Por Ignacio Budano * | Cuando Mauricio Macri habló de “caer en la escuela pública” puso en evidencia la cosmovisión imperante de su espacio político, pero también la de muchos comunicadores y de cierta parte de la sociedad. Para estos sectores a la escuela pública concurren solamente niñas y niños de familias que no pueden pagar la cuota de una escuela de gestión privada.

Lo cierto es que la asistencia a escuelas de gestión privada es solamente alta en provincia de Buenos Aires y CABA, alcanzando en esta última jurisdicción al 50% de los y las estudiantes. Si se desglosa por niveles, se puede observar que el número aumenta en los primeros años del nivel inicial, donde justamente es mayor la dificultad para acceder a las vacantes en instituciones públicas. Sabemos también que el porcentaje de la pobreza no alcanza a la mitad de la población en el distrito más rico del país, por lo que la concurrencia a la escuela pública es, en muchos casos, una elección y no una última opción.

Pese a todo esto, desde ciertas usinas se alienta un imaginario de lo que (no) son las escuelas de gestión estatal: instituciones en las que nunca hay clases, donde trabajan docentes con déficits de formación que no hacen otra cosa que adoctrinar a infancias inocentes. Me tocó ser testigo de la sorpresa de familias que, al pasar de una escuela privadas a otra pública por cuestiones económicas, esperaban en vano se evidenciaran estos temores. En algunos casos, a esa “desilusión” devenía una sospecha de simplemente haber sido beneficiarios de una “afortunada excepción” en un sistema con las peores características, porque de eso los habían convencido. Como afirman Emilio Tenti Fanfani y Alejandro Grimson, no hay base científica que permita afirmar que las escuelas privadas son mejores, en términos de aprendizaje, que las públicas”(1). Pero de ciertos lugares comunes es difícil salir, aún con evidencias.

Si hay algo que identifica al neoliberalismo en términos educativos es la idea de que la escuela pública debe ser simplemente un programa focalizado para grupos vulnerables. Así, la idea de la universalidad -uno de los pocos acuerdos estructurales en nuestro país- pretende ser quebrada con la instalación de prejuicios como verdades irrefutables, y con algunas políticas públicas.

Uno de los grandes déficits de la gestión que gobierna la Ciudad de Buenos Aires es la falta de vacantes en escuelas públicas. Un tema que sería bueno que al menos mencionaran quienes se dicen preocupados por el calendario escolar. Con un presupuesto que disminuye en términos porcentuales año a año -del 26% en 2011 al 17% para el 2021 (2)-, la oferta educativa pública de la ciudad se reduce prácticamente a la capacidad de los establecimientos que existen desde antes de la llegada del espacio político que la gobierna desde hace trece años.

El derecho a la vacante en escuelas públicas está garantizado por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 24: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.

Ante esto existieron desde el Ministerio de Educación de CABA diversas opciones: una fue la creación de los Centros de Primera Infancia que funcionan en diversas instituciones de la sociedad civil y en los que a cargo de los grupos de niñas y niños se encuentran trabajadoras en su mayoría no docentes en condiciones de precariedad y en los que para ingresar es requisito pertenecer a una población vulnerable. La otra opción  fue la apelación sistemática de los fallos que obligan a la Ciudad a otorgar vacantes.  La gravedad del fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que contradice al artículo mencionado puede entenderse solamente si se observa como el largo período de un mismo signo político al frente de ejecutivo porteño ha hecho de la división de poderes sólo una consigna para exigir en otros sectores. Si hay un Poder Legislativo que funciona como escribanía del Ejecutivo es la Legislatura Porteña, y si hay una Corte que falla siempre a favor del gobierno es el TSJ. Vaya uno a saber por qué las almas republicanas no se escandalizan ante algo que  resulta evidente si indaga un poco.

Como dijo Manuel Becerra, “una perversión a la que te acostumbrás como usuario/trabajador de los servicios públicos porteños es que a fines de diciembre el PRO siempre viene con una quita de derechos como regalo Reforma del Estatuto, cierre de nocturnas, nivel inicial para pobres. No falla nunca”. Porque creímos que después de un año que comenzó con la firma de un acta salarial luego incumplida por las autoridades del gobierno de la Ciudad, en el que demandamos una y otra vez la conectividad para las y los estudiantes que nunca llegó, un año en el que se tomaron medidas absurdas sin siquiera informarlas a supervisores/as o equipos de conducción; había concluido con las perversas agresiones de Soledad Acuña para con quienes sostuvimos casi sin recursos la escolaridad de chicas y chicos en un 2020 que estaba fuera del alcance de cualquier imaginación distópica. Pero no. Con tanta carga de prejuicio y desprecio para con el colectivo docente y la escuela pública, la agresión es tan sistemática que no se detiene ni en el receso escolar.

  

(1) http://revistaanfibia.com/ensayo/caer-publica/

(2)https://www.pagina12.com.ar/310393-la-tijera-de-larreta-avanza-sobre-la-educacion

 

* Ignacio Budano es maestro de grado de la Escuela 8º (distrito escolar 13, Ciudad de Buenos Aires)

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