Redacción Canal Abierto | El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) presentó el informe titulado “El modelo energético en la Argentina: un debate urgente ligado al modelo productivo”, elaborado por el especialista en energía, Gustavo Lahoud.

El escrito está dividió en tres grandes ejes, fundamentales para pensar la energía en pos pandemia y bajo la nueva etapa de gobierno que comienza tras las elecciones legislativas del pasado 14 de noviembre.

1) El capítulo energético en las cuentas fiscales y el rol de los subsidios

Según explica Lahoud, “los subsidios destinados a cubrir distintos conceptos de la política energética concentran alrededor del 80% del total subsidios económicos vigentes en el presupuesto. Éstos, durante el año 2021, se han multiplicado respecto a lo verificado el año pasado”.

Dentro de la función energía, combustibles y minería, el gasto previsto para el 2021 es de $971.794, que representa 2,1% del PBI. Pero, según lo que las autoridades de Economía presupuestaron para 2022, el monto destinado a la principal función dentro de los subsidios económicos, crece sólo 5% nominal- hasta $1.024.718 millones-, pero, en términos reales, supone un ajuste de 0,6% del PBI, desde 2,1% a 1,5%.

En resumen, este ajuste implicaría una baja de subsidios que podría ser compatible con aumentos tarifarios en los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural. Asimismo, la función energía, combustibles y minería, representa el 12,1% del Gasto Total proyectado para 2022 y se ubica en el tercer lugar entre las 29 funciones de gasto desplegadas en la programación estipulada.

Desde el IPyPP advierten que con esta decisión el Gobierno parece continuar por la senda de no dar un enfoque integral a la problemática energética. “Debería incorporar un minucioso monitoreo de costos operativos de las empresas eléctricas y gasíferas en sus distintos segmentos”, resalta Lahoud.

Por otra parte, señalan que “este escenario, la inflación y el movimiento del tipo de cambio, suman elementos restrictivos para el alza constante de los costos de operación, a lo que se suma el componente de mayor uso de combustibles líquidos en la operatoria de las centrales térmicas”.

“Poner el énfasis en el conocimiento de los costos de explotación de las empresas gasíferas en nuestro país es una información sensible que no se conoce y sobre la que las autoridades de energía no trabajan consistentemente en orden a ‘sincerar’ y ‘racionalizar’ la gestión de los costos y, por ende, de los subsidios que finalmente el Estado debe solventar”, agregó Lahoud.

2) El proyecto de promoción de inversión hidrocarburífera presentado recientemente por el Gobierno nacional

“El proyecto tiene la ambición de que la Argentina produzca más hidrocarburos, exporte los excedentes e ingresen más dólares en un momento en el que esos dólares hacen mucha falta. Para eso hemos decidido dar certezas garantizando 20 años de estabilidad en materia fiscal”, dijo Alberto Fernández al presentarlo.

Al respecto, Lahoud sostuvo: “Este descansa sobre la factibilidad futura de poner en marcha un esquema de inversiones crecientes en los yacimientos hidrocarburíferos, especialmente no convencionales, con un sesgo claramente exportador. La cosmovisión neodesarrollista del Gobierno, ligada a la rentabilización de actividades productivas extractivas que permitan rápidamente generar excedentes exportables, supone también poner en primer plano las prioridades estratégicas de las grandes empresas en materia de disponibilidad de divisas y de incentivos asegurados por dos décadas”.

Con dicho proyecto, también se “institucionaliza” el Plan Gas 4, lanzado a fines de 2020 y que ya se está instrumentando desde comienzos de 2021, que permitió que entre enero y julio los subsidios otorgados por el Estado nacional destinados a los actores concentrados del mercado superen los USD 1.500 millones.

“La ausencia de un replanteo integral en el proyecto y la omisión de los condicionamientos estructurales que estos mercados tienen en su funcionamiento ponen en duda las cláusulas ambientales y las intenciones de generar ecosistemas productivos”, destacó el especialista del IPyPP.

3) Lineamientos para contribuir a la conformación de un nuevo modelo energético soberano

A partir de lo expresado anteriormente, Lahoud concluye que “que la inestable realidad que se vive en el sistema energético nacional requiere de la construcción de esfuerzos sistemáticos en el mediano y largo plazo, que propicien una amplia convocatoria para discutir nuevas bases de funcionamiento del sistema, que se ha transformado estructuralmente en una caja de ganancias irracionales y opacas de un conjunto de empresas oligopólicas asociadas a un Estado que acumuló deficiencias relevantes en materia de regulación y control públicos”.

En este sentido, considera que “es necesario un modelo alternativo que conciba a la energía como bien estratégico y como derecho humano; que YPF recupere su rol rector de empresa estratégica en la planificación de toda la política energética; la revisión profunda de las cadenas de valor y costos de toda la industria hidrocarburífera y eléctrica para que los costos de producción, precios y tarifas sean en pesos, entre otros tantos puntos pendientes para conformar una agenda energética soberana”.

Soberanía energética y pymes

Sobre este tema también se expresó la Central de Entidades Empresarias Nacionales, quien  manifestó su preocupación por los contenidos del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas bajo análisis en el Congreso Nacional.

La organización empresaria afirmó que “la legislación propuesta no dimensiona concretamente los objetivos imprescindibles que debe tener una política energética nacional argentina, como lo son la sustentabilidad de recursos; abaratar precios y accesibilidad a los consumidores; e impulsar el desarrollo de capacidades industriales y de servicios, propias del país”.

A su vez señalaron que, pese a que el proyecto plantea incrementar la producción e industrialización de hidrocarburos con la explotación de yacimientos con enorme potencialidad argentina en Vaca Muerta,  y a la generación de divisas por las exportaciones, el complejo y confuso articulado propuesto “responde concreta y esencialmente a priorizar el dar ventajas a grandes operadores que exigen que la legislación y el Estado (o sea, los ciudadanos) garanticen su rentabilidad consistente en amortización acelerada de inversiones, precios de compra garantizados, vinculación de precios locales a los internacionales, reducción de aranceles de importación, y la posibilidad de disponer libremente de divisas en incrementos de producción y no que se garantice al interés nacional y social que se ven dañados con esas facilidades. No nos dan oportunidades de desarrollo a las pymes argentinas con nuestro petróleo”.

Finalmente, desde la CEEN afirmaron: “Hoy sigue teniendo plena vigencia la perspectiva planteada por el ingeniero Enrique Mosconi, impulsor de la creación y primer director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de vincular estrechamente una estrategia nacional hidrocarburífera a la soberanía nacional, y al desarrollo de empresas argentinas de capital interno con el bienestar social. Esto que hoy está escaseando”.

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