Redacción Canal Abierto | Garbarino, la mayor empresa de venta de electrodomésticos del país, cerró la mayoría de sus locales pero de eso en los grandes medios casi no se habla. A sus trabajadoras y trabajadores, unos 3.500 según el censo realizado por los propios empleados –hasta hace poco eran más de 4.000, pero algunos se fueron yendo cansados del destrato–, la empresa les adeuda los salarios de abril –cobraron un 70%–, mayo, junio, el aguinaldo y el bono de navidad, pero de eso no se habla.

El propietario de la empresa Carlos Rosales, presidente del grupo Prof –con negocios en el rubro seguros generales y de riesgos del trabajo con las firmas Prof Seguros y Plus ART–, es protesorero de San Lorenzo, flamante dueño desde enero 2021 de Radio Continental –el paquete incluye la AM 590 Radio Continental, FM 105.5 Los 40 Principales Argentina y la FM 104.3– y posee una billetera aceitada para la pauta que provoca el silencio de los medios hegemónicos.

“Siguen sin pagarnos. Hay compañeras a las que le dieron de baja la obra social estando embarazadas, siendo personas de riesgo. Cerraron todos los locales porque no pagaron la licencia de sistemas para hacer los cobros… Estamos cada vez peor”, narra Fernando, empleado de una tienda de la provincia de Buenos Aires, e integrante de un grupo de trabajadores autoconvocados que luchan por cobrar lo que les deben y preservar la fuente de trabajo. A la deuda salarial se le suma que permanecen impagos los aportes jubilatorios y a la obra social desde hace aproximadamente un año.

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Este miércoles 7 de julio se produjo una nueva reunión de la FAECyS (Federación de Empleados de Comercio), con la empresa y la mediación del Ministerio de Trabajo. La firma sigue estirando los plazos y sostiene que espera recibir un pago que el gobierno de la Ciudad le adeuda para abonar los salarios caídos.

Los trabajadores están cobrando el Repro, beneficio que otorga el estado nacional a las empresas en crisis por la pandemia. En el caso de Garbarino son $22.000 que llegan directamente a la cuenta bancaria de cada empleado y empleada.

Los trabajadores están apostando a la movilización y cuentan con el apoyo del SEOCA (Sindicato de Comercio de la zona oeste), la agrupación Granate-Morada del SEC que dirige Ramón Muerza y el Sindicato CIS de la CTA Autónoma. “Sabemos que el dueño de la empresa hizo negocios con el fútbol, compró radios y a nosotros nos deja en pelotas. Éramos casi 4.500 trabajadores y ya más de 500 se fueron cansados de la situación, mandaron telegramas considerándose despedidos pero la empresa no les da la baja por lo cual no pueden conseguir otro trabajo en blanco”, describe Fernando. “Tenemos repercusión en los medios independientes y locales, pero los medios nacionales no se quieren meter porque Rosales tiene negocios con ellos. Pero nosotros estamos motivados, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir peleando”.

Desde el CIS CTAA, sostienen que la empresa está dilatando la situación para que se sigan yendo trabajadores. “El grupo de trabajadores que está con nosotros envió telegramas para pedir audiencia y estamos por presentar una medida cautelar para el pago de salarios y dación de tareas. Necesitamos que aclaren la situación, porque es todo muy desprolijo, no le dan ninguna información certera a los trabajadores y, para nosotros, la FAECyS es parte de esta estrategia de dilación y vaciamiento de la empresa”, sostiene Gustavo Córdoba, delegado general del Sindicato Joven CIS-CTAA, en diálogo con Canal Abierto.

Según la ley de contrato de trabajo, luego de la intimación por parte del trabajador para que le otorguen tareas, de persistir la situación por un tiempo determinado puede considerarse despedido sin justa causa.

El dinero sigue sin aparecer, hay 4.000 familias en vilo y la única certeza que hay es la voluntad de un nutrido grupo de trabajadoras y trabajadores de seguir luchando, y de que de la mano de la FAECyS no van a conseguir soluciones. El lunes 12 movilizarán nuevamente a la sede de Callao del Ministerio de Trabajo, en el centro porteño.

 

Movilización del lunes 12 de julio al Ministerio de Trabajo (sede Callao) y al Obelisco

 

La voz de la empresa

La empresa, que maneja los locales de Garbarino y Musimundo en todo el país, la venta online de ambas marcas y posee dos plantas ensambladoras de electrodomésticos en la provincia de Tierra del Fuego (para la marca Newsan), atraviesa una grave crisis financiera que se arrastra desde la anterior administración.

Rosales se hizo cargo de la firma con grandes deudas, en el sector se estiman en unos 15 mil millones de pesos entre bancos acreedores y proveedores. Logró refinanciar parte de la misma pero Garbarino no logra hacer pie en medio de las restricciones dispuestas por la pandemia y la abrupta caída de ventas debido a ello, a la situación económica general y a un cambio en el paradigma de la comercialización, con una masiva migración a las plataformas digitales.

“Comprendemos la preocupación de los empleados porque es también una preocupación de la dirección”, señala un vocero de la empresa en diálogo con este medio. “No es idea de la empresa vender la firma. La intención de la compañía es sumar inversores y en ese sentido se han firmado dos preacuerdos y se está en conversaciones con dos grupos inversores más, en la necesidad de hacerse de liquidez y knowhow”.

Según este vocero el plan del grupo Prof se sostiene en tres ejes: 1. reabrir las plantas de Tierra del Fuego, en este momento paradas, y ponerlas a trabajar a façon, es decir para terceros, y volver a tener mercadería para la venta; 2. cobrar una deuda que sostiene el gobierno de la Ciudad con la firma de 438 millones de pesos por retenciones indebidas en concepto de ingresos brutos –era un monto de 700 millones que ya la AGIP pagó una parte–, y con este dinero saldar la cuestión de los salarios caídos; y 3. sumar socios inversores, para poder apalancar una solución de fondo.

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