Redacción Canal Abierto | Según datos aportados por la Supervisión de Salud Adolescente de Salta, a cargo de Ileana Fernández, en la primera mitad del año por lo menos 122 niñas y adolescentes menores de 15 años transitaron un embarazo.

Para Fernández, el número puede ser mayor ya que aún quedan hospitales que no han informado sus números, como los hospitales Materno Infantil y Papa Francisco, de Salta capital. La situación es alarmante y se agrava significativamente con el paso del tiempo.

El sector de Salud Adolescente sistematiza los datos de embarazos de niñas y adolescentes hasta los 15 años, que es la etapa más cercana a la niñez y en la que se considera que hay mucha más vulnerabilidad. Esta área se creó hace cinco años a partir de una propuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En 2019, el informe realizado en conjunto por la Secretaría de Salud de la Nación y Unicef dio cuenta que en Argentina nacen 258 bebés por año producto de embarazos adolescentes, y el 18,3% de esos corresponden a niñas y adolescentes madres del NOA.

Los casos de niñas madres parecen ser naturalizados en provincias como Salta, donde la Educación Sexual Integral con perspectiva de género en todos los niveles educativos y la adhesión provincial al nuevo protocolo nacional de ILE parecen estar muy lejos de concretarse.

En Salta existen alrededor de 15 agentes de salud pertenecientes a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir que acompañan a estas niñas y adolescentes en estas situaciones de embarazos no deseados, en su mayoría luego de haber sufrido abusos sexuales. Además, según informan las psicólogas de la Red, la gran mayoría se ven impedidas de entregar la medicación correspondiente.

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Entre los cambios más destacados del nuevo protocolo ILE se establece que el procedimiento debe concretarse en un plazo máximo de 10 días. En el caso de niñas y adolescentes, el equipo sanitario debe brindar información completa sobre el derecho con un lenguaje accesible. Además, de su realización inmediata y sin judicialización en caso de continuar con el procedimiento.

Sin embargo, a comienzos de septiembre trascendió en Salta el caso de una niña de 12 años, víctima de violación a la que se negó su acceso a la interrupción legal del embarazo en la localidad de Las Lajitas.

¿Por qué es necesaria la IVE?

Hace poco, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación informó que a nivel nacional durante mayo y junio de este año recibieron un total de 1.877 consultas vinculadas a la ILE, mientras que 89 fueron relacionadas a métodos anticonceptivos. Esto representó más de un 90% de pedidos de asesoramiento sobre la interrupción legal del embarazo, lo que significa un pico histórico a 10 años de su creación.

Cada tres horas, en Argentina, una nena de entre 10 y 15 años entra a una sala de parto. Según la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, el embarazo en niñas o adolescentes menores de 15 años expresa una multiplicidad de vulneraciones y carencias en el respeto de los derechos humanos y en la vigencia de políticas públicas –en especial de salud y equidad de género- e implica una conjunción de serios riesgos bio-psico-sociales: “puede considerarse uno de los problemas de salud pública más complejos y dramáticos que reciben nula o mínima atención”.

Muchos de estos embarazos son producto de violencia sexual ejercida por integrantes de la familia o del entorno cercano bajo distintas formas de coerción que abarcan desde la imposición forzada hasta las amenazas, abuso de poder y otras formas de presión, se destaca en el informe del Ministerio de Salud de la Nación.

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