Redacción Canal Abierto | “Será un paro contundente en defensa de los que lo pasan mal”, anticipó este miércoles el presidente de la central única PIT-CNT, Fernando Pereira.

En conferencia de prensa, los principales dirigentes sindicales de Uruguay sostuvieron que la medida “está absolutamente justificada” tras el rechazo del Ejecutivo a generar un “diálogo nacional en defensa de la vida”. Desde hace meses el gobierno de Lacalle Pou viene eludiendo el reclamo de una mesa en la que los gremios puedan aportar su visión sobre el impacto y propuestas frente a la crisis económica y social que desató la pandemia.

En declaraciones al periódico El Popular, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala dijo que la huelga es la “respuesta del movimiento obrero a esta situación dramática” y a un conjunto de políticas “antipopulares” que ha venido implementando el Ejecutivo.

Al igual que en el resto de la región, a los más de 5.000 muertos por coronavirus desde el 13 de marzo de 2020 (casi 4.000 de ellos en los últimos dos meses y medio) Uruguay debe sumar un escenario social acuciante. Según los últimos datos oficiales, la pobreza pasó de afectar al 8,8% de la población en 2019 al 11,6% en 2020 (99.953 personas cayeron bajo dicho umbral). En los últimos meses también subieron los seguros de desempleo, que hoy alcanzan a más de 80 mil desocupados.

Durante el mismo periodo también se duplicaron los índices de indigencia: en 2020 hubo 7.087 indigentes más para totalizar 14.124 personas en esa situación.

El incremento de las cifras podría parecer insignificante si se lo compara con los volúmenes de Argentina. Pero lo cierto es que los números no son para nada esperanzadores si se tiene en cuenta que nuestro país cuenta con más de diez veces la población del vecino rioplatense.

“Cuando decimos ‘contra la pobreza’, decimos que hoy se alimentan 100.000 uruguayos en ollas populares. Eso es que la gente la está pasando mal. Eso se llama hambre. En Uruguay hay una cantidad de decenas de miles compatriotas que cayeron por debajo la línea de pobreza, y eso se llama no cubrir las necesidades básicas. Hablamos de desigualdad porque esto le pasa a 200.000 compatriotas, mientras que unos pocos depositaron en el exterior y en Uruguay varios miles de millones de dólares. Entonces esta inequidad es inaguantable”, sostuvo Pereira.

La medida de fuerza tendrá lugar 48 horas antes de la convocatoria al Consejo Superior Tripartito (gobierno, empresarios y trabajadores) para discutir la posibilidad de adelantar licencias en busca de reducir la movilidad (una propuesta que realizó el Frente Amplio). Si bien la reunión del viernes no definirá la pauta salarial -que se estima se podría discutir recién en julio-, representa un primer round en el que Ejecutivo y gremios medirán sus fuerzas.

Según adelantó la PIT-CNT, la jornada también servirá para visibilizar la campaña contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Gobierno de Luis Lacalle Pou.

Las organizaciones que promueven la derogación, a través de un referendo, de 135 artículos de la norma buscan acelerar en las próximas semanas la recolección de firmas para llegar al número necesario que les permita llevar el tema a las urnas.

La LUC se aprobó el 8 de julio de 2020 tras un tratamiento exprés en el Congreso y gracias a los votos de la alianza gobernante (los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente más Cabildo Abierto). Consta de 476 artículos, de los que quienes buscan la consulta pretenden derogar 135.

La ley contiene reformas al sistema financiero, de salud, de educación, laboral, de las fuerzas de seguridad, al Código Penal y a todas las otras áreas consideradas estratégicas en el país, y el oficialismo la presentó como su “hoja de ruta”.

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con acciones puntuales que desde la PIT-CNT interpretan como “formas de discriminación y persecución antisindical”. Por ejemplo, las sanciones a 15 docentes del departamento de San José por haber participado de la campaña en contra del plebiscito para la reforma constitucional “Vivir Sin Miedo. Entre otras cosas, la iniciativa planteaba la creación de una Guardia Nacional formada por hasta 2.000 militares capacitados para cumplir tareas policiales.

Joselo López, secretario General de la COFE (Conferaciòn de Organizaciones de Funcionarios del Estado), convoca a la medida de fuerza:

Los puntos más polémicos de la LUC

Los 135 artículos que la oposición busca derogar en Uruguay de la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), central en la gestión de Luis Lacalle Pou, están referidos a cuestiones de seguridad, al derecho de huelga y los cortes de calles, a los desalojos exprés de viviendas alquiladas y al gasto público, entre otras áreas.

La norma flexibiliza el uso de la fuerza policial, regula el derecho a la huelga y declara ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que “afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, por lo que faculta el uso de la fuerza pública para disolverlos.

Se busca derogar además artículos vinculados a los cambios en el mercado del petróleo crudo y sus derivados: la revisión de precios de paridad de importación, las potestades del Ejecutivo en fijación de precios y la reforma del mercado a partir del informe de un comité de expertos que no incluyó a técnicos de Ancap -a petrolera estatal- ni de la Universidad de la República.

En materia educativa, la LUC elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia, erosiona el rol de los directores generales de los Consejos de Educación y resignifica a la educación formal como desarrollo de competencias.

Los detalles de todos los puntos cuestionados están explicitados de forma minuciosa en el portal yofirmo.uy

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