Redacción Canal Abierto | Tras el alarmante número que ubica la inflación de alimentos en el mes de febrero en 7,5%, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina el director de Banco Nación y presidente de Unidad Popular Claudio Lozano presentó un documento en el que se analiza el fenómeno y propone una serie de medidas para encarar la denominada «guerra contra la inflación». Estas propuestas parten de un informe que refleja que esta situación es producto de que “pocos actores de la producción utilizan los precios para capturar mayores proporciones de dinero”.

El trabajo fue elaborado por el propio Lozano junto a la economista Ana Rameri y parte de la base de que “en una economía con capacidad ociosa y con un 40% de población bajo la línea de pobreza, ni la emisión monetaria ni el déficit fiscal explican la inflación”. Para ello, se tomaron los balances de tres empresas que cotizan en bolsa y tienen balances abiertos – Arcor, Mastellone Hermanos y Molinos Río de la Plata – como casos testigo en los que se comparó el incremento de sus ganancias con el del IPC de los respectivos períodos en los años 2019, 2020 y 2021.

“Para estos formadores de precios, el precio de venta no es una variable dada y sintetizan en la fijación del valor de mercado las aspiraciones de rentabilidad que luego concretan”, afirma el relevamiento antes de entrar en el análisis de los números finos.

Allí se refleja que “el trío de la alimentación obtuvo ganancias brutas positivas por $87.346 millones conforme a un crecimiento del 47%, 11 puntos por arriba de la inflación. En el 2021 volvieron a expandirse en un 45% hasta llegar a los $126.317 millones, 5 p.p. por debajo de la evolución de precios”.

De estos datos, el trabajo concluye que “en el acumulado del bienio, las ganancias de los conglomerados alimenticios y los precios de los alimentos corrieron a la par. Esto no es casualidad ni significa que `empataron a la inflación´. Significa que el oligopolio alimenticio argentino traduce en los precios las ganancias que proyectan”.

En un segundo tramo del documento, se desglosa la ganancia neta que consiste en descontar los gastos de estas empresas a la facturación total. Hecho este paso, se arriba a que sus ganancias en los años 2020 y 2021 fueron de $20.599 millones y $22.026 millones, respectivamente.

“Lo particular de este concepto de ganancia es que muestra cómo durante el año 2020 la rentabilidad fue extraordinaria (un 152% superior al 2019) superando incluso el retorno por la remarcación de precios por el efecto de la notable desaceleración de los costos de fletes, derrumbe histórico del petróleo y gas mediante”, consigna el trabajo.

Más adelante, el IPyPP refuta las teorías monetaristas que atribuyen a la emisión la exclusividad causal de la inflación al explicar “es la concentración económica en sectores estratégicos en el marco de una deficiente regulación pública (es decir, no solo estatal sino comunitaria) lo que genera que un grupo de empresas aproveche todo margen extra de emisión monetaria para convertirla en ganancia a través de la remarcación de precios. Los precios actúan de salvaguarda de la ganancia empresarial”.

“De esta manera, todo evento de la economía que atente contra el margen de rentabilidad se neutraliza por la vía de su traducción en precios. Así, el aumento de salarios, ellos (el conglomerado de la alimentación en este caso) lo traducen en mayores precios; el aumento del dólar, ellos lo traducen en mayores precios; aumentos de impuestos, ellos lo traducen en mayores precios. Y el aumento del mayor volumen de pesos ganados, ellos lo traducen a dólares, presionan el tipo cambio y luego vuelve a impactar en los precios”, agrega el escrito.

¿Qué hacer?

Y a la hora de las propuestas, el informe propone la combinación de una serie de acciones. La primera es la aplicación de retenciones “para desacoplar precios internos de los internacionales, tanto en lo relativo a las commodities agropecuarias como en insumos estratégicos (como el acero o la energía)”.

La segunda acción sugerida es el control social comunitario del sistema de formación de precios.  Y se indica “la participación del Estado, los/as trabajadores/as, las pymes, cooperativas y grupos empresarios organizados en torno a mesas por cadenas de producción. Es clave hacerlo en alimentos, energía e insumos de uso difundido”.

“Esto no sólo permitiría disciplinar los precios sino también orientar la inversión. Los datos que hasta aquí hemos presentado demuestran la estrecha vinculación entre las ganancias de los grupos económicos con posición dominante y la evolución de los precios”, se asegura.

Por último, y a fin de detener el factor inercial que supone una economía en la que el 50% anual de inflación se volvió parte del paisaje, se recomienda una medida de shock, pero de modo inverso al que proponen las usinas ortodoxas, en las que los sectores golpeados son los trabajadores y de bajos ingresos cuando se congelan salarios o se producen devaluaciones agresivas.

Entonces, la propuesta es que “en una primera instancia apele a un congelamiento general de precios por un período acotado que debe fundarse, dada la situación socioeconómica de la Argentina, en un movimiento previo de redistribución progresiva de los ingresos, a los efectos de situar de entrada una recomposición inmediata de las condiciones de vida de la población y una ampliación del mercado interno de base popular”.

Y agrega que este “congelamiento debe sostenerse en un acuerdo social de precios, salarios e ingresos provistos por la política pública (haberes jubilatorios , ingresos sobre la población informal y desocupada) que ponga en marcha una tendencia inversa a la hasta hoy vigente en materia de distribución del ingreso. Se trata de romper la inercia inflacionaria congelando la distribución del ingreso pero no la actual, sino otra que pueda sostener un nuevo orden social”.

La salida de este congelamiento deberá ser “de manera administrada, aprovechando la organización de las mesas por cadena de producción”. Y se plantea que “si el orden que se estabiliza supone energía cara, costo financiero elevado, dólar elevado y salarios bajos estaríamos consolidando un régimen de acumulación que desarticula la posibilidad del desarrollo industrial ya que eleva los costos de producción”.

“El objetivo de la estrategia antiinflacionaria a impulsar debe permitirnos salir de manera administrada en dirección a un orden que nos permita la distribución progresiva de los ingresos, la ampliación del mercado interno, el desarrollo de las economías regionales, la agregación de valor, la incorporación de progreso técnico y el ahorro de divisas”, concluye el informe.

 

Ilustración: Marcelo Spotti

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