Redacción Canal Abierto | Entre esta semana y la próxima la Argentina debería desembolsar unos 1095 millones dólares (viernes 28 de enero, 730 millones; lunes 1° de febrero, 365 millones), según lo previsto por el acuerdo stand by sellado por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.

El anterior pago al organismo internacional se concretó el 22 de diciembre por 1.892 millones de dólares. Con aquel desembolso, el Gobierno sumó giros por cerca de 5.200 millones de dólares al FMI a lo largo de 2021 entre capital e intereses.

Desde que asumió el poder en diciembre de 2019, Alberto Fernández puso todas sus fichas a cerrar una re estructuración del monumental crédito por 56.300 millones de dólares -de los cuales el organismo desembolsó unos 44.000 millones-. Y no es para menos: de no alcanzar un acuerdo, durante todo 2022 debería desembolsar más de 19 mil millones de dólares, monto que supera ampliamente el nivel de reservas disponibles. Los pagos previstos para 2023 ascienden a 19.367 millones de dólares. Una verdadera espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todos los argentinos.

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Argentina necesita más plazo para pagar sus deudas, quita de capital y una rebaja en los intereses, pero sobre todas las cosas la no injerencia del organismo en las cuentas públicas y fiscales. Esto último -según la óptica del Gobierno- como condición necesaria para la aplicación de las políticas que den continuidad a la, hasta el momento moderada, recuperación económica post pandemia (el propio Fondo calculó que la economía crecerá un 3% este año).

Esta política de pagar mientras se negocia es sin lugar a dudas la principal carta que esgrime Martín Guzmán a la hora de acercar posiciones en un escenario que hasta hace poco parecía muy complejo, pero que en las últimas horas habría mejorado por parte de Washington. Sin embargo, no son pocas las voces en el propio Gabinete que vienen rechazando dicha estrategia “blanda”, argumentando que la sangría en cuestión genera cada día más condicionamientos a la economía y por ende a la negociación.

Para tomar noción del esfuerzo económico que representa el pago que la Argentina abonará en estos días, representa el equivalente a todo lo destinado en 2021 para Ciencia y Tecnología (según el presupuesto y tomando como referencia el dólar oficial, en torno a los 907 millones de dólares anuales) y a más de la mitad de lo recaudado por el impuesto extraordinario para las grandes fortunasLa proporción incluso es más grave aún al tomar otras cotizaciones paralelas, y que en muchos casos terminan resultando más acordes con distintas variables y costos de la economía real.

En caso de ruptura con el Fondo y obligado a buscar nuevas vías de financiamiento del agujero fiscal (trascendió que el FMI toleraría un déficit de 2,5% en 2022, mientras que el proyecto de Presupuesto rechazado por el Congreso hablaba de un 3,3%), Alberto Fernández no contaría con un colchón de reservas para encarar negociaciones más firmes o cómodas ante otras potencias geopolíticas.

¿Cómo podría justificar el Gobierno un eventual cese en los pagos? A la inviabilidad financiera del plan de pagos cerrado por el macrismo en 2018, el Frente de Todos podría sumar múltiples argumentos. Para empezar, lo esgrimido en la Evaluación Ex Post (EPE, por sus siglas en inglés) que el Fondo Monetario Internacional publicó a fines de 2021 en relación al megacrédito de 2018: “el reporte concluye que el programa no satisfizo los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad externa y fiscal al tiempo de cobijar el crecimiento económico. El programa se descarriló en agosto de 2019 con solo cuatro de las doce revisiones planeadas completadas por el Directorio Ejecutivo”.

Pese al dramático escenario que intentan construir medios hegemónicos y oposición política, el no pago de alguno de los próximos vencimientos no equivale a un default per se: desde la creación del FMI, 30 países han incurrido en atrasos prolongados, y sobre ese total, 25 se han registrado entre 1975 y 2001.

Pero a no confundirse: un país con atrasos con el FMI complica todo acceso al financiamiento del organismo y pierde el carácter de “elegible” para créditos del Banco Mundial y de otros organismos multilaterales. Tampoco sería de extrañar otras represalias de carácter político, como el voto en contra en espacios multilaterales como la ONU. Aunque a decir verdad, causas argentinas como la de Malvinas tampoco suelen lograr el apoyo decidido de los Estados Unidos -“accionista mayoritario” del Fondo-, y aún en caso de que así lo fuera parece difícil que aquello redunde en resultados concretos.

Es en este complejo panorama económico y financiero que se enmarca la próxima visita presidencial a China con escala en Rusia, donde Alberto Fernández mantendrá reuniones con Xi Jinping y Vladimir Putin. Acompañarán al mandatario el canciller Santiago Cafiero; la ministra portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Río Negro, Arabela Carreras.

En un momento en que las negociaciones con el FMI parecen trabadas, ambas reuniones pueden ser interpretadas por el establishment como el primero de varios acercamientos argentinos a las potencias orientales. Un gesto de multilateralismo que si bien no tiene nada de novedoso, sí resulta notable en un escenario geopolítico de suma tensión por el conflicto en Ucrania y la disputa comercial entre Washington y Beijing.

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