Canal Abierto Radio |  El martes 14 de diciembre, el ex policía Matías Ezequiel Martínez fue condenado a perpetua por el femicidio de su ex pareja Úrsula Bahillo. La joven de 18 años fue asesinada de 15 puñaladas en febrero de este año en la ciudad de Rojas, luego de haber realizado denuncias contra su agresor por violencia de género.

El ex integrante de La Bonaerense fue encontrado culpable de “homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio” en la audiencia desarrollada en la sede de los tribunales de Junín donde se leyó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1.

“Es una condena absolutamente necesaria, como no podía ser de otra manera que refleja lo que debería suceder en todos estos casos se refieren a un femicidio pero a la vez también a un hecho represivo, porque quien mató a Úrsula además de actuar en el marco de una violencia machista y patriarcal era un funcionario de una fuerza de Seguridad en ejercicio, por eso desde CORREPI lo señalamos como una de las tantas modalidades de la represión estatal”, indicó María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, en comunicación con Canal Abierto Radio.

A su vez, calificó a estos como “femicidios de uniforme” y precisó que “ocupan la quinta parte del total de femicidios, o sea una de cada cinco mujeres víctimas de un femicidio a la vez es víctima de la represión estatal, porque quien la mata- sea su ex pareja, su pareja, su amigo, conocido, siempre se trata de un círculo más cercano- pero es fundamentalmente un miembro de la fuerza de seguridad”.

En este sentido, Verdú destacó que “no hay ningún otro oficio u ocupación que tenga una incidencia de semejante envergadura en lo que es el total de los homicidios, y esto lo que nos demuestra es cómo se potencia la violencia machista y patriarcal con la violencia estatal”.

Es por ello, que la abogada sostuvo que la “Agenda Antirrepresiva Urgente” de Correpi “propone que la policía no debería tener su arma reglamentaria fuera de servicio”. Esta herramienta con medidas concretas para frenar el abuso de poder y la violencia institucional fue presentada a la Ministra de Seguridad, Sabina Frederick, en 2019 quien, según Verdú, expresó la imposibilidad de “modificar la condición de servicio que tienen las fuerzas de seguridad 24-7, y tiene obligación de intervenir ante cualquier tipo de hecho”, a lo que desde el organismo de derechos humanos le respondieron: “intervenir no significa necesariamente utilizar el arma”.

Al respecto, Verdú informó que “el 50% de los fusilamientos de gatillo fácil y el 90% de los femicidios de uniforme, como el de Úrsula, se producen con el miembro de una fuerza de seguridad- policía, gendarme, prefecto, penitenciario, lo que sea- fuera de servicio, de civil en su casa, en su barrio pero con el arma reglamentaria. Por eso decimos que si se prohibiera al total de las fuerzas de seguridad portar y usar el arma reglamentaria cuando no están uniformados y de servicio bajarían a la mitad los casos de gatillo fácil y en un 90% los femicidios de uniforme, porque en todo caso el violento tendría que buscar otro medio”.

Y manifestó que la propuesta de que los efectivos no se lleven el arma su casa cuando termina su horario de servicio “es una propuesta utilizada en todo el mundo”. En esta línea, resaltó la incidencia que tuvo la misma cuando la Ministra de seguridad Frederick la efectuó para la Policía Aeroportuaria: “Desde que la ministra tomó esa decisión en marzo del 2020 a hoy, no hay un solo caso de PSA que haya sido autor de un hecho de gatillo fácil, y esto no puede ser una casualidad; además de que no tenés una pila de policías de seguridad aeroportuaria asesinados en una esquina porque los quisieron asaltar y los mataron”.

Con respecto a la condena perpetua para Matías Ezequiel Martínez, expresó que “lamentablemente estas condenas no son habituales, son excepciones”. Y agregó que “si bien a todos los casos de gatillo fácil le deberían caber la prisión perpetua porque el artículo 86 inciso 9 del Código Penal establece la prisión perpetua para el homicidio cometido por un miembro de la fuerza de seguridad con abuso de su cargo o función, sea gatillo fácil o tortura seguida de muerte en una comisaría, lo cierto es que es excepcional que sea esa la pena que se aplique”.

Para concluir, Verdú aseguró: “Hay una política de Estado. Si un solo gobierno de los que se sucedieron del 2003 hasta hoy hubiese cumplido la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Argentino para terminar con todo el sistema de detenciones arbitrarias, no hubieran muerto más de la mitad de las personas que murieron en una comisaría desde entonces hasta ahora. No lo hacen porque no quieren, es una cuestión de decisión política y por eso insistimos en nuestra agenda antirrepresiva, que son medidas concretas, efectivas, eficaces y por sobre todo realizables, que solamente necesitan la decisión política del funcionario del área que corresponda que ponga la firma”.

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