Redacción Canal Abierto | A comienzos de 2019, el país se conmovió con la historia de Lucía. Con apenas 11 años, a la niña la violó la pareja de su abuela y la dejó embarazada. Aunque el Código Penal promulgado en 1921 permite a casos como el suyo una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sólo los médicos Cecilia Ousset y José Gijena accedieron a realizarle el procedimiento. Un cesárea, porque la Justicia postergó la decisión durante un mes hasta que ya no fue posible realizarle un aborto. El bebé falleció a los pocos días y los médicos recibieron una denuncia de sectores antiderechos por “homicidio”.

Finalmente, el juez penal Raúl Armando Cardozo decidió el sobreseimiento de ambos profesionales por entender que la interrupción del embarazo de Lucía estuvo dentro de lo previsto por la Ley 27.610. Así,  concluyó con una persecución judicial que duró más de dos años y medio.

Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES) fue la entidad que llevó adelante la defensa de los profesionales y que en septiembre pidió el sobreseimiento de ambos. “La denuncia en su contra fue un intento de mensaje amedrentador contra quienes garantizan derechos en los hospitales. Pero la justicia respaldó a Ousset y Gijena y al mismo tiempo a cada una de las y los profesionales de la salud que garantizan el derecho al aborto en nuestra provincia”, planteó Fernanda Marchese, directora ejecutiva de la organización.

El pedido de sobreseimiento también había sido efectuado por el fiscal Ignacio López Bustos, a cargo de la causa desde la recusación de la ex fiscala Adriana Giannoni por parte de los abogados defensores.

 

Una historia de persecusiones

En febrero de 2019, cuando la noticia se convirtió en un escándalo, el testimonio de Lucía se hizo público: “quiero que me saquen lo que me puso el viejo”. La niña estaba denunciando una violación intrafamiliar y, al mismo tiempo, manifestando que ese embarazo no podía continuar.

“No quedó otra salida que realizar una microcesárea porque el Sistema de Salud provincial, a través del Ministerio, dilató durante más de un mes la Interrupción Legal del Embarazo -explicó Ousset-. Sin embargo, fue el mismo Ministerio que antes había negado ese derecho el que se comunicó con nosotros cuando la jueza de familia de Tucumán, Valeria Brand, ordenó que se cumpla con ese procedimiento”.

A partir de ahí, comenzó una persecución feroz contra ambos profesionales. “Judicializaron una causa que no es judicializable porque fue el mismo Estado quien nos llamó. Es muy paradójico pero es así y llevamos casi diez meses siendo perseguidos”, agregó Ousset en diálogo con Canal Abierto.

El caso de Lucía había llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 2019, donde ofició de ejemplo ante el organismo internacional de cómo el Estado argentino incumple con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en relación del aborto no punible, y con los derechos de las mujeres y niñas que encuadran en las generales de una ley que, con casi cien años de antigüedad, resulta de vanguardia para la Justicia que impera en gran parte del territorio nacional.

Más información: Tucumán, el corazón de la Edad Media

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