Por Mariano Vázquez | El 25 de octubre Chile acudirá a las urnas en un plebiscito histórico, una herramienta que no se utilizaba dese el 5 de octubre de 1988 cuando el pueblo le dijo al dictador Augusto Pinochet que no podía seguir en el poder. Por primera vez el país trasandino podrá decidir si quiere o no una nueva Constitución.

El ciclo de protestas, que se inició el 18 de octubre de 2019, cuando los estudiantes secundarios salieron a las calles en rechazo al aumento del boleto de metro (subte) con la consigna “No son 30 pesos, son 30 años” de políticas neoliberales, se masificó de tal forma que la refundación del país está a la vuelta de la esquina. La cruenta represión gatilló la solidaridad popular y derivó en masivas marchas que sorprendieron a la clase política. Más de 30 personas fueron asesinadas, 460 tuvieron trauma ocular y se presentaron 2.499 querellas contra las fuerzas de seguridad, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sin embargo, nada detuvo la marea social.

Este domingo un nuevo plebiscito decidirá si la Constitución de 1980, que Pinochet dejó amañada para que el neoliberalismo sea religión oficial y la derecha pueda vetar cualquier intento de cambio social, sigue vigente o no. La burbuja chilena explotó para mostrar sin filtros la cruda realidad de una sociedad endeudada para subsistir. Casi 15 millones de personas están habilitadas para responder “apruebo” o “rechazo”.

Las encuestas descuentan la victoria del “Apruebo” por márgenes superiores al 80%. Se elegirá dentro de esta opción por dos mecanismos: Convención Mixta (mitad miembros del actual Congreso, mitad electos por la ciudadanía) o Convención Constitucional (100% elegidos por el pueblo), que se erige en la opción mayoritaria.

 

Represión estatal

Entre el 6 y el 11 de noviembre un conjunto de organizaciones veedoras se trasladaron a Chile para reportar las violaciones generalizadas a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, exacerbado por el estado de excepción dictado por el presidente Sebastián Piñera.

La Misión, integrada por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Perú Equidad, la Alianza Global contra la Incineración de Basura (GAIA), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-Autónoma), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), denunció “violaciones generalizadas de derechos humanos, producto de una política estatal de represión en todo el país”.

Estableció que “las fuerzas de seguridad, en particular Carabineros de Chile, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza con la intención de castigar y aleccionar a les manifestantes”.

También corroboró “al menos cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes estatales y cientos de casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de la detención y en las comisarías, casos de violencia sexual y violación en condiciones de privación de libertad, miles de personas heridas por el uso abusivo de la fuerza menos letal en el contexto de las reuniones públicas y otras miles de personas detenidas por las fuerzas de manera arbitraria, a lo que se suma una innumerable cantidad de personas afectadas en sus derechos a la reunión y la protesta social”.

Estos acontecimientos ocurrieron, inicialmente, en el contexto del dictado de un estado de excepción el 18 de octubre, acompañado de medidas de toque de queda. El 21 de octubre, en un discurso realizado en cadena nacional, el presidente de Chile declaró: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”.

Esta declaración irresponsable y temeraria del primer mandatario multiplicó la violencia de los agentes estatales, pero no pudo detener la masividad de las manifestaciones. Al respecto, la Misión concluyó que “la situación de las violaciones a los derechos humanos en Chile no puede ser entendida sin tener en cuenta las decisiones políticas que la provocaron”.

 

Un año después

A un año del estallido social y a las puertas del plebiscito por una nueva Constitución, las organizaciones de Derechos Humanos que participaron de Misión Internacional de Observación a Chile difundieron una declaración en la que expresaron su “preocupación por la persistencia de situaciones violatorias a los derechos humanos en el país” y solicitaron que este domingo se brinden “todas las garantías de un proceso electoral democrático”.

Señalaron que “las manifestaciones sociales de 2019 fueron el reflejo de un descontento de la población hacia las autoridades políticas, los poderes del Estado y prácticas de quienes detentan los espacios de poder, que fue creciendo paulatinamente desde el retorno de la democracia” y que la vigencia de una institucionalidad impuesta por la dictadura cívico militar limita “el ejercicio de importantes derechos humanos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales a pesar de sus innumerables reformas, y ha generado una sociedad profundamente desigual, y por lo mismo dividida; estuvo en el origen del estallido social y del actual escenario político y social que vive Chile”.

La Misión constató que “el actuar abusivo de Carabineros de Chile, lejos de disminuir se ha agudizado, desde el estallido social. Las imágenes de un niño lanzado al río Mapocho, desde una altura de siete metros por parte de un Carabinero; el impacto del chorro del carro lanza aguas a una persona con discapacidad física o la represión a las manifestaciones del 12 de octubre, dan cuenta de que las autoridades siguen sin adoptar medidas para poner término a estas graves violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes policiales del Estado”.

Subrayaron que “el acuerdo para una Nueva Constitución y su itinerario, al que los partidos políticos tuvieron que llegar a instancias de la ciudadanía movilizada y la posibilidad de redactar una Nueva Constitución Política, puede constituirse en una oportunidad histórica para el inicio de la construcción de las bases de un país donde la promoción y protección de los derechos humanos constituyen el fundamento de una democracia inclusiva en la que todas y todos nos sentimos parte”.

Sin embargo, aseveraron que “el proceso constituyente en desarrollo aún adolece de limitaciones desde la perspectiva democrática y de derechos humanos”, ya que no hay mecanismo que aseguren “la participación de los pueblos originarios o la elección de las personas independientes, en igualdad de condiciones”, por lo que rechazaron que el proceso eleccionario del 25 de octubre, “con la trascendencia que tendrá para las actuales y futuras generaciones sean bajo un estado de excepción regulado por una Constitución redactada durante una dictadura cívico-militar”.

Por último, la Misión sostuvo que “la superación de la crisis política y social que ha vivido Chile manifestada en el estallido social y que se ha prolongado hasta ahora solo será posible a través de la generación de una Nueva Constitución que permita construir una nueva institucionalidad, inclusiva e intercultural, cimentada en los derechos humanos que nos asisten como personas y como pueblos”.

El domingo, por lo tanto, se inicia un camino inédito en Chile que puede dar paso a la redacción de una nueva y revitalizada Carta Magna construida por el amplio tejido social arbitrariamente excluido durante más de cuatro décadas.

 

Por Mariano Vázquez @marianovazkez

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