Redacción Canal Abierto | Organismos de derechos humanos repudiaron la publicación en la cuenta oficial de Twitter del Ejército Argentino en homenaje a Rodolfo Berdina y el soldado Ismael Maldonado, al cumplirse un nuevo aniversario del combate de Potrero Negro. El hecho tuvo lugar en 1975, en el marco del Operativo Independencia implementado en la provincia de Tucumán durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Además de la reivindicación de lo que fue el globo de ensayo del terrorismo de Estado implementado desde el 24 de marzo de 1976, el gráfico de la polémica publicación cuenta con el logo del Ministerio de Defensa que encabeza Agustín Rossi, a quien le fue dirigida una carta con la firma de las filiales tucumanas de los principales organismos de derechos humanos, como HIJOS, Madres de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y entidades provinciales como la Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo, la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán o la Mesa de Conceso de Escuelita de Famillá y organismos a nivel nacional.

La misiva enviada a Rossi y a las Secretarias de Derechos Humanos de los ministerios de Defensa y de Justicia manifiesta el “asombro e indignación” con que recibieron la publicación en la que se refiere a los homenajeados como soldados caidos “en cumplimiento del deber”, cuando los organismos plantean que “el Operativo Independencia y por ende la participación del Ejercito en él, no fue el cumplimiento de ningún deber militar, sino la ejecución de una orden ilegal, que implicó la intervención ilegal de nuestras Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, y el comienzo de ejecución de un plan criminal, que desde hace más de 30 años la sociedad argentina considera que fue un GENOCIDIO”.

La carta también recuerda que los militares homenajeados “no fueron héroes que pelearon en una guerra”, sino que “integraron una de las tantas fuerzas de tarea del Ejército cuya función central fue ocupar el territorio provincial, secuestrar personas, trasladarlas a centros clandestinos de detención, torturarlas y en muchas ocasiones ejecutarlas y desaparecerlas y en otras dejarlas en libertad. Esas fuerzas de tarea de las cuales Berdina y Maldonado formaban parte secuestraron alrededor de 400 personas en Tucumán, ello implica alrededor de entre el 30 y 45% total de las víctimas del terrorismo de Estado de nuestra provincia”.

Los firmantes sostienen que esta publicación no debe leerse de manera aislada, sino como parte de las estrategias negacionistas del genocidio en nuestro país. «Las hemos soportado durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, y es por ello que no podemos aceptar que se reproduzcan en un gobierno que sostiene las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, al tiempo que consideran que “bajo la forma de un homenaje a dos `caídos´, esa placa no hace más que reivindicar el inicio del genocidio en nuestro país”.

El Operativo Independencia fue analizado en un proceso en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan en nuestro país desde que en 2004 se anularan las leyes de impunidad sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y los indultos firmados por Carlos Saúl Menem.

En septiembre de 2017 el juicio concluyó con 10 condena a mandos militares. Pablo Gargiulo fue uno de los abogados querelantes y en diálogo con Canal Abierto manifestó no sentirse sorprendido por la reivincdicación del Ejército, aunque si por la inclusión del Ministerio de Defensa en las firmas.

“Nadie niega que Berdina y Maldonado hayan muerto en un enfrentamiento armado. Pero desde algunos sectores se trata de convertir al Operativo Independencia en exclusivamente eso: una serie de combates entre grupos armados en igualdad de condiciones, cuando en realidad fue una operación absolutamente ilegal, criminal y con objetivos que iban mucho más allá de los objetivos confesados”, afirmó el letrado.

A la vez, recordó que “el objetivo trascendente del Operativo Independencia era eliminar a cualquier tipo de disidencia política, sea esta del lugar que fuera. Ya fuera militancia de base de origen peronista o de cualquier otro origen, de carácter sindical, delegados obreros, organizaciones comunitarias e incluso hasta ciertas diligencias de carácter indígenas. Todo lo que oliera a resistencia o desobediencia o cuestionamiento o disidencia era considerado por las autoridades militares de turno como un gesto o una evidencia de subversión y, por lo tanto, eran constituidos y considerados inmediatamente como enemigos. Y hacia todos ellos se dirigió el Operativo Independencia”.

“A mi lo que me gustaría es que desde el Ejército, y particularmente desde el Ministerio, se dejara bien claro eso de una buena vez por todas. El Operativo Independencia fue una operación criminal basada en la utilización de métodos aberrantes en contra de la población civil. Más allá de que hubo enfrentamientos armados contra guerrilleros, eso fue hasta un aspecto excepciona del Operativo Independencia”, concluyó.

El documento

«Con asombro e indignación hemos tomado conocimiento que la cuenta oficial de Twitter del Ejército Argentino publicó una placa con el texto “5 de septiembre de 1975. Combate de Potrero Negro”, que contenía las fotos del subteniente Rodolfo Hernán Berdina y el Soldado Ismael Maldonado y con el lema “Honrar el valor, aliviar el dolor, cumplir con la patria”, buscaba rendir homenaje a quienes “ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar”.

Señor Ministro, el Operativo Independencia y por ende la participación del Ejercito en él, no fue el cumplimiento de ningún deber militar, sino la ejecución de una orden ilegal, que implicó la intervención ilegal de nuestras Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, y el comienzo de ejecución de un plan criminal, que desde hace más de 30 años la sociedad argentina considera que fue un GENOCIDIO.

Los homenajeados, Señor Ministro, no fueron héroes que pelearon en una guerra, como pretende insinuar dicho recordatorio. Integraron una de las tantas fuerzas de tarea del Ejército cuya función central fue ocupar el territorio provincial, secuestrar personas, trasladarlas a centros clandestinos de detención, torturarlas y en muchas ocasiones ejecutarlas y desaparecerlas y en otras dejarlas en libertad. Esas fuerzas de tarea de las cuales Berdina y Maldonado formaban parte secuestraron alrededor de 400 personas en Tucumán, ello implica alrededor de entre el 30 y 45% total de las víctimas del terrorismo de Estado de nuestra provincia.

En Tucumán, el 24 de marzo de 1976 no marcó un quiebre, porque los tucumanos vivíamos en la zozobra, el terror, sin derechos ni garantías desde febrero de 1975, cuando comenzó a ejecutarse esa orden ilegal que se llamó Operativo Independencia, y que el recordatorio, justamente omite. La expresión fue creada por los propios militares para encubrir y legitimar su acción criminal. Su omisión en la placa no es casual: tras largos años de lucha, el movimiento de derechos humanos y el campo popular dio vuelta el sentido original de esa expresión y logró instalar una verdad. Esa verdad es que el Operativo Independencia no fue ni en parte ni en su totalidad un acto de defensa de la patria sino el comienzo del plan sistemático de desaparición forzada en el país y de ignorar las instituciones democráticas de la republica que deberían haber intervenido en ese período en las que se deberían haber resuelto los problemas políticos y sociales que imperaban en el país en el año 75, bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón.

Conocemos las siempre renovadas estrategias negacionistas, las hemos soportado durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, y es por ello, que no podemos aceptar que se reproduzcan en un gobierno que sostiene las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia. No hay que confundir, señor Ministro, consideramos que bajo la forma de un homenaje a dos “caídos”, esa placa no hace más que reivindicar el inicio del genocidio en nuestro país».
Firman: -Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Tucumán – H.I.J.O.S. – Tucumán – APDH Regional Tucumán – Asociación de DDHH del Sur de Tucumán – Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Fundación Memorias e Identidades del Tucumán – FADETUC – Agrupación de Ex Presos Políticos héroes de Trelew Tucumán – ANDHES (Abogadxs del Noroeste Argentino en DDHH y Estudios Sociales) – Mesa de Conceso de Escuelita de Famillá – Diario del Juicio Tucumán – Familiares Víctimas de Gatillo Fácil y Violencia Institucional de Tucumán – Madres de Plaza de Mayo Filial La Rioja y Grupo de Apoyo – Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de familiares de desaparecidos y ex presos políticos de Sgo. del Estero – Asociación civil de ddhh “Casa de la Memoria” – Catamarca – Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos – Jujuy – APDH Nacional – Colectivo Mario Bosch de Abogadxs querellantes en causas por delitos de Lesa Humanidad – H.I.J.O.S. Jujuy – H.I.J.O.S. Santiago del Estero – H.I.J.O.S. Salta – H.I.J.O.S. Chaco – H.I.J.O.S. Capital – H.I.J.O.S. Lomas de Zamora – H.I.J.O.S. Necochea – H.I.J.O.S. Lanús – H.I.J.O.S. Escobar Campana Zarate – H.I.J.O.S. San Vicente – H.I.J.O.S. Presidente Perón – H.I.J.O.S. La Matanza – H.I.J.O.S. Bahía Blanca – APDH Regional Jujuy – APDH La Plata – Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte – LiberPueblo –

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