Redacción Canal Abierto | Este 23 de noviembre, día en que vence la prórroga de la Ley 26.160 de relevamiento territorial indígena, comunidades de distintos pueblos originarios marcharon al Congreso de la Nación para exigir su tratamiento legislativo.

Sancionada a fines del año 2006, la norma planteaba un plazo de 4 años para dar respuesta a la situación de emergencia de las comunidades del país. La norma venía a subsanar el incumplimiento de derechos establecidos en la Reforma de 1994 por el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional y por el Convenio 169 de la OIT.

Entre otras cosas, la ley declara la emergencia territorial en todo el país y suspende toda ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que dispongan el desalojo o la desocupación de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades. A su vez, ordena el análisis técnico, jurídico y catastral de las tierras que ocupan de forma actual, tradicional y pública.

Pero lo cierto es que desde entonces, el relevamiento ha avanzado sólo a cuentagotas. Según el informe del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), de 1760 comunidades indígenas identificadas por la Dirección de Tierras del INAI, un 43,4% no han sido relevadas, en tanto que un 56,6% se encuentra en diferentes niveles de ejecución.

La aplicación de la norma depende de convenios entre el Instituto Nacional dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y los gobiernos provinciales y locales. Es la voluntad de estos, y sus alianzas con los poderes locales, la mayor dificultad para resolver la situación, amén de la voluble vocación presupuestaria de las gestiones nacionales.

Previsto para realizarse en los tres años siguientes a la sanción legislativa, el relevamiento sigue inconcluso. Pero la problemática permanece y se agudiza en todo el país, con un foco candente en la disputa por las tierras ancestrales que sostienen las comunidades mapuches en Río Negro y Chubut.

Si bien son recurrentes los ataques sobre comunidades por parte de fuerzas policiales y para policiales, este fin de semana tuvo lugar uno de los episodios más violentos de últimos tiempos: Elías Garay, un joven mapuche de 21 años, fue asesinado este domingo tras recibir un balazo en el paraje Cuesta del Ternero, Río Negro.

Aunque aún resta que la Justicia aclare varias cuestiones en torno al hecho, lo que sí se sabe es que dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio disparando armas de fuego. En tanto, el Gobierno de Río Negro, que encabeza Arabela Carreras, informó que “la Policía de Río Negro no realizó ningún tipo de intervención” en los hechos.

“El DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) no es una solución porque mañana viene otro presidente y hace caer la Ley con otro DNU; por eso necesitábamos que el Congreso se haga cargo”, aseguró a Canal Abierto la secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma, Miriam Liempe. “Estamos muy preocupados por el avance racista en medios hegemónicos que crean un enemigo interno”.

A las puertas del Congreso, el diputado nacional por el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano reconoció como “una vergüenza que después de 15 años sigamos sin relevar la tierra y haciéndonos eco de los reclamos de Benetton, Lewis, las mineras y el agronegocio”.

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Fotos: Juan Alaimes

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