Canal Abierto Radio | En un contexto de crisis socioeconómica agravada por la pandemia del coronavirus, Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma expresó que “la caída salarial si sorprende por algo es por no haber sido aún mayor”.
En el sector privado con empleos registrados esta caída fue del 3%; y en el público, mucho mayor. “Recordemos que los salarios de los trabajadores y trabajadoras venían cayendo casi ininterrumpidamente desde fines de 2017. Cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández los salarios ya estaban en niveles muy deprimidos, en el segundo semestre con una aceleración de la inflación, mientras muchas paritarias estaban atrasadas, en revisión y renegociación”, señaló Campos.
Para el coordinador del ODS, el aumento de $4.000 a cuenta de las paritarias que se hizo al inicio del nuevo gobierno a partir de marzo hizo mucho más difícil discutir cuestiones de inflación salarial por la pandemia. Por ende, el salario del sector privado registrado en la actualidad ronda los mínimos de fines del 2019, pero en el sector público la caída es aún peor.
“Octubre fue el mes más alto de la inflación, noviembre fue un poco más baja pero todavía muy elevada, y si a eso le sumamos la liberación de algunos precios que venían estando controlados, fundamentalmente las tarifas de los servicios públicos, el combustible, todo eso va a impactar en la inflación futura y esto pone más alerta a lo que pueda pasar con el salario real”, explicó Campos.
Jubilaciones
La discusión de una nueva Ley de Movilidad Jubilatoria, motivada por la modificación del 2017 que les restó un 20% de los salarios reales, corre por la sustentabilidad del sistema previsional y los recursos que allí se destinan, más allá de la necesidad concreta de aumentar los estratos más bajos.
En este sentido, Campos refirió: “La ley que se está discutiendo en el Congreso, por lo pronto tiene un problema en términos de que no contiene ningún tipo de garantía de que las jubilaciones no van a volver a perder a costa de la inflación, y eso en un contexto donde todo parece indicar que van a seguir siendo elevados. Que no haya un piso de garantías es un problema serio”.
Campos a su vez advirtió: “Las contradicciones que se plantean en la nueva ley, ya que les va a permitir a los jubilados y jubiladas recuperar poder adquisitivo al mismo tiempo que se haría sustentable el sistema previsional en términos del control de gasto público, son dos cuestiones que es muy difícil que se den al mismo tiempo. Lo cierto es que hay un problema serio que en lo inmediato afecta a millones de jubilados que cobran la mitad de una canasta básica, y que en los últimos años perdieron mucho”.