Redacción Canal Abierto | “No queremos que quien delinque no cumpla el castigo que merece. Queremos que ese castigo tenga las condiciones humanitarias que el mundo y la sociedad moderna reclama”, señaló Alberto Fernández durante el lanzamiento del Programa Federal de Arquitectura Penitenciaria (Profape). El mandatario inauguró hoy 364 nuevas plazas y otras obras en tres cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicadas en Florencio Varela, Magdalena y San Martín.
En el mismo sentido, el Presidente dijo hoy que no se puede “seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento”.
Un primer dato sirve para ilustrar esta grave crisis humanitaria: este mes de agosto registró un récord de hacinamiento extremo en comisarías de la provincia de Buenos Aires que ascendió al 357%. Es decir, 5.480 detenidos en 1199 cupos disponibles.
Frente a este panorama generalizado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -en su carácter de Mecanismo Local de prevención de la Tortura- y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) realizaron de manera conjunta inspecciones a las comisarías 3ª de Quilmes y 2ª de Virrey del Pino. Pese a los pedidos de clausura y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se constató que continúan funcionando en condiciones de extremo hacinamiento y deshumanización.
La comisaría 3ª de Quilmes está actualmente alcanzada por una medida cautelar de la CIDH que en 2019 prohibió su funcionamiento y además se encuentra clausurada por una orden judicial de junio de 2020. Antes de esta clausura el cupo disponible era de 12; en la inspección realizada entre la CPM y el CNPT, se constató que había 52 personas detenidas, lo que implica un 333 % de sobrepoblación.
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Las 52 personas detenidas conviven en dos celdas colectivas y cuatro individuales. Comparten un sector común que es un espacio cerrado, sin ingreso de luz natural ni ventilación. El encierro y la humedad densa dificultan la respiración. Todos comparten un único inodoro. Para dormir se reparten entre camastros de cemento y el piso. Según informó el comisario sólo hay 10 colchones. Así que la mayoría duerme sobre mantas o deben turnarse para hacerlo.
En estas condiciones, la alimentación adecuada prácticamente no existe y la comunicación con el exterior depende de un único teléfono que es llevado a los internos a requerimiento.
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El caso de la comisaría 2ª de Virrey del Pino no es muy diferente. Si bien no tiene clausura judicial, sí se encuentra alcanzada por una medida cautelar de la CIDH de 2016 que prohíbe el alojamiento de personas. Antes de esta decisión había cupo para 8. Durante la inspección conjunta se constató que había 33 personas detenidas, es decir un 312 % de sobrepoblación.
Además de la sobrepoblación, hacinamiento y condiciones inhumanas de detención, se comprobó particularmente la evidente ausencia de mecanismo de control y cuidado respecto de situaciones de riesgo vinculadas con la pandemia de COVID-19. Las personas que ingresan detenidas son alojadas en celdas donde ya hay otras personas sin que se les aplique ningún protocolo preventivo.
En ambas comisarías, la mayoría de las personas se encuentran allí por delitos menores y han permanecido detenidas más tiempo del que se establece por ley; varias de ellas durante muchos meses llegando a casos que superan el año de detención en comisarías.
“Lo constatado ayer en Quilmes y Virrey del Pino no es una excepcionalidad”, señala un comunicado de la CPM, y agrega: “Las masacres ocurridas en los últimos años en la comisaría 1ª de Pergamino y la 3ª de Esteban Echeverría que produjeron las muertes de 17 personas fueron la consecuencia más extrema de este sistema que bajo estas condiciones produce diariamente nuevas víctimas. Es imperioso y urgente que el Estado provincial tome definiciones políticas que contribuyan a revertir estas graves violaciones de derechos humanos”.
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* Fotografía: Valerio Bispuri (Encerrados – Contrasto, 2011)
* Fuentes: Andar Agencia y Telam
