Redacción Canal Abierto | A cerca de un año y medio de declarada la pandemia del COVID-19, el personal de la salud en nuestro país, a pesar de los discursos, los aplausos olvidados y alguna que otra ínfima medida paliativa, tiene pésimos salarios y condiciones laborales para un conjunto de trabajadores y trabajadoras que está en la primera línea del cuidado de la vida no sólo en estas circunstancias particulares.

Tras fracasar la posibilidad de alcanzar un acuerdo paritario con las cámaras patronales, el Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) que conduce el actual cotitular de la CGT, Héctor Daer, y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) llevan adelante este viernes un paro nacional de cuatro horas por turno.

El gremio de Sanidad reclama una recomposición salarial del 45% y lanzó un aviso el miércoles marchando por la Avenida Córdoba de la ciudad de Buenos Aires desde la Clínica Finochietto hasta el Sanatorio Güemes, bajo la consigna “Sin salarios, no hay salud”. Vencida hoy la conciliación obligatoria dispuso continuar el plan de lucha.

“Los sueldos de todo el personal de salud son magros, desde los médicos hasta los enfermeros”, señala en diálogo con Canal Abierto Cristian Acosta, enfermero y referente en la CABA del SITRE (Sindicato de Enfermería) con inscripción gremial y representación en varias provincias, con afiliados tanto en el sector público como en el privado.

Cualquier medida tomada, la gente adhiere plenamente por el nivel de agotamiento, de stress y de falta de reconocimiento. Los magros salarios, las condiciones de trabajo no favorables, hacen que cuando un gremio llama a un paro la gente adhiera plenamente porque realmente quiere cambios. Pero hay un descreimiento hacia la conducción de ese sindicato porque siempre negociaron salarios a la baja, de hecho los salarios del convenio de ATSA promedian para cualquier profesional los $50.000. Año tras año los trabajadores del sector han ido perdiendo poder adquisitivo”, comenta el enfermero.

“Lo contradictorio es que su cabeza a nivel nacional, Héctor Daer, es uno de los sindicalistas más fuertes del país: está a cargo de la CGT, es parte del Gobierno en el Ministerio de Salud de la Nación y ha sido diputado nacional; sin embargo siempre negoció a la baja, por lo tanto no es una cuestión de poder sino de una decisión política de no representar como corresponde a su colectivo”, sostiene Acosta.

Desde el lado empresario, la Unión Argentina de Salud que preside Claudio Belocopitt –dueño de Swiss Medical y uno de los accionistas principales de América TV–, sostiene que si no se aumentan los aranceles y los empresarios no pueden trasladar los aumentos de los costos que acarrearía este incremento en paritarias a sus clientes (las obras sociales, la medicina privada y el PAMI) el negocio se torna insostenible, pateando la pelota al gobierno al que desde hace meses acusan de “impulsar un eventual plan de gobierno para estatizar el sistema”.

 

En la ciudad

“Nuestro empleador es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y este año la única mejora que recibimos fue el bono de Nación”. Acosta se refiere al pago de las tres cuotas de $ 6.500, a pagar en los meses de mayo, junio y julio, establecidas por el Decreto 332/2021 como una ampliación del bono que otorgó el año 2020 el Ministerio de Salud para 725 mil trabajadores y trabajadoras. “Si el Gobierno Nacional no nos hubiese tirado estos bonos no hubiésemos tenido ningún tipo de diferencia salarial con el resto de la administración pública. Salud en el gobierno de la Ciudad no recibió ninguna diferencia monetaria”.

A mediados de junio pasado el presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley que, según señala el Ejecutivo “busca jerarquizar a las y los enfermeros como profesionales de la salud, además de establecer los mecanismos necesarios para favorecer su formación continua y de calidad e incrementar la cantidad de trabajadores según las necesidades de cada provincia”. Sobre el mismo Acosta señala que está orientado a la formación. “Nosotros decimos que se discutan condiciones de trabajo y jubilación, que realmente les cambiemos la vida a las y los enfermeros del país. Si queremos fortalecer la enfermería y auspiciar el desarrollo garanticemos condiciones dignas de trabajo, para que también entusiasme a las nuevas generaciones elegir la carrera de enfermería”.

“La contradicción que se da aquí es que mientras Ciudad tiene el presupuesto más rico del país, no nos reconoce como profesionales y eso significa una merma de casi el 100% de nuestros salarios. Nosotros cobramos la mitad de lo que deberíamos cobrar por no estar en la carrera que nos corresponde, por esta discriminación”, denuncia Acosta, lo que implica la decisión del gobierno cambiemita de considerar a las enfermeras y enfermeros y otros técnicos de la salud como personal administrativo.

“Nosotros tenemos título de grado y todos los demás profesionales con la misma carga horaria están ganando 40 mil o 50 mil pesos más que nosotros. Un psicólogo recién ingresado está ganando $90 mil; un enfermero de terapia intensiva, con 15 años de antigüedad, con especialidad, está ganando máximo $60 mil de bolsillo”, concluye.

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