Redacción Canal Abierto | De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Nacional, “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Ese sostén significa, en la actualidad, 200 millones de pesos al año del Presupuesto estatal.

“Hoy por hoy el Estado argentino sostiene los salarios, todas las asignaciones y hasta los sueldos de los seminaristas de un solo culto. No así del resto de las religiones y cosmovisiones”, explica Mariana Catanzaro, abogada, directora de la Secretaría de Estado laico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que integra Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA). Este colectivo impulsa un proyecto de ley para separar la Iglesia Católica del Estado nacional.

La discusión —representada en las calles por un pañuelo naranja y un lema: “Iglesia y Estado, asuntos separados”— lleva un tiempo largo y cobra sentido en un marco económico, jurídico y también histórico.

“Tenemos decretos leyes que datan de la época de la última dictadura donde (Rafael) Videla, (Reynaldo) Bignone y (Leopoldo Fortunato) Galteri han beneficiado a obispos, arzobispos, curas de fronteras y demás con salarios semejantes al 70% del de un juez de primera instancia, por ejemplo. Esto nos parece que daña la igualdad en el ejercicio de la libertad religiosa. Tengamos en cuenta que Argentina es diversa: está compuesta por originarios, evangélicos, protestantes, judíos, ateos, islámicos y el único culto que se sostiene es el católico”, detalla Catanzaro en diálogo con Canal Abierto.

Injerencia religiosa en las decisiones estatales

Pese a que el derecho positivo local garantiza la libertad de conciencia y la igualdad ciudadana, las leyes que otorgan un trato privilegiado a la Iglesia Católica por sobre los otros cultos arrancan en el mencionado artículo 2 de la Constitución, pero el sesgo religioso está presente también en su Preámbulo (“invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”) y en los artículos 19 y 93 que el proyecto de OLA busca modificar. De allí para abajo, lo mismo ocurre con distintos decretos de la dictadura e incluso se mantiene en recientes normas sancionadas por la democracia.

Si se lee el proyecto de Ley de Medios Audiovisuales, hay beneficios para originarios, universidades y para el culto católico, le otorga licencias para ocupar espacios”, cuenta Catanzaro.

En el historial de normas que han significado ampliación de derechos, Catanzaro repasa que la Iglesia Católica se ha opuesto a todas: el Divorcio, el Matrimonio Igualitario, y la Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre otras.

“De ninguna manera este trato y este sostén específico del culto es inocente: esto pondera a la Iglesia Católica y la ubica en una situación preferencial. Entonces, cuando hay alguna cuestión que está atravesada por la moral católica y los católicos se sienten agraviados, no digo los fieles sino la curia, la Iglesia comienza a participar con una voz muy fuerte, muy preponderante en los medios, y opina sobre todo tipo de cuestión esperando que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo gobiernen por sus estándares de moralidad —explica—. Ocurrió con el aborto y con otros temas, como el consumo responsable de estupefacientes, cannabis medicinal, eutanasia”.

En ese sentido, el proyecto de OLA aboga porque se aplique efectivamente la Educación Sexual Integral (ESI) en el sistema educativo, establecida en la Ley Nacional de Educación de 2006 pero todavía ausente de la mayoría de las currículas debido a la fuerte oposición de la Iglesia Católica.

“El ordenamiento jurídico, que es ese conjunto de normas en las cuales tenemos primero a la Constitución y luego las demás leyes, debieran tener coherencia. Eso significa que si se abona por la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y se habla de una escuela laica, el resto de las normas debería ser concordante con ese criterio —analiza la letrada—.  La ESI tiene una línea de pensamiento para tratar de proteger a las infancias, darles información, que se respete la diversidad de elección, pero paralelamente el Estado facilita los propósitos de una religión que va en contrario. Hay una contradicción axiológica muy fuerte. Pagamos el sueldo a toda una serie de clérigos que formulan actuaciones contrarias a las normas que dicta el Estado argentino”.

En la misma línea, el Estado argentino mantiene símbolos religiosos en espacios públicos, en oficinas públicas, en escuelas públicas, en tribunales.

Si la mayoría del pueblo argentino profesa el culto católico apostólico y romano, ¿por qué el Estado argentino no debería sostenerlo?

—Los derechos humanos no se afirman ante la mayoría, se tienen que respetar a las minorías. No vale decir: como la mayoría somos heterosexuales, entonces no reconocemos a las minorías sexuales. Lo que proponemos es que el ordenamiento jurídico sea lo más plural posible, que quepan tanto protestantes, evangélicos como católicos y que todos sean tratados en igualdad de condiciones.  Porque vos, evangélico, le pagarás a tu pastor y también, por ser minoría, pagás el culto de la mayoría. Lo mismo para un ateo. El mismo derecho debería ser ejercido en igualdad de condiciones y que no le sea más costoso a la minoría ser minoría, porque esto es tan absurdo como poner un impuesto al homosexual.

 

Cristo vence

Con la intención de que este proyecto sea tratado en el Congreso, desde OLA están hablando con legisladores de distintos espacios políticos y juntando firmas para acompañar la iniciativa que brega porque “los cultos puedan manifestarse libremente pero sin buscar apropiación total o parcial de lo comunitario”.

“La vimos a (la presidenta de la Cámara de Diputados) Cecilia Moreau pero también vamos a ver a radicales porque sabemos que abonan por un Estado laico. Toda la izquierda también ha sido muy coherente en que siempre se han manifestado a favor. La Iglesia Católica en varias ocasiones intentó condicionar la agenda política de peronistas, radicales y de todos los partidos políticos”, señala Catanzaro.

Y recuerda la leyenda “Cristo vence” inscripta en los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo repleta de manifestantes justicialistas en 1955, y el enfrentamiento del ex presidente Ricardo Alfonsín con la Iglesia Católica que se oponía al Juicio a las Juntas, 30 años después.

Luego resume: “Acá cerquita tenemos el caso de Uruguay, que es un estado laico. Y es muy común que vos vayas a un restaurante y te atienda una persona que es cura. Este proyecto no intenta abolir la religiosidad, ni mucho menos menoscabar el derecho a la libertad religiosa de los creyentes católicos. Lo que se intenta es que se trate de igual modo la diversidad de personas que ejercen otras religiones y que no tienen por qué sostener a un único culto”.

Para ser parte de la iniciativa se pueden conectar con Organizaciones Laicistas Argentinas, en Twitter, Instagram, Facebook o al e-mail organizacioneslaicistas@gmail.com.

 

Entrevistadora: Gladys Stagno

Foto: Casa Rosada

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