Redacción Canal Abierto | En una nueva entrega del ciclo Hacia un nuevo paradigma: democratizar para alcanzar la igualdad urbana, se abrió la discusión sobre las problemáticas que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires.

De la charla Mercantilizar la vida: el negocio del agua y el hambre, organizada por Unidad Popular, participaron la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria; Pablo Spataro, secretario general de la CTA-A capital; y Paula Penacca, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La coordinación estuvo a cargo del director del Banco Nación, Claudio Lozano.

Este ciclo empezó discutiendo una propuesta concreta de renta universal como modo de plantear una estrategia de intervención para transitar y para salir de la pandemia. En segundo lugar, se trató la cuestión de la Ciudad al desborde en materia habitacional y la emergencia sanitaria.

En esta oportunidad, Mercantilizar la vida plantea la discusión sobre el negocio del hambre y del agua en la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, Lozano explicó: “Plantear un debate sobre el modelo de ciudad va bastante más allá de simplemente discutir algunas modificaciones en la estrategia presupuestaria. Significa pensar una orientación distinta que ponga a través de distintos mecanismos de intervención de regulación pública le ponga límites al capital financiero, inmobiliario y comercial que una y otra vez pasa por encima del desarrollo del espacio público y del bien común”.

Al mismo tiempo informó: “En los últimos datos la indigencia salta de un 6,5% de finales de 2019 al 15,7%. Son 482.000 personas bajo la línea de indigencia que es la línea del hambre. Al mismo tiempo la pobreza también salta del 22%al 37,5% en el mismo período. Es un millón de personas bajo la línea de la pobreza. En este contexto hay más de 400.000 personas de los barrios populares que no acceden al suministro de agua segura y sabemos que, antes de la pandemia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba asistiendo alimentariamente a 110.000 personas en la ciudad. Es decir que en aquel momento se estaba asistiendo a poco más de la mitad de las personas con hambre”.

Por su parte, Koutsovitis realizó un repaso sobre las condiciones sanitarias en las que se encuentra el territorio porteño, sobre todo en materia de acceso a servicios esenciales como el agua potable. “Las epidemias de 1870 dieron lugar a la creación de los primeros sistemas sanitarios en la Ciudad de Buenos Aires. 140 años después, a nivel nacional, más de 4 millones de ciudadanos y ciudadanas no acceden formalmente al agua potable. En la Ciudad, 1 de cada 7 habitantes no lo hacen”, describió la ingeniera.

El costo que tiene esta deuda con los ciudadanos de las comunas más afectadas por la falta de servicios esenciales asciende a US$10.100 millones para lograr la igualdad de condiciones de acceso al agua potable. Esto se divide en: US$3.600 millones para ejecutar las redes de agua y cloaca; US$3.500 millones para ejecutar los sistemas de tratamiento y potabilización; y US$3.000 millones para ejecutar las instalaciones internas domiciliarias para garantizar en cada hogar un tanque, dos canillas y un inodoro.

A su turno, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Paula Penacca, expresó: “El proyecto político del macrismo, donde hay una necesidad construye un negocio, ve la oportunidad de profundizar la desigualdad. Es desigualdad, en nuestra Ciudad se visibiliza en un desacople entre el sur y el norte del territorio, porque cuando se trata de elegir en donde invertir el dinero de todos los porteños y porteñas el gobierno de la Ciudad prefiere mejorar las condiciones de vida de los vecinos del norte en detrimento de las condiciones de vida de los del sur”.

Al mismo tiempo remarcó que, en el contexto de pandemia, “el macrismo en la Ciudad ha definido que sólo tiene derecho a vivir allí aquel que pueda pagarlo, porque ha retirado al Estado como garante del acceso a esas condiciones de vida digna que están presentes en nuestro ideario como proyecto político pero también en la Constitución de la Nación y en la de la Ciudad”.

En tanto, el secretario general de la CTA-A Capital, destacó: “Cuando me convocan para hablar del hambre, lo primero que se me cruza por la cabeza es la frase de Alberto Morlachetti que dice que es inexplicable que haya hambre en un país hecho de pan, un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Sin dudas que la limitada capacidad del Estado para poder intervenir en la producción, en la distribución y en el consumo de alimentos y el avance de las empresas multinacionales en determinar qué se produce, cómo se producen los alimentos y para quiénes pueden explicar esta realidad de que haya hambre en un país que está hecho de pan”.

En este sentido, Spataro comentó también que Tanto la CTA-A, como la Federación Nacional Territorial (FeNaT), Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Federación de Organizaciones de Base (FOB), encararon desde hace tres meses la campaña Somos Esenciales, que apunta al reconocimiento de las tareas de quienes sostienen la economía popular y la asistencia en los barrios populares porteños.

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Según los datos del propio gobierno porteño, en este contexto de pandemia, donde la situación se ha agravado, pasan 258.174 personas por los 470 espacios comunitarios que hoy garantizan la comida para esas familias. “Casi el 10% de la población tiene que concurrir a esos espacios para no pasar hambre y hay que decir que esos espacios son sostenidos fundamentalmente por las organizaciones populares. Eso es lo que ha visibilizado también la pandemia, el rol fundamental de las organizaciones populares que están en la primera línea haciéndose cargo de la multiplicidad de problemas que atraviesan estos hogares”, finalizó Spataro.

 

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