargo en la era Cambiemos y reincorporada recientemente. En aquel entonces, el Gobierno nacional decidió reemplazar a Balbin por Bernardo Saravia Frías, ex abogado de la familia Macri y hoy procesado por Canicoba Corral.

La venta de las acciones por parte de la familia Macri se da en paralelo al acuerdo de renegociación renegociación de los contratos de los accesos norte y oeste. A cambio de esto último, y el pago de la supuesta deuda millonaria, es que Abertis decide retirar la demanda ante el CIADI. “La realidad es que las empresas también tenían deudas millonarias con el Estado por obras que no ejecutaron y estaban incluidas en los contratos. Ausol, de hecho, estaba siendo investigada por sospechas de defraudación al Estado y fuga de capitales”, cuenta la abogado y testigo en la causa que compromete al ex Presidente y sus funcionarios.

“Macri está en el centro de la cuestión desde el día en que asumió la presidencia de la Nación, siendo accionista de una concesionaria a la que su ministro extendió sin licitación un contrato con tarifas dolarizadas y múltiples beneficios”, detalla Ripoli. “La maniobra estuvo repleta de pequeñas simulaciones para defraudar al Estado”.

Las maniobras de las que Julieta fue testigo directa incluyeron la instauración de un «estado de terror dentro de Vialidad” con persecución ideológica y despidos de quienes podían llegar a oponerse al gran negocio. Entre ellas, la propia Ripoli, funcionaria del organismo desde 2004. La abogada recibida en la UBA ingresó como pasante a sus 19 años y pasó por varios cargos hasta llegar a la jefatura de la División de Concesión de Obras y Servicios Públicos, puesto clave para el lineamiento de los contratos de obra pública.

Tras haber participado en las primeras reuniones de renegociación de las concesiones de Ausol (Acceso Norte) y GCO (Acceso Oeste), Ripoli fue despedida sin informe legal ni el sumario interno correspondiente. “Yo veía todo, cómo representantes y abogados de las empresas coparon el organismo desde el primer día, con mesas y directorios ad hoc donde delineaban las políticas de forma paralela e ilegal. Era todo tan burdo que pusieron a Ricardo Stodart como nuevo titular de Jurídicos de Vialidad, quien había trabajado en el estudio que representaba a las empresas. Estaba renegociando el contrato en nombre del Estado con sus ex colegas”.

“El curso natural de aquellos contratos otorgados en 1994, y con vencimientos en 2018 y 2020, era dejarlos vencer, volver a llamar a licitación o que el Estado volviera a hacerse cargo de las concesiones”, señala. “Este caso demuestra una dinámica sobre cómo la gestión anterior entendía y manejaba la cosa pública, con funcionarios a ambos lados del mostrador”.

Ante la pregunta sobre los tiempos que está manejando la Justicia y su expectativa en torno a la investigación, Ripoli plantea: “el fiscal de la causa es Carlos Stornelli, amigo personal del ex presidente. A mi entender, la justicia federal se debe una gran reforma porque sólo tenemos 12 jueces federales y sus respectivos fiscales en los juzgados que se supone deben investigar y sancionar los casos de defraucación a la administración pública. A fin de mes con la renuncia de Canicoba Corral (el magistrado que lleva la causa por los peajes) van a quedar tres vacantes. Es alarmante. Como sociedad nos tenemos que replantear esta cuestión. Espero que la iniciativa que ahora impulsa el Ejecutivo avance en este sentido”.

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