Redacción Canal Abierto | El gobierno bonaerense convocó a una mesa de diálogo en torno al conflicto desatado en Guernica a partir de la ocupación de tierras de más de dos mil familias. Delegados de los ocupantes se reunieron con representantes de distintas áreas de la administración provincial, mientras sigue corriendo la cuenta regresiva para el desalojo ordenado por el juez Juan Martín Rizzo que debería ser concretado entre el 23 y el 25 de septiembre.

Por parte del gobierno, hubo representantes de los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Llamó la atención la ausencia de interlocutores de la Municipalidad de Presidente Perón, que mantuvieron una reunión previa con los delegados provinciales.

“Fue una reunión bastante extensa. No participó el municipio, que se reunió antes. Las cosas estaban enrarecidas a la mañana por las declaraciones de la intendenta Blanca Cantero sobre que no había ninguna posibilidad de ninguna gestión. Quería usar el poder de policía arrogándose un montón de situaciones bastante complicadas para los compañeros y compañeras que están adentro de la toma”, narró a Canal Abierto Alejandro Ignaszewski, responsable territorial de la OLP Resistir y Luchar.

Horas previas a la reunión la jefa municipal de Presidente Perón, Blanca Cantero había manifestado que “el que vino a tomar sabía que estaba tomando un lugar privado, acá no hay inocentes”. También saludó la resolución de Rizzo sosteniendo que “no hay nada que negociar porque hay orden de desalojo”.

Esta situación no cambió a partir de la instancia de diálogo abierta ayer. Sólo se planteó la necesidad de realizar un censo a las familias que se encuentran en el lugar. El mismo será desarrollado por la Facultad de Trabajo Social de la UNLP con participación de las organizaciones y los ministerios. “Va a ser un censo bastante completo a partir del cual vamos a tener un panorama más amplio de la situación real que tenemos adentro de esta toma”, planteó Ignaszewski.

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Con respecto a la situación judicial, recordó que “el juez Rizzo hizo público por un escrito que recibió la Gremial de Abogadxs, que el 21 cita a todas las partes para ver en qué vamos y como estamos construyendo instancias de diálogo. Será una reunión virtual porque él tiene estipulado 23, 24 y 25 desalojar la toma”.

“Hubo de una resolución aceleradísima de la Cámara sin haber detenidos ni nada. Asombra el poder político que tuvo la Cámara para mandar nuevamente a primera instancia el desalojo sin mediar en un montón de cuestiones. Inclusive no basándose en el protocolo que tiene la Corte Suprema de la provincia para estos temas. Me parece que la reunión de los 13 intendentes de la 3ª sección impulsó esto por la feroz interna que tiene el gobierno provincial”, agregó.

El gobierno provincial no tiró nada arriba de la mesa más que lo del censo. Ayer se labró un acta de primera mesa de diálogo que nosotros entendimos que era una mesa para el desalojo y no para solucionar nuestro problema. Hoy acercaron al territorio algo de comida, agua. Todo eso lo veníamos sosteniendo las organizaciones con lo que tenemos. Hasta habíamos llevado médicos al lugar. Estamos contribuyendo en todo lo que sea necesario para que no se desmadre la situación que están atravesando los cientos de familias que están ahí adentro”, concluyó el referente territorial.

 

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