El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) de la Ciudad de Buenos Aires, ATE, La CTA Autónoma, la Corriente Federal de los Trabajadores (CGT), abogados laboralistas y magistrados, entre otras organizaciones se manifestaron el miércoles frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño en rechazo de la ley aprobada el jueves 30 de Septiembre por la Legislatura de la Ciudad. Dicha normativa, denunciada por “inconstitucional”, permite a la Corte local participar como instancia de apelación en las causas que se llevan, dentro del distrito, en los fueros nacionales, como el Laboral, Penal, Civil y Comercial.

Según señaló Matías Cremonte, de la Asociación de Abogados Laboristas y el departamento Jurídico de ATE Nacional, esta legislación “afecta a los y las trabajadoras que se ven obligados a judicializar un reclamo”. Al respecto, explicó que sistemáticamente “es el fuero más abandonado, el que menos importancia se le da siempre por todos los gobiernos. Es el que tiene menor presupuesto, menos personal, menos nombramiento de jueces y esto se ve en que un juicio laboral dura entre 4 y 5 años”.

“Lo que ahora va a ocurrir si efectivamente se promulga esta norma y se mantiene su vigencia -señaló Cremonte- es que esa sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del trabajo va a poder ser revisada por el TSJ de la Ciudad de Buenos Aires. Al margen de lo irracional que es en cuanto a las jurisdicciones y su constitucionalidad o no, va a impactar directamente en la dilación aún mayor de los procesos, porque, siendo un Tribunal Superior al que evidentemente llegan muchas causas de los fueros de la ciudad, a esos largos procesos se les van a sumar un par de años mas”.

Estamos discutiendo una agenda impuesta por los empresarios en materia de transición del mercado del trabajo, en regresión de derechos laborales”, advierte Matías Cremonte. 

Lo vemos como una negación de justicia, porque una justicia que tarda mucho en llegar termina siendo casi una denegatoria”, manifestó el abogado subrayando el tiempo al que se extenderán los juicios y cómo eso afecta a las y los trabajadores teniendo en cuenta la complicada “situación del mercado laboral”.

“Seguramente los trabajadores se van a ver obligados a renunciar a derechos y ,condicionados por la situación de emergencia, aceptarían alguna migaja y acuerdos más bajos“, advirtió el especialista.

Por otra parte, destacó el “contenido ideológico y político” de esta ley promulgada por el oficialismo porteño, teniendo en cuenta que “el Tribunal Superior de Justicia la Ciudad está compuesto por jueces y juezas que fueron nombrados por el entonces intendente Mauricio Macri, o el actual intendente Horacio Rodríguez Larreta y que responden a un sesgo ideológico más proclive a favorecer a las empresas y a la regresión en materia de derechos sociales“.

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Además, implica “un doble riesgo”, porque “no sólo va a alcanzar a la Justicia laboral, sino a toda la Justicia nacional, civil y comercial que tiene entre sus causas más paradigmáticas la del Correo Argentino y Grupo SOCMA. Entonces ahí hay un interés directo de que esas causas sean revisadas por un tribunal afín” ya que ponen en la mira de la Justicia a la Familia Macri.

Cremonte reflexionó sobre el porcentaje de empleo no registrado en el país: “Ese casi 40% habla del mismo porcentaje de empleadores que contratan trabajo de manera ilegal. No lo registran, no pagan el salario que corresponde, ni aplican el convenio colectivo y cuando despiden no pagan indemnización. Eso es lo que obliga a la persona que ve vulnerado sus derechos a ir a hacer un juicio. Pero si uno compara esos dos índices es ínfima la cantidad de personas que finalmente van a acudir a la Justicia Laboral, comparado con el nivel de incumplimiento. La verdadera industria es la del incumplimiento de parte de los empresarios, según las estadísticas”.

Si bien la Ley que aprobó la legislatura de CABA “tiene muchas posibilidades de que rija porque depende sólo de que la promulgue el Jefe de Gobierno, que seguro lo va a hacer, todas las Cámaras Nacionales de apelaciones han resuelto de manera conjunta el rechazo a esto, remarcando que no van a enviar expedientes a ese Tribunal de Justicia”, informó el abogado, indicando que “hay un conflicto de poderes muy claro dentro del Poder Judicial”.

En esta misma línea, refirió al proyecto de eliminación de las indemnizaciones por despidos: “Aparece como una idea peregrina de algún empresario que lo planteó mediáticamente, luego lo tomaron algunos candidatos de Juntos por el Cambio y ahora de pronto tomamos conciencia que puede convertirse en Ley si efectivamente se logra una mayoría favorable a ellos”, en las elecciones legislativas de noviembre.

Estamos discutiendo una agenda impuesta por los empresarios en materia de transición del mercado del trabajo, en regresión de derechos laborales. Y eso es un poco alrededor de lo cual deberíamos reflexionar ¿Por qué no hay una agenda de avanzada en materia de derechos laborales y sociales y nos dedicamos sólo a resistir estos embates del partido de Macri?”, concluyó Cremonte.

 

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