Redacción Canal Abierto | Luis Tedesco se desempeñaba como vendedor del sector electrodomésticos en la sucursal 129 de la empresa Coto, en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Su empleador lo obligó a romper el aislamiento que le habían dispuesto en la obra social tras hisoparlo por haber estado en contacto con un compañero que contrajo Covid-19, pero cuando se presentó a trabajar no le permitieron el ingreso. Liliana Olivetto, gerenta de recursos humanos, le dijo que estaba despedido y que se retirara.

Al intimar por vía legal le respondieron, quince días después, que se presente a trabajar porque estaba haciendo abandono de tareas. Cuando concurrió por segunda vez, el Jefe de Operaciones de Coto, Luis Fernández, y un tercerizado de seguridad de la empresa Lince lo sacaron a golpes. 

El gremio del sector, el Sindicato de Comercio (SEC) -seccional San Martín- se mantuvo al margen, y las cuatro delegadas del gremio en la sucursal se pusieron del lado de la empresa.

Esta situación de indefensión y arbitrariedades es a la que están sometidos la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de comercio de supermercados y grandes superficies en el marco de la pandemia, y de las sucesivas situaciones de aislamiento social y distanciamiento social preventivos obligatorios.

“Nosotros cuando pasó el caso 400 dejamos de hacer el seguimiento exhaustivo porque el problema más grave que existe es el incumplimiento de las ART. Las ART se niegan a recibir los casos de COVID hasta que no esté confirmado por un certificado médico de la obra social”, sostiene Gustavo Córdoba, secretario General del Sindicato Joven CIS (Comercio, Industria, Servicios) – CTA Autónoma, en diálogo con Canal Abierto.

Gustavo Córdoba, secretario General del Sindicato Joven CIS-CTA

“Hay un abandono de persona y un incumplimiento de las obligaciones por parte de las ART. Queda en manos del hospital público o de la obra social, que depende los arreglos del sindicato con las cámaras empresarias, hacen que se demore el resultado de los análisis para ganarle tiempo al aislamiento de los contactos estrechos. El resultado puede estar a las horas pero los demoran dos, tres, hasta 10 días. Cuando confirman un caso ya pasaron 10 días, con ese nivel de irresponsabilidad se manejó la situación de los trabajadores”, sostiene Córdoba.

“Si vos hacés un cumpleaños y te reunís con cinco personas, te cae la policía, te hace un allanamiento, te tira abajo la puerta porque podés estar propagando la pandemia. Pero si hay un caso confirmado de un trabajador que estuvo en contacto con otras 20 o 30 personas, aplican todas las excusas para desestimar que se tienen que aislar los trabajadores. Hay un doble estándar”, señala el dirigente de este gremio, relativamente nuevo, que da su lucha en sectores de trabajo poco representados como lo son los repositores de supermercados, los trabajadores de maestranza y otras áreas de servicios y comercio, o disputándole terreno a gremios pro-patronales como en el caso del SEC.

Mala leche

Otro caso que destacan desde el CIS-CTA es el de la empresa Usina Láctea. Allí, un trabajador que tenía todos los síntomas de COVID-19 fue a la obra social y le diagnosticaron neumonía. Un par de días después saltó la verdad: era COVID y terminaron con contagios masivos en ese lugar de trabajo.

“Luego de esta situación intervenimos como CIS y la empresa aisló a la totalidad del personal. Se cerró el lugar un par de días. Esto se pudo hacer porque nuestra compañera Gladys Auce, delegada de Género del CIS del área Metropolitana, trabaja allí y denunció la situación y presionamos a la patronal. Así demostramos la importancia del rol de los sindicatos cuando están presentes”, describe Córdoba.

Volviendo a la empresa de supermercados que “conocemos”, los primeros contagios en Coto se dieron en los cadetes que hacían envíos a domicilio en la zona de Palermo. “5 o 6 cadetes se contagiaron. La empresa, a los contactos estrechos, los trasladó a otras sucursales, no aisló a nadie, solo a los casos confirmados. Algunos fueron a la sucursal Retiro donde se produjo un contagio y cómo resultado de ello murió la esposa de un trabajador. Otros cadetes fueron a Quilmes y a la zona Oeste y así se propagó el contagio masivo en la empresa”, narra Córdoba.

“El criterio de las empresas es que si muere un trabajador lo va a pagar la ART porque es una enfermedad profesional. Mientras tanto, si no tenés el certificado de positivo no te atiende la ART. La obra social te dice: si tenés los síntomas quedate en tu casa, pero te descuentan los días. El trabajador tiene que elegir entre cuidar su salud o los descuentos salariales y los sindicatos tradicionales no intervienen”.

Los trabajadores muchas veces esperan a que sea la empresa la que los aísle, pero suele ser como pedirle al lobo que duerma a las gallinas. “El derecho y la obligación de aislarse es del trabajador; si tuviste contacto estrecho con una persona contagiada o de un contacto estrecho de esa persona te tenés que aislar porque así lo establece el decreto presidencial. Si no, estás propagando e incurrís en un delito”, describe Córdoba la situación de los trabajadores. “El Estado no acompaña de ninguna manera al trabajador para que pueda defenderse de la arbitrariedad patronal”.

“En el caso del Chango Más de Malvinas Argentinas –donde el organizador sindical del CIS es Sergio Holweger–, intercedimos denunciando un contagio y la no aplicación de protocolos y hubo una voluntad política del intendente Nardini y su equipo sanitario de intervenir. Pero la regla suele ser que dejan en manos de las empresas la aplicación de los protocolos cuando es un derecho de los trabajadores y una responsabilidad del Estado. Pero en las empresas privadas no se mete nadie. Mucho menos los gremios pro-patronales”, concluye el secretario General del CIS-CTAA.

Según declaró un delegado sindical al diario Página|12 ya son más de 500 los contagios entre los trabajadores de la cadena de supermercados Coto y, a pesar de los reclamos, la aplicación de protocolos sanitarios y la implementación de instrumentos de cuidado adecuados están lejos de tener respuesta. La contestación de la empresa suele ser la que recibió Tedesco: aprietes y golpes en los riñones.

Esta es una muestra del comportamiento de las patronales en uno de los principales sectores empleadores del país, con un gremio con más de 1.200.000 afiliados que no acciona en su defensa pero que, con la firma de Armando Cavalieri, cerró en mayo un convenio de reducción de salarios al 75% para aquellos empleados sin tareas debido al ASPO.

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