Redacción Canal Abierto | Este martes, la Cámara de Diputados comienza a debatir la modificación de la Ley de Alquileres luego de que el pasado 30 de marzo se constituyera la Comisión de Legislación General de 31 miembros para dicho propósito.

La Comisión tiene un plazo de treinta días hábiles para lograr consenso parlamentario. Los principales ejes a tratar son los plazos de los contratos –actualmente de tres años- y el sistema de actualización de los aumentos en el precio del alquiler que, según un informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba, aumentaron entre un 135% y un 184%.

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Producto de estas dificultades ocurridas tras la sanción de la ley, se conformó meses atrás la Mesa de Alquileres, integrada por la Secretaría de Comercio Interior, cámaras propietarias e inmobiliarias, y representantes de inquilinos.

En el primer encuentro de la Mesa, las cámaras inmobiliarias habían propuesto la reducción del plazo mínimo de alquileres de tres años a dos años y la Cámara de la Construcción pedía que se reduzca a 1 año para la vivienda nueva.

En ese contexto, las organizaciones que articulan en la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, plantearon la necesidad urgente de la creación del Programa Nacional de Alquiler Social que indica el título III de la Ley de Alquileres, que visibiliza la vulnerabilidad habitacional que padecen principalmente las infancias inquilinas, las mujeres, y la población jubilada.

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En la última reunión se planteó la decisión política del Presidente de modificar la actual Ley de Alquileres. El Secretario de Comercio, Roberto Feletti -teniendo en cuenta las propuestas de los distintos sectores- propuso respetar el plazo mínimo de 3 años y mantener los derechos conquistados en la normativa, pero modificar el índice de actualización de alquileres y que la frecuencia de actualización sea semestral, en vez de anual. También se comprometió a crear un impuesto a la vivienda ociosa para desalentar la retirada de propiedades del mercado locativo para disparar la oferta en el mercado de compra-venta.

El Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) presentó un documento dirigido al Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, donde se manifiesta en contra de los proyectos que proponen el impuesto a la vivienda ociosa o la fijación de un tope a los valores de los alquileres. Y plantean la necesidad de retornar al sistema de contratos a dos años y permitir la libertad contractual de las partes para definir plazos y formato de actualización de los valores.

Al respecto, tanto el Sindicato de Inquilinos Trabajadores de Chubut  como el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ambas integrantes de esta Comunidad Federal Inquilina), plantearon la necesidad de modificar el actual índice que está conformado por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (que hoy equivale a $107.358) y la inflación.

“Entendemos que este índice debería reflejar el Salario Mínimo Vital y Móvil, ya que es más representativo de los ingresos de la población trabajadora, como de la población jubilada que alquila en todo el territorio nacional. También propusimos que el valor de la actualización de los alquileres pueda ser acordado siempre y cuando no supere el nuevo índice. Esta ya no sería la única modalidad de actualización, pero sí el techo para los aumentos”, señalaron desde la CFINP.

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Entre los proyectos presentados para debatir se encuentran los de José Luis Gioja y Gisela Marziotta, que contemplan impuestos a las viviendas sin alquiler y topes en los precios mensuales.

Con respecto a volver al esquema de aumentos semestrales, las asociaciones de inquilinos señalaron: “Planteamos la necesidad de que toda propuesta no tenga como resultado un incremento de los recursos económicos que los hogares inquilinos destinan al pago del alquiler, teniendo en cuenta que las paritarias establecen acuerdos anuales respecto de la actualización salarial, que desde hace años está muy por abajo de la inflación”.

Y añadieron: “Las organizaciones que integramos la Comunidad Federal Inquilina y No propietaria, reafirmamos nuestra voluntad de diálogo y buscar consensos que beneficien a la población inquilina. Esta Comunidad es un espacio de articulación federal en el que participan organizaciones de diferentes jurisdicciones del país, con la intención de visibilizar y disminuir la crisis habitacional que padece la población inquilina y la población sin techo propio”.

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