Canal Abierto Radio | El censo era uno de los reclamos de los vecinos y vecinas, y de las organizaciones sociales, para poder elaborar un plan de contingencia ante el inminente desalojo que ordenó la Justicia. Lorena Ojea del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, subrayó que “se avanzó muy poco” porque han aparecido limitaciones y problemas, aunque se disipan “en el momento de empezar a caminar”.

Hay cosas no vinieron muy armadas ni tampoco las personas que censaron tenían mucha idea de con lo que se iban a encontrar, porque vienen con un diseño de manzana y acá es un poco más anárquico como está organizado” indicó.

“Parte de lo que va a arrojar ese censo se lo tienen que llevar al Juez en la audiencia del Lunes, más posiblemente el armado de un plan de contingencia que tiene que ver con ver de qué manera se van a dejar esos terrenos pero viabilizando algún tipo de solución a la problemática habitacional que tienen estas familias”.

Ojea advirtió que fueron menos censistas de lo que esperaban, pero que al recorrido se sumaron vecinos, vecinas, los delegados de los barrios y las organizaciones sociales, para garantizar el mejor trabajo posible. En imágenes, la Provincia registró unas 2127 casillas y ranchos, pero en particular, en algunas de ellas hay más gente habitando, lo que daría un número cercano a 2500 familias.

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Anteriormente, convocada por el municipio, la policía realizó un censo y le llevaron la información al fiscal, que imputó a 533 personas por usurpación de terrenos. El censo convocado actualmente, prestará especial atención a las cuestiones económicas y a la imposibilidad de sostener un alquiler de los vecinos y vecinas. “Para la gente que ya está en situación de calle es urgente y ya la solución de donde ir a vivir si no pueden estar acá” explicó Ojea. La Provincia no ha realizado promesas concretas, aunque sí funciona, no sin demoras, la mesa de diálogo.

“Venimos hace más de 20 días trabajando en las asambleas con las familias y aparecían desconfianzas. No es para menos. Eso, sumado a las declaraciones de algunos políticos como (Sergio) Massa, que dijo que les va a sacar el IFE, o la AUH a las personas que tomen tierras, todo eso genera miedo en estas familias que lo poco que tienen amenazan de sacárselo. En estos pocos días que nos dejaron de margen para laburar algo, el tema de dar el documento, lo tuvimos que desarmar nosotros con la palabra de Provincia de que esos datos no van a ser utilizados para otra cosa que no sea para resolver el problema”.

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