Por Mariano Vázquez | A pesar de la persistente tarea de desinformación y manipulación de la verdad por parte de la prensa hegemónica y la derecha política, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó tras ocho meses de investigación que hubo “graves violaciones a los derechos humanos” tras las elecciones generales de octubre de 2019 que derivaron en el golpe de Estado contra Evo Morales y la instalación de un régimen ilegal y de facto encabezado por Jeanine Añez.

El politólogo Fernando López Ariñez resumió en este tuit como el periodismo mainstream y la casta política de derecha instaló un relato obsceno de criminalización de la protesta y la resistencia al quiebre institucional. El racismo y la violencia se instalaron en la tapa de los diarios, en el telediario y en la impunidad de las redes sociales. Las víctimas de Sacaba, Senkata y El Pedregal fueron tratadas como bárbaras, no solo fueron asesinadas y ejecutadas, también humilladas y estigmatizadas.

Este martes, con la presencia del presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, y  familiares de las víctimas se conoció el “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos” ocurridos el último trimestre de 2019. ¿Alcanzará para derrumbar el relato mentiroso de “fraude”, “sucesión constitucional” y “enfrentamiento” e iniciar un camino de reparación, verdad, memoria y justicia?

Durante la presentación de la investigación, la experta del GIEI Patricia Tappatá (foto) sostuvo que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que 38 personas perdieron la vida por esto. Dijo que la CIDH “no duda en calificar los hechos en Sacaba y en Senkata como masacres”. En ambas fueron asesinadas 22 personas. Gracias a la investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se considera que algunas de las muertes fueron por “ejecuciones sumarias”.

El presidente Arce anunció que establecerá “una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral” y que desestructurará “toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralelas al Estado”.

También exhortó “a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”.

El GIEI registró masacres y ejecuciones extrajudiciales, donde perdieron la vida al menos 38 personas en todo el país. Además, centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.

La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado. Cometieron ejecuciones sumarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos. Las investigaciones sobre las muertes fueron a toda luz ineficientes e incluyeron autopsias plagadas de irregularidades, tal como señaló el (EAAF). La evidencia de que el objetivo era la eliminación física de los manifestantes es el Decreto Supremo 4078 del 16 de noviembre de 2019, que fue promulgado para eximir de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas. Un día antes se había perpetrado la masacre de Sacaba y tres días después ocurriría la de Senkata. Cheque en blanco e impunidad para matar.

Desde el régimen de facto, los medios cómplices y los partidos políticos de derecha se justificó la represión en Senkata con el argumento de que los manifestantes pretendían dinamitar la planta de gas. La investigación concluyó que esto es mentira. No se encontró ni material explosivo ni evidencias. Se construyó un engaño para justificar la masacre.

Junto a las fuerzas de seguridad actuaron grupos de choque, como la Resistencia Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cruceñista, que atacaron impunemente a personas y bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la Policía. Se erigieron en grupos paraestatales amparados por el poder de turno.

El GIEI constató “casos de violencia sexual y violencia en razón de género, mujeres aprehendidas fueron sometidas a manoseos de carácter sexual y vejaciones por parte de agentes policiales, se las obligó a desnudarse y fueron brutalmente golpeadas”. Además se dieron casos de “violencia obstétrica”.

Se constataron también torturas y vejámenes psicológicos y racistas cometidos por la policía en contra de personas detenidas, en su mayoría jóvenes e indígenas. Les decían que por su aspecto ellos “no pertenecían a este país”. También se ejerció una violencia xenófoba, especialmente contra las mujeres.

Sobre Añez, hoy presa por sus responsabilidades en el golpe, dice el informe que “llegó al poder eludiendo las normas constitucionales para la sucesión presidencial y persiguió a los opositores con torturas sistemáticas y con ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad”.

Este cruento informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se da cuatro días antes del 50 aniversario del golpe de Estado más extenso de la historia de Bolivia. Lo encabezó Hugo Banzer, duró siete años y derrocó al general nacionalista Juan José Torres, asesinado en 1976 en la Argentina por un Grupo de Tareas de la dictadura. Ante la repetición de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado es necesario reafirmar este grito que no cesa: “¡Dictaduras, Nunca Más!”.

Foto: Jorge Bernal / AFP

 

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