Redacción Canal Abierto | Históricamente, la Iglesia Católica ha impuesto sus creencias a fuerza de dilatar conquistas de derechos que -según su retrasada visión del mundo- atentan contra sus dogmas y privilegios: el voto femenino, divorcio, matrimonio igualitario, aborto y la lista continúa.

En la Argentina, no obstante, la libertad de culto está garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia católica que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del resto de iglesias y confesiones. Según el artículo dos de la Constitución, el Estado Nacional debe sostenerla, y según el Código Civil y Comercial, es jurídicamente asimilable a un ente de derecho público no estatal.

Esta imbricación entre Iglesia y Estado excede el ámbito leguleyo y muchas veces mete su cola en diversos ámbitos de la vida cotidiana: educando (o maleducando) en escuelas y universidades, informando (o desinformando) en medios de comunicación masivos, dictando sentencias en todos los niveles del Poder Judicial, justificando y alentando la actividad represiva de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura o presionando a cualquiera ciudadano que ose correrse un milímetro de su férreo dogma.

Lo mismo sucede en la arena simbólica, con la instauración oficial de figuras, monumentos y feriados con motivo de fechas religiosas. Un ejemplo es cada 8 de diciembre, día en que se conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María. “Muy poca gente sabe bien qué es lo que se festeja o recuerda, y creo que esto es deliberado”, señala Analía Mas, de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL). “No hay mucha intención de que se sepa por lo llamativo del cuento”.

Si bien esta noción estuvo presente a lo largo de toda la historia de la tradición católica, el Día de la Inmaculada Concepción se celebró por primera vez en España recién en el año 1644, y fue declarado como día festivo en 1854 por el Papa Pío IX en la carta apostólica Ineffabilis Deus. Como fecha se estableció el 8 de diciembre, por estar ubicada nueve meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre.

“El razonamiento por el cual se instaura la fecha no sólo es bastante curioso, sino que es contemporáneo y no está en ninguno de los evangelios. El planteo es que si María concibió a Jesús sin relación sexual de por medio, entonces ella tiene que haber sido concebida de la misma manera. Pero lo peor es que para Iglesia, este dogma no es una metáfora sino la justificación de una prédica que apunta a castigar el goce sexual de las mujeres y personas gestantes”, explica.

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Sin ir más lejos, la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito puso en evidencia la forma en que opera la Iglesia Católica Apostólica y Romana en la vida (y la muerte) de argentinos y argentinas.

La semana pasada, en el marco de las exposiciones en el Congreso por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embaraza, el abogado Siro Luis de Martini -profesor de derechos humanos en la UCA y ex asesor del ministro Garavano- lamentó que el tratamiento suceda justamente en estas fechas: «Nunca es un buen momento para tratar un proyecto de aborto, pero menos en vísperas de la Inmaculada Concepción de María y en un mes dónde los argentinos nos preparamos para pasar una Navidad de paz, amor y unidad».

“En el fondo, este pensamiento dogmático apunta a castigar el goce sexual de las mujeres y personas gestantes, algo que queda en evidencia cuando hoy por hoy muchos expositores anti derechos aceptan un aborto en el caso una niña violado, pero no en una adulta que queda embarazada porque le falló el método anticonceptivo”, indica Mas.

No se vive sólo de dogmas

El problema no sólo radica en el lobby y la intervención que esta institución ha hecho en relación al avance de derechos relacionados al colectivo feminista y LGBTTIQ+, sino también en el hecho de que históricamente el Estado argentino ha financiado el culto y la Iglesia católica a través de un entramado legislativo que data de la última dictadura militar.

Allá por 2018, el legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano volvió a presentar un proyecto para exigir la separación del Estado y la Iglesia en la Ciudad, y así dejar sin efecto las exenciones impositivas otorgadas a 612 instituciones religiosas y educativas exentas de pagar ABL. “Representa un 5% del ingreso total de ABL que tiene la Ciudad, a lo que habría que sumar otros beneficios para propiedades de uso privado como garajes y hasta el propio Luna Park”, afirmó en aquel entonces el legislador.

En aquel entonces, una de las audiencias por el proyecto en cuestión debió ser levantada cuando un grupo católico irrumpió en la sala a los gritos y con símbolos religiosos. “Después de la aprobación del Matrimonio Igualitaria o la Ley de Identidad de Género creímos haber alcanzado un nivel en la discusión, pero lo de ese día fue muy fuerte”, relató Analía Mas.

“El Estado argentino previó para 2018 un presupuesto de $ 176,5 millones para pagar sueldos a 140 arzobispos y obispos, 640 sacerdotes y 1200 seminaristas”, indicó la referente de CAEL, quien aclaró que -además de los sueldos- la suma real que se transfiere por otros conceptos rondaría los 40.000 millones de pesos anuales.

Esto se determina también por fondos orientados a reparación de templos católicos, que en 2015 fue de 600 millones, y los subsidios a la educación privada, que implican un 13 % del presupuesto de educación, siendo el 80 % escuelas católicas.

No caben dudas de que el temor a escraches -como el que vienen sufriendo en estos días varios diputados a favor de la legalización del aborte- o a quedar en offside con los poderes eclesiásticos no facilita la suscripción legislativa a los distintos proyectos de separación de Iglesia y Estado. “En algunos casos no pasan de comisiones, como una iniciativa para que se retiren los símbolos religiosos de los espacios públicos que el lobby logró desinflar”.

Asuntos separados

“Reclamamos la separación de las iglesias del Estado, a fin de que se respeten los distintos planes de vida. Porque solo un Estado Laico puede garantizar la libertad de conciencia y la convivencia pacífica entre la diversidad de opiniones”, indica Analía Mas, quien recuerda: “a pesar de la férrea oposición de las religiones a leyes del tales como el voto femenino, el divorcio, de matrimonio igualitario o identidad de género, hoy son derechos conquistados y que han puesto a nuestro país a la vanguardia de los Derechos Humanos”.

En el marco de la discusión por la separación de la Iglesia y el Estado, movimientos y coaliciones proponen -entre otros puntos- la revisión del carácter religioso de los feriados que coinciden con la Semana Santa de la liturgia cristiana. El objetivo es avanzar hacia un calendario laico e inclusivo como el de Uruguay, donde se celebra en esta fecha la Semana de Turismo.

Además de la República Oriental, son varios los países donde la separación de la Iglesia del Estado es -en mayor o menos medida- un hecho, entre ellos Cuba, México y Chile. El caso francés y su legislación aprobada en 1905 es quizás el modelo paradigmático de laicismo para occidente.

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