Redacción Canal Abierto | En Argentina, los impactos sociales y económicos de la pandemia de COVID-19 profundizaron la situación de vulnerabilidad social que el país ya atravesaba. De hecho, en el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 40,9% de la población, según datos de INDEC. Esto significa que entre 2019 y 2020, ingresaron a la pobreza 2,5 millones de personas.

Con la mira puesta en mitigar dicho impacto, el Gobierno avanzó en una serie de acciones y transferencias monetarias que llevaron el déficit fiscal primario a 4,2 puntos del PBI acumulados entre enero y agosto.

En concreto, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) representaron, en los meses de mayo, junio, julio y agosto, $ 323.750 millones. De todos modos, se calcula que entre subsidios e inversiones, el Estado argentino va a terminar desembolsando una cifra más abultada aún: $ 870.000 millones.

Frente a este escenario, a principios de abril Alberto Fernández había desafiado a los grupos económicos concentrados y grandes empresarios: “les tocó la hora de ganar menos”.

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“Tal vez en este momento los que más tienen podrían apoyarnos un poco más al resto de los argentinos, pero es un tema que debe resolver el Congreso”, planteaba el Presidente en una entrevista al canal TN, del Grupo Clarín.

Fue entonces que empezó a ganar fuerza el proyecto de “aporte solidario” de las grandes fortunas, un gravamen por única vez que alcanzaría -según cálculos de la AFIP- a aproximadamente 9.300 personas con bienes personales declarados por encima de $ 200 millones. En definitiva, según las proyecciones, afectaría apenas al 0,02% de la población de la Argentina.

Los datos, lógicamente, excluyen la parte “negra” que esos millonarios no declaran y las fortunas que muchos otros ocultan.

Un aporte con banca en las calles

Desde numerosos espacios del sindicalismo y las organizaciones sociales se apuraron a respaldar la propuesta oficial. El sector que más desarrollo dio al tema fue el de los estatales de ATE y la CTA-Autónoma que conducen Ricardo Peidro y Cachorro Godoy, y sus institutos de economía y análisis cuya cara visible es el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, uno de los principales impulsores de la investigación contra la cerealera Vicentín.

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Este martes, con motivo del Día de la Militancia y en paralelo a la sesión de Diputados que buscará dar media sanción al gravamen a las grandes fortunas, las más de 100 organizaciones que integran el Manifiesto por la Soberanía, la Producción y el Trabajo marcharán al Congreso en respaldo al proyecto.

Un rechazo variopinto

En la vereda de enfrente, el gran empresariado y los sectores más acaudalados del campo -entre otros, la Asociación Empresaria Argentina y la Sociedad Rural- se mantienen desde un principio abroquelados en su contundente rechazo, aduciendo el carácter supuestamente “confiscatorio” e inconstitucional del aporte. “El impuesto a las grandes fortunas solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto”, lanzó en las últimas horas el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, casi a modo de amenaza.

En una primera instancia, y como no podía ser de otra manera, el diario Clarín apostó a la confusión argumentando que se buscaba “aumentar la presión impositiva sobre la clase media, los profesionales y las empresas que intenten invertir”. La estrategia luego fue la de estigmatizar a los principales impulsores del proyecto, los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller. Fiel a su estilo y herencia, el centenario periódico La Nación también hizo lo imposible por denostar la iniciativa, apelando siempre al viejo fantasma del chavismo.

Pero la resistencia no fue sólo mediática: no son pocos los que señalan la corrida cambiaria que semanas atrás llevó el dólar paralelo a casi 200 pesos como un intento por doblegar el proyecto oficialista. La misma lógica opera ahora, cuando luego de varias jornadas calmas, la divisa norteamericana vuelve a estar en alza.

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Quienes también salieron en defensa de los más ricos fueron los principales dirigentes de Juntos por el Cambio. Desde el principal bloque opositor ya anticiparon que este martes, cuando el proyecto se trate en Diputados, van a votar en contra del impuesto. No obstante, y al igual que en tantas ocasiones en estos últimos cincos años, la obediencia debida y el verticalismo al interior del espacio incomoda a un sector progresista del radicalismo.

De todos modos, no se descarta que unos pocos legisladores de la coalición de derecha peguen el faltazo o terminen votando por la afirmativa. Algo similar se espera que ocurra en el Senado, donde suelen pesar más los acuerdos o intereses provinciales que la identidad partidaria.

Entre las posturas más disonantes se encuentra la de los diputados del Frente de Izquierda (FIT), Nicolás Del Caño y Romina del Plá, quienes se abstendrán en la votación. Para el candidato a la presidencia en 2015, “un impuesto a las grandes fortunas no puede ser utilizado para cubrir el ajuste del Fondo Monetario Internacional”.

Sobre esto último, resulta llamativa la coincidencia entre las apreciaciones del FIT y las recientes declaraciones del presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri: “el Gobierno está ajustando, y son culposos. Procuran mantener un relato inconsistente y lo hacen en forma inequitativa, cuando el agua estaba casi al borde de meterse en el barco”.

El impuesto, en números

El proyecto impone un aporte por única vez a las personas cuyo patrimonio haya sido mayor a 200 millones de pesos al último 31 de diciembre (3,15 millones de dólares a esa fecha, 2,53 millones a la cotización oficial actual), el equivalente a casi 20 departamentos de dos ambientes en algún barrio porteño.

Se calcula que la recaudación del aporte extraordinario podría alcanzar los $307 mil millones. Según las proyecciones del proyecto de Presupuesto 2021, representaría alrededor de 1 punto porcentual del PIB. El monto equivale al 80% del presupuesto del Ministerio de Educación para el año próximo, a dos veces el presupuesto del Ministerio de Salud y cincuenta y dos veces el presupuesto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Si hubiese formado parte del presupuesto 2020, habría alcanzado para cubrir 2,5 millones de Ingresos Familiares de Emergencia durante doce meses.

Una sesión, otras yerbas

En la sesión de este martes el oficialismo también propone debatir también proyectos vinculados a temas ambientales. Entre ellos figura el que modifica la ley de fuego, el cual impide la utilización comercial de tierras que hayan sido víctimas de incendios forestales. La oposición de Juntos por el Cambio también rechaza la iniciativa. Además, se incluyó el proyecto de ley Yolanda, que determina la realización de capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la administración pública.

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