Redacción Canal Abierto | La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche del Curru Leufu (Río Negro) anunció la realización de una marcha de las comunidades originarias de toda la provincia hacia Viedma, la capital provincial. También se sumarán y son convocadas las organizaciones sociales en defensa del agua y la tierra. La fecha prevista es el 10 de junio.
Desde la organización que representa a ciento sesenta comunidades mapuche tehuelches, sostienen que la acción se definió ante el incumplimiento y el desconocimiento por parte de los estados y el sistema judicial del Derecho Indígena. Denuncian el avance del Estado provincial en el otorgamiento de permisos a empresas multinacionales para la explotación minera en territorios comunitarios, para realizar fracking en el Alto Valle y la reciente cesión, aprobada por la Legislatura provincial, de 625.000 mil hectáreas de la meseta de Zunguncurá para la producción de hidrógeno verde a la empresa Fortescue de capitales australianos.
“Los principales motivos tienen que ver con lo judicial, las últimas sentencias contra la comunidad Buenuleo, la lof Follil, la caída de la medida cautelar –la semana pasada– de las comunidades que habían presentado un amparo minero por parte del Superior Tribunal de Justicia; la situación que está viviendo Natividad Antual con 10, 12 grados bajo cero y casi en la intemperie, en condiciones muy precarias y con riesgo de vida; los intentos desalojo”, enumera Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora, en diálogo con Canal Abierto. “Esta acción tiene que ver con una concatenación de situaciones que se dieron en los últimos cinco años, de una dinámica de violencia institucional que hemos estado sufriendo”.
“No podría decir que hay un solo motivo, hay un montón de motivos. Muchos que tienen que ver con la violencia en contra de las comunidades y lo otro es un discurso mediático anti mapuche. También hay cuestiones que son más puntuales: la falta de fondos para el Consejo de Desarrollo Comunidades Indígenas (CoDECI), la no aplicación de la ley 26.160, la no aplicación del derecho indígena en la provincia de Río Negro por parte de la Justicia, cuestiones que nos llevaron en este momento, cuando está iniciando el invierno, cuando las comunidades están trabajando para pasar el invierno, a la necesidad de movilizarnos porque nos damos cuenta de que si no hacemos esta marcha la situación se va a complejizar”, explica Carriqueo.
Consulta previa, libre e informada
El avance de los proyectos mineros, petroleros y el reciente anuncio del emprendimiento de producción de hidrógeno verde, auspiciados, promovidos y amparados por los ejecutivos de la Nación y la provincia son una gran fuente de preocupación para las comunidades.
El Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Legislatura Provincial, reconocen el derecho indígena y obligan al Estado a realizar la consulta previa, libre e informada antes de llevar adelante cualquiera de estas iniciativas, para obtener el consentimiento de las comunidades.
“Hay que hacer un protocolo, nosotros tenemos experiencia en el procedimiento de consulta previa, pero hay que ponerse a trabajar y definir un protocolo general para la provincia. Ya tenemos experiencia con un proyecto de parque eólico en Cerro Alto del año 2018, pudimos llevar adelante una consulta y como organización podemos aportar a la idea y a la viabilidad de esa consulta. El protocolo de consulta tiene que ser para todo el ámbito provincial, para cualquier proyecto”, explica el vocero comunitario. “El estado hoy se ve obligado a hacerlo; si la financiación para un proyecto es del Banco Mundial, obligatoriamente hay una salvaguarda indígena que obliga a la consulta”.
“Hacer la consulta implica preguntarle cuál es la expectativa a la gente que vive en ese territorio y que va a tener un cierto grado de afectación. Pero cada caso representa una perspectiva distinta, no se puede asimilar un caso al otro; cada proyecto, de acuerdo al lugar en que se pretenda instalar, y por supuesto quienes viven en cada territorio son distintas personas. Ese procedimiento es un proceso, no es una reunión, un proceso que se extiende meses quizás, incluso más de un año por la extensión del territorio y por la complejidad del proyecto”.
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La marcha a Viedma
La movilización está prevista para el 10 de junio. “Va a haber mucha gente, vamos a tener el acompañamiento de organizaciones sociales como la CTA, la FeNAT, la CCC, el MTE y las asambleas por el agua y el territorio que funcionan en la provincia. Las comunidades de toda la provincia van a estar presentes.
“Esta marcha marca un punto de inflexión en la relación con el Estado, tanto provincial como Nacional, porque hidrógeno verde y el proyecto minero son políticas impulsadas por ambos. Debemos encontrar mecanismos de diálogo; la Justicia tiene una responsabilidad en todo este proceso porque es el brazo ejecutor del despojo territorial. No queremos que el gobierno nos siga sacando tierras, porque esas 625 mil hectáreas que pretenden entregarle a Fortescue significan la extranjerización de la tierra y una entrega de tierras con la gente adentro como hacían a principio del siglo XX y no queremos que se repita”.
“Hay que empezar a hablar de tierras aptas y suficientes y de procesos y proyectos que sean compatibles con el respeto a la tierra y a una manera de vivir y entender el mundo de manera distinta”, concluyó Carriqueo.