Redacción Canal Abierto | Luego de marchas y contramarchas, el Gobierno cerró un acuerdo para refinanciar la deuda que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Ejecutivo pretende que el Congreso apruebe el entendimiento antes del 22 de marzo, fecha en que se debería abonar un vencimiento de 2800 millones de dólares que hoy por hoy resulta impagable para la Argentina.
Pero el aspecto económico y financiero no es el único dolor de cabeza para el camino elegido por Martín Guzmán para hacer frente a este mega endeudamiento. Es en el terreno de la política donde más críticas viene cosechando la estrategia del Ejecutivo: con cuestionamientos previsibles, como los del Frente de Izquierda, y otros un tanto imprevistos, con la reciente amenaza de votar en contra o abstenerse por parte del ala dura del PRO. En las últimas horas trascendió el desvergonzado interrogante de quienes son los principales responsables del crédito contraído en 2018: «Si nos manda una bomba de tiempo, ¿quieren que se la votemos?».
En el frente interno, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista también augura un desbande -o cuando menos mayores dificultades para su sucesor, Germán Martínez- de los legisladores que responden al líder de La Cámpora.
Como si estos cuestionamientos por derecha e izquierda no fueran suficientes, ahora varios espacios que integran la coalición oficialista convocan a una marcha para el 9 de marzo en rechazo al acuerdo con el FMI. La acción fue resuelta luego de un encuentro encabezado por Ricardo Peidro y Hugo Godoy de CTAA, Adolfo Barja de SUTAP, Fernanda Vallejos y Alicia Castro de Sobreranxs, Claudio Lozano de Unidad Popular, Victoria Policicchio de Pymes para el Desarrollo Nacional, Juan Ángel Ciolli de CEEN y Agustín Suarez de UTT. También participaron referentes de FORJA, SITRAIC, Comuna Argentina, OLP, CEEN, Peronismo 26 de junio.
La actividad se anunció junto a un documento con duras críticas al camino emprendido por el Gobierno y propuestas para “reencauzar” la estrategia hacia «términos más favorables para el país».
Entre otras cosas, el informe asegura que “el parlamento no puede validar el endeudamiento macrista ni eludir la denuncia sobre las irregularidades e ilícitos cometidos por el FMI” y advierte sobre las consecuencias de las políticas “recesivas” y de “ajuste fiscal” que históricamente implicaron acuerdos con el Fondo.
En la misma línea, el colectivo aprovechará la movilización para lanzar la colecta de firmas para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad del préstamo otorgado por el Fondo a la Argentina en 2018, al igual que cualquier acción estatal que reconozca la legalidad de la deuda. La iniciativa cuenta con el respaldo de varias organizaciones y referentes políticos y sindicales, como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, el titular de la CTA Autónoma Ricardo Peidro, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Hugo “Cachorro” Godoy y el concejal de Unidad Popular en el Frente de Todos Víctor De Gennaro.
Antecedentes
Recientemente, un informe internacional realizado por los juristas Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh declaró al préstamo otorgado por el FMI a la Argentina “ultra vire”, término legal que establece como “nulos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley».
Asimismo, el acuerdo fue impugnado por varias denuncias locales. A comienzos de diciembre de 2019, se radicaron dos: una en el foro penal, y otra en el contencioso administrativo. La última, presentada por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), se sustenta en que todos los trámites anteriores a la toma de deuda que el Estado debe hacer según la ley, no se hicieron. La penal fue presentada por Lozano y el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad (quien también patrocina el nuevo amparo), y fue contra Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Por el primer acuerdo, contraído con el FMI en abril de 2018, Baldivieso y Lozano habían presentado un amparo colectivo que solicitaba una medida cautelar urgente y otra denuncia penal.
En el mismo sentido, en enero de este año, más de 1300 referentes de movimientos de derechos humanos y organizaciones políticas, sociales y sindicales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar que ordene al Estado Argentino no aprobar “ninguna ley, acto de gobierno o un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implique convalidar y reconocer la constitucionalidad y legalidad del endeudamiento que surge de los acuerdos con el FMI realizados durante el año 2018”.
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