Redacción Canal Abierto | La pandemia trajo consecuencias de toda índole, sobre todo en la salud y en la economía. Y la profesión odontológica sufrió ambas.

Tratamientos discontinuados, encarecimiento de las prestaciones y dificultades para atender y atenderse son las aristas más filosas de la problemática por la que atraviesan tanto odontólogos como pacientes desde que la pandemia de coronavirus empujó al aislamiento social y a los protocolos estrictos.

“A los pacientes con sospecha de tener COVID-19 no los podemos atender en consultorio privado, los tenemos que derivar a un hospital o a alguna institución de carácter público. Solamente podemos atender pacientes sin sospechas de COVID-19. Pero a todos los debemos considerar como posibles infectados porque hay muchos casos asintomáticos. Nuestro problema es que de esto se agarran las obras sociales para no permitir facturar nada que no sea urgencias. Entonces, muchos profesionales no pueden atender a sus pacientes”, explica Marcelo Quiroz, secretario general del Gremio Odontológico Argentino en diálogo con Canal Abierto.

Y agrega: “El que tiene una obra social no quiere pagar aparte un tratamiento y espera hasta que todo esto pase para poder atenderse. Así se deja estar. Algunas de las prepagas están permitiendo que se facturen algunos tratamientos, pero la gran mayoría no lo hace”.

 

El “Protocolo COVID”

Con el comienzo de la cuarentena, el Ministerio de Salud de la Nación -con el asesoramiento de la Asociación Odontológica Argentina y la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires- elaboró un protocolo que en rigor son dos: uno para atención odontológica de pacientes con sospecha de estar infectados de coronavirus, y otro para aquellos sin sospecha. Y estableció que se podían atender solamente urgencias y algunas prácticas de carácter preventivo.

Desde el gremio  piden que estos protocolos se unifiquen, ya que los dentistas deben tomar iguales recaudos con todos los enfermos. Pero, al no estar regulados por el Ministerio, las obras sociales y prepagas no se hacen cargo de los gastos que las medidas preventivas insumen.

“Según el protocolo ministerial, a los pacientes que no tienen sospechas de COVID no se los debe proteger con el equipo de protección personal. Pero esto es un riesgo: hay que ponerles el equipo de protección a todos para cuidarnos nosotros y cuidar a los pacientes. Como esto no lo contemplan las obras sociales, no lo cubren”, relata el dirigente del GOA/CTA-A.

El equipo de protección para el paciente consiste en camisolín, cofia, barbijo y botas descartables. Más un equipo similar para el profesional que además debe contar con un mameluco lavable, hidrorepelente, y máscara de protección. El que tiene asistente usa otro equipo equivalente para él.

También hay un protocolo previo a que el paciente ingrese al consultorio que incluye una desinfección más rigurosa que la que se realizaba antes de la pandemia. Además, debe existir una hora y media entre los turnos de los pacientes.

El cálculo aproximado que hicieron las entidades odontológicas del equipo y material descartable de protección y los elementos de desinfección se estableció entre 1500 y 2500 pesos, dependiendo de que el dentista tenga o no un asistente. Hoy por hoy, la obra social que más reintegro ofrece para costear el denominado “Protocolo COVID” paga entre 800 y 1000 pesos. Como consecuencia, la diferencia se está dividiendo entre el paciente y el profesional.

“Los que atienden pacientes particulares muchas veces optan por incluir el costo del protocolo en el tratamiento, pero quienes trabajan con obras sociales y prepagas no tienen forma de recuperar el dinero”, finaliza Quiroz.

 

Problemas pre-pandemia

Si bien los referentes del gremio de los dentistas tuvieron una reunión hace tiempo con el viceministro de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, la sumatoria de dificultades acarreadas por la pandemia para el ejercicio de la profesión hicieron que estén pidiendo una nueva audiencia.

En ella planean pedir la unificación del protocolo para pacientes con y sin sospechas de haber contraído el virus, y que se abra la atención a los tratamientos que no impliquen generación de saliva (aquellos donde no se utilizan instrumentos rotatorios).

Por otro lado, también están intentando abrir un canal de diálogo con prepagas y obras sociales para actualizar los costos de las prestaciones que hoy por hoy apenas son cubiertas por esas entidades en un 20%. Con un 80% de los costos de la profesión dolarizados, por tratarse de insumos importados, los odontólogos imaginan que la situación tenderá a empeorar.

Con anterioridad al aislamiento, desde el gremio impulsaron la Ley Arancelaria que establecía un acuerdo sobre aranceles mínimos a partir de los cuales se pueda negociar reembolsos con obras sociales y prepagas. La misma continúa en espera, pandemia mediante.

Además reclaman que la profesión sea declarada de riesgo, con los beneficios salariales, de seguro de vida y jubilación anticipada que eso significa.

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