Redacción Canal Abierto | A mediados de febrero, pocos días después del femicidio de Úrsula Bahillo (18) a manos del policía de la Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, una marcha reclamó frente al Palacio de Tribunales de la Capital y sus edificios equivalentes en todo el país. Esta vez, el pedido histórico de “Ni una menos” se convirtió en una exigencia de política pública concreta y urgente que volvió aún con más fuerza el último 8 de marzo: “reforma judicial feminista ya”.
Pero, ¿es posible una justicia con perspectiva de género? ¿Cómo sería? “Históricamente, para el sistema judicial las violencias contra las mujeres y contra la población LGTBI han sido temas menores, violencias subalternas que no llaman su atención. Y esa dinámica no se revierte en forma automática”, sostiene Ileana Arduino, abogada penalista e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, donde coordina el grupo de estudios sobre feminismos.
Los juicios sobre las víctimas
“Hay medidas para tomar pero se me ocurre que también hay que poder discutir qué características del sistema de justicia son las que necesitamos para gestionar una cantidad de conflictos, entre ellos, aquellos que se relacionan directamente con los problemas de violencia”, agrega.
Y es que tras un año de pandemia que dejó 320 muertes violentas de mujeres durante en todo el país –según números del Observatorio Mumalá-, el Estado no se hizo más presente ni la Justicia más eficiente. Las denuncias no generan resultados, las perimetrales no se cumplen, y las violencias y muertes no paran.
“Es evidente que al sistema de justicia le cuesta reconocer la relevancia que estos conflictos tienen. El caso de Úrsula muestra cómo las posibilidades de intervenir con alguna capacidad preventiva fueron dilapidadas por el propio Estado –continúa Arduino en diálogo con Canal Abierto-. Para que el sistema de justicia reconozca a una persona como victimizada en razón de género exige una serie de conductas previas que hace que en estos hechos en particular, quizá las violencias sexuales sean el caso más paradigmático, el juicio sea un juicio de credibilidad sobre las víctimas y no sobre hechos acerca de qué pasó y que ponga en el centro a la persona acusada”.
Gestionar los problemas, trabajar con los agresores, reparar a las víctimas
Puesta a pensar sobre aquellas situaciones que explican el sesgo machista de la Justicia, la especialista sostiene que las políticas de género no son “un tema prestigiante” en los concursos para acceder a cargos judiciales, y que la población de mujeres en puestos de decisión aún es “muy minoritaria”.
Pero no es sólo eso. Para Arduino “nos falta pensar, y es interesante esa discusión hacia adentro del feminismo, si lo que queremos son modelos de justicia afincados en el castigo a otro o en la gestión del conflicto y la reparación de los daños”.
“El tipo de intervención que se promete normalmente, que es una intervención dirigida a una condena en una cárcel, en principio no sólo no llega sino que no es referenciada por las propias víctimas como la mejor intervención –analiza- En algunos casos la tobillera resuelve problemas de seguridad, pero si todo lo que le vamos a pedir al Estado es que caucione electrónicamente a una persona, ¿cuánto? ¿Toda la vida? ¿Sin intervenir en las condiciones de ese conflicto, en las características que llevan a que una persona agreda a otra? Involucrarnos en el trabajo con los agresores es una estrategia de control de la violencia. No para quitarles responsabilidad, sino porque la complejidad de los hechos exige otro tipo de intervenciones”.
En este sentido, la abogada plantea que parte del problema, y no de la solución, es que la Justicia “a todo se lo fagocita en un expediente con la misma forma sin reconocer matices”, y suspende los conflictos en lugar de pensar nuevas respuestas para gestionarlos, como las audiencias “donde quienes tengan que decidir le vean la cara a la víctima y al victimario”. “El Poder Judicial no puede seguir ignorando la articulación con otros organismos del Estado y con la sociedad civil”, concluye.
Dejar de perseguir pobres
Con el caso de María Ovando como paradigma de Justicia tan machista como clasista, Arduino –una de las firmantes en su pedido de absolución- explica que, en efecto, cuando la injusticia cae “sobre los mismos de siempre, la respuesta es de indiferencia”.
Y asegura: “Una reforma en serio feminista es una reforma comprometida con el sistema de justicia, democratizadora, que implica dejar de usar el sistema de justicia penal para perseguir pobres y empezar a usarlo para perseguir pero también para reparar”.
Entrevistadora: Gladys Stagno