Redacción Canal Abierto | El legislador porteño Santiago Roberto (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para crear una Oficina Anticorrupción en la Ciudad de Buenos Aires “con el fin de fomentar una mayor transparencia y combatir los hechos de corrupción en el manejo de los fondos públicos”.

El organismo -en caso de prosperar en una Legislatura donde Juntos por el Cambio cuenta con mayoría- podrá recibir denuncias que hicieran particulares, funcionarios y empleados públicos; investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia los hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito o irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos; a su vez podrá recomendar la suspensión preventiva de los agentes denunciados, cuando su permanencia en el cargo o en las funciones pudiera resultar contraproducente a los fines de la investigación; entre otras cuestiones.

Asimismo, la iniciativa dispone que la oficina esté conducida por un representante designado por la Legislatura de la Ciudad, a propuesta de la primera minoría opositora, quien ejercerá el cargo por cinco años, con la posibilidad de reelección por una única vez. “Con el presupuesto per capita que tiene la Ciudad, es necesaria una oficina anticorrupción que esté presidida por la oposición que controle a todas las oficinas administrativas de los tres poderes y a organismos descentralizados”, señaló Roberto a Canal Abierto.

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Ante la pregunta sobre qué casos sospechosos de corrupción o de malversación de fondos hubieran caído en esta oficina, el legislador enumeró: “desde que comenzó la pandemia, la compra de barbijos y las canastas escolares, o bien la contratación de hoteles para quienes tuvieron que aislarse; pero si miramos más atrás en el tiempo tenemos muchísimos ejemplos, como las obras del Paseo del Bajo, la venta de terrenos públicos a precios ridículos o la construcción de la Villa Olímpica. Hay un manto de protección mediática muy grande, pero donde pones la mira o escarbas un poco encontras múltiples irregularidades en las adjudicaciones o sobreprecios”.

Roberto ya había presentado este proyecto en la Legislatura hace dos años pero el mismo perdió estado parlamentario ante los sucesivos impedimentos del oficialismo de darle tratamiento legislativo. «La Ciudad necesita mecanismos institucionales y normas que regulen el comportamiento de funcionarios, funcionarias y empleados de la administración pública con el objetivo de garantizar transparencia y cuidar los intereses públicos», aseguró el legislador. «La importancia de que el nuevo organismo cuente con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera».

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¿Por qué hasta ahora no prosperó el proyecto?

“La Legislatura porteña tiene una mayoría abrumadora de Juntos por el Cambio, y son ellos quienes digitan las agendas de todas las comisiones, qué se trata y qué no. Si bien hubo otros proyectos similares del radicalismo y la Coalición Cívica, desde el oficialismo nunca abrieron la posibilidad al debate para consensuar un proyecto en común”, apuntó Roberto.

Desde el Ejecutivo que conduce Rodríguez Larreta plantearon la voluntad de avanzar en una alternativa al proyecto opositor, la Oficina de Integridad Pública. Más allá del título en cuestión, el debate hoy por hoy gira en torno al mecanismo de designación de autoridades y sus competencias.

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