Redacción Canal Abierto | El balance económico de 2022 cierra difícil. O mejor, según los economistas, podría decirse que cierra “desbalanceado”.

Así califica las cuentas de este año el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en el que destacan “dos etapas bien diferenciadas”, donde se modificó no sólo la gestión del Ministerio de Economía sino la política fiscal, monetaria y cambiaria.

Pero, advierten, en ninguna de ellas se logró una recuperación del poder adquisitivo de los ingresos populares, diezmados por la inflación. La gran deuda del gobierno de Alberto Fernández con su electorado y cuya resolución (o no) será el quid de la cuestión electoral en 2023.

 

El acuerdo con el FMI

Pese a que la economía de este año comenzó condicionada por los vencimientos con el FMI, la primera parte se describe como de una política fiscal “muy expansiva”, que incentivó la actividad en rápido crecimiento “pero sin nafta en el tanque” por la falta de reservas para sostenerla en el tiempo.

Esta falta de combustible comenzó a evidenciarse en abril, cuando el Ministerio de Economía no logró renovar todos los vencimientos de deuda.

“El Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) con la letra definitiva del acuerdo (con el FMI) recién sería público el 3 de marzo, cuando el Poder Ejecutivo lo envió al Congreso de la Nación para su aprobación. Sin embargo, dos semanas antes el escenario global se había modificado completamente tras el inicio del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia —detalla el CESO—. A partir de entonces, la discusión pasó a estar dominada por el impacto que tendría la guerra en nuestra economía ante el incremento de los precios de los alimentos y la energía. Sin embargo, este cambio no implicó ninguna reformulación del acuerdo en ese momento y las metas de reservas para 2022 recién se modificarían en la segunda revisión durante octubre”.

 

Segunda etapa: surfeando la crisis

Para mediados de año, tal como el CESO había adelantado, retornaron las presiones cambiarias a sólo tres meses de haberse iniciado el acuerdo con el FMI.

En junio, una corrida contra los bonos soberanos y la disparada de la brecha cambiaria determinó la salida del ministro de Economía Martín Guzmán.

Para evitar una crisis económica y social, el Gobierno destinó todos los recursos a impedir una brusca devaluación  “implementando un giro ortodoxo y concesiones a ciertos factores de poder internos y externos”.

De allí en más sobrevino una fuerte reducción del gasto público para alinear la política fiscal al acuerdo firmado con el Fondo, un aumento de las tasas de interés, nuevas restricciones para la compra de dólares y beneficios en el tipo de cambio para sectores agroexportadores.

El achicamiento del gasto para cumplir con el Memorándum significó una menor actividad, que en octubre registró una caída del 0,4% respecto de septiembre.

 

Resultados de 2022

Pese a que a lo largo del año el Ministerio de Economía cambió caras y políticas, el CESO pone el énfasis en que con ninguna pudo lograrse “una recuperación del poder adquisitivo de los ingresos de las mayorías, castigado por la aceleración inflacionaria”.

Como no hubo “medidas de desacople significativas”, el impacto de la guerra terminaría “siendo neutro en materia de dólares pero significativo en los precios internos”, continúa el informe.

“(La suba) de las materias primas y la energía exacerbó una alta inflación interna con fuertes componentes inerciales. Así, la tasa de aumento de los precios casi se duplicó a lo largo del año, posándose cerca de los tres dígitos”, sostiene.

Esto erosionó los ingresos,  sobre todo de los sectores informales. Pero tampoco lograron alcanzar la inflación, a la que corren de atrás, las indexaciones de las jubilaciones y asignaciones ni las negociaciones paritarias.

Por otro lado asegura que, si bien la actividad es probable que cierre en 2022 con un nivel de crecimiento superior al 5,5%, “por el efecto inflacionario esto todavía no se traduce en un mayor poder de negociación ni mejora en los salarios en términos reales”.

 

Qué esperar para 2023

Para el CESO, la cuenta pendiente del Gobierno —y lo que le daría mejores chances electorales en 2023— es mejorar el poder adquisitivo de las grandes mayorías. Pero para que esta mejora suceda de forma sostenida se requiere de una menor inflación.

“En estos niveles inflacionarios, los salarios deberían estar actualizándose todos los meses, algo que sabemos que no ocurre y que exacerbaría la inercia inflacionaria. Por eso, para que cualquier mejora conseguida en una paritaria sea duradera, necesariamente tiene que darse en simultáneo con una inflación descendente”, explican.

Por otro lado, señalan que la amenaza de la macroeconomía sigue siendo la disponibilidad de dólares.Para el año próximo, ésta “va a estar comprometida por la sequía (cuyo impacto total se estima entre los US$ 6.000 y US$ 9.000 millones para 2023), los pagos netos que hay que hacerle al FMI por US$ 3.400 millones y el mayor costo en el financiamiento producto de las subas de tasas internacionales”, enumeran los economistas.

“La deuda en pesos también suma presión, ante la imposibilidad de extender vencimientos con el sector privado más allá de 2023 de forma voluntaria, al menos hasta el momento. En este marco, el crecimiento de un 2% previsto en el Presupuesto 2023 sería incluso una noticia positiva”, agregan.

“Mantener ese ritmo sin una crisis fuerte no es algo positivo en términos electorales, pero aún así debe considerarse un escenario optimista dadas las restricciones que enfrenta la economía. Para capitalizarlo electoralmente, el oficialismo debería tener una astucia política de la que, hasta el momento, carece —resumen desde el CESO—. Para afianzar sus chances electorales desde lo económico es imprescindible una baja en los niveles inflacionarios. Si resigna el objetivo inflacionario, probablemente veamos una política de ingresos más activa con alguna mejora en los niveles de vida pero también con un magro resultado en términos electorales”.

 

Ilustración: Marcelo Spotti

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