Redacción Canal Abierto | A finales de 2019, se confirmó presencia de asbesto en un total de 24 establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, el gobierno porteño que ya se habían iniciado planes de desasbestización, que la mitad ya habían sido recuperadas y que restaban doce instituciones que esperaban ser tratadas.
La situación parece no haber sido resuelta porque ahora la Asesoría Tutelar de Cámara, a cargo de Gustavo Moreno, pidió a la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributarios, que ordene al GCBA presentar un relevamiento de la totalidad de los edificios de las escuelas estatales y privadas, estableciendo la presencia de asbesto y que en donde se detecte se ejecute de inmediato un plan de contingencia.
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Fuentes vinculadas al caso advirtieron que Moreno pidió a la Sala IV del tribunal que fije un plazo de 180 días para que se produzca este informe. El amparo está caratulado como “KOUTSOVITIS, MARÍA EVA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE APELACIÓN – AMPARO – AMBIENTAL”.
La ingeniera Koutsovitis es una ferviente defensora de las cuestiones ambientales de la Ciudad, y en su pedido destacó la necesidad de “la obligatoriedad del control, acceso a la información pública y participación en cada etapa de esta política a través de la constitución de una Mesa Multisectorial integrada por las y los trabajadores del GCBA, sus representantes, la comunidad educativa, y de la ciudadanía en general para cada edificio afectado, desde el relevamiento de detección de asbesto en el edificio público hasta su remoción”.
Por su parte, Moreno, “en representación de los derechos de incidencia colectiva de las niñas, niños y adolescentes que concurren a los establecimientos educativos de gestión estatal y de gestión privada, cuya seguridad ambiental, salud, integridad física, y educación se ven afectadas por la presencia de asbesto/amianto en los edificios escolares”, se pronunció a favor de la cautelar que hace poco más de un mes fue rechazada en primera instancia.
A pedido del GCBA, el juez Martín Converset rechazó la medida cautelar porque los demandantes no individualizaron los inmuebles que estarían contaminados, en contra de la postura según la cual es “obligación” del gobierno “demostrar que sus edificios públicos no generan daños a la salud ni lesionan el derecho a un ambiente sano”.
Moreno hizo lugar al amparo de Koutsovitis debido a que “es un hecho comprobado la presencia de asbesto en establecimientos educativos” de la Ciudad, e hizo foco en que “el GCBA ya ha elaborado y ejecuta en la actualidad un plan de gestión integral de tratamiento de fibras de asbesto para los subtes. Por ello, lo insta a aprobar uno para las escuelas.
