Redacción Canal Abierto | En lo que se evidencia como una nueva oleada de persecución a referentes sociales y opositores por parte del gobierno jujeño, en las últimas horas fueron apresados los dirigentes Sebastián Copello –referente del Polo Obrero– y Juan Manuel Chorolque –del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)-12 de Abril–. También rige un pedido de detención sobre Verónica Urzagasti, del Movimiento Argentina Rebelde (MAR).

Según el Ministerio Público de la Acusación, los militantes de las organizaciones que integran el Frente Unidad Piquetera son investigados por “entorpecimiento de transportes y servicios” y “desobediencia a la autoridad” durante manifestaciones en las calles de San Salvador de Jujuy del 3 y 30 de marzo de este año.

“Es un claro ataque al derecho a la protesta y una persecución de los que reclaman políticas contra el hambre”, señaló a Canal Abierto la ex diputada provincial por el Frente de Izquierda, Natalia Morales. “El motivo que aducen viola las más elementales garantías: dicen que pueden influir en las personas de esas organizaciones que declaren como testigos en la causa”.

En relación a la denunciada sistemática judicialización de la protesta en la provincia, la dirigente del PTS-FIT explicó: “Como sucedió con Milagro Sala, el mecanismo que utiliza Gerardo Morales es atacarte con el Código Contravencional; para luego caerte con resoluciones de un Poder Judicial que está totalmente subordinado al gobernador”.

“Morales no quiere quedarse afuera del consenso del garrote”, fustigó Morales, aunque aclaró que no se trata de una novedad: “Lo venimos denunciando desde que asumió, el de Gerardo Morales es un régimen policíaco”.

Entre los días 9 y 12 de octubre de 2021, una Comisión de Solidaridad con los Pueblos integrada por representantes de trece organismos, sindicatos y organizaciones sociales y estudiantiles estuvo en Jujuy relevando la alarmante situación de los derechos humanos en la provincia, con la mirada puesta principalmente en las comunidades originarias, los sectores populares y los espacios políticos de oposición.

Entre otras vulneraciones, el relevamiento hablaba de “la criminalización, estigmatización, judicialización y detención de opositores políticos”, sumado a la persecución de abogados que defienden causas contrarias a los poderes establecidos, lo cual deteriora de manera muy preocupante los principios republicanos que consagra nuestra Constitución Nacional”. El informe también alerta sobre la “aplicación indiscriminada, arbitraria y criminalizante del Código Contravencional” establecido mediante la ley provincial 5860.

Esta nueva arremetida provincial contra la protesta social se enmarca en una seguidilla de declaraciones en la misma línea por parte de dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio. En particular, la propuesta del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quitar los planes sociales a «quienes corten las calles y no cumplan con la ley». Quien también arremetió contra los cortes de calle fue el titular de la cartera de Desarrollo Social de Nación, Juan Zabaleta, al cuestionar la protesta que duro dos días frente a su ministerio.

“No es casual que en un momento en que se intenta instalar un discurso de ultra derecha, Gerardo Morales avance en su venta de seguridad y orden provincial para el empresariado”, analizó la diputada con mandato cumplido. “Quiere posicionarse como posible candidato presidencial”.

 

Marchas por la liberación

Este viernes organizaciones sociales y partidos políticos movilizaron desde el Obelisco y hasta la Casa de Jujuy (CABA) para exigir la libertad de los dirigentes presos en Jujuy.

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