Por Gladys Stagno | En la Argentina, la evolución del saneamiento básico —entendido como la infraestructura de agua potable y desagües cloacales—ha dependido del devenir de los procesos políticos.
Las epidemias de cólera, viruela, escarlatina y fiebre amarilla, que ocurrieron entre 1867 y 1871, fueron el puntapié inicial de los primeros proyectos de saneamiento para la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a ellos, una década después esas obras daban cobertura a una cuarta parte de la población porteña.
Sin embargo, la reciente pandemia de COVID-19 no generó, ni remotamente, una reacción similar en las autoridades del gobierno liderado por Horacio Rodríguez Larreta.
“Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, el 15% de sus habitantes (unos 400 mil vecinos), que son los que habitan en villas, asentamientos y barrios populares, no acceden formalmente al agua potable y al saneamiento cloacal. ¿Cómo las epidemias de entonces en una década pusieron en marcha y ejecutaron un programa de saneamiento pionero en la región y hoy, 140 años después, la pandemia por COVID-19 no ha logrado modificar la lógica de la precariedad en el acceso al servicio de agua y saneamiento?”, se pregunta María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y dirigente de Unidad Popular en la Ciudad.
Intermediar y precarizar
Junto al Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), Koutsovitis acaba de publicar el informe Desigualdad territorial en el acceso al agua, la higiene y el saneamiento. Desafíos y nuevos paradigmas, que analiza el correlato entre los procesos políticos y la evolución del saneamiento urbano. Y hace eje en la política de la gestión del PRO al frente del gobierno porteño, que ya lleva 16 años, a la que llama “negocio de la emergencia”.
“La forma de acceso de muchas de las familias que forman parte del 15% que no tiene agua potable es mediante la entrega de agua a través de camiones aguateros. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destina cifras megamultimillonarias al servicio de estos camiones cisterna. Lo que hace es intermediar y precarizar el acceso al agua para garantizarle un enorme negocio, en este caso a la empresa Ashira, que va a cobrar aproximadamente 3.360 millones de pesos, recientemente preadjudicados”, detalla en diálogo con Canal Abierto.
Al comienzo de la pandemia de COVID-19, junto a un grupo de mujeres habitantes de barrios populares, la propia Koutsovitis formó parte del colectivo que recurrió a la Justicia con una acción de amparo que exigía al Gobierno de la Ciudad poder acceder al agua en igualdad de condiciones. Allí probaban, con documentación técnica, que donde no se había agua la tasa de contagios se multiplicaba, y la velocidad de los contagios también. Con el dengue ocurre algo similar.
“Junto con el amparo le propusimos al Gobierno de la Ciudad una serie de medidas concretas: un Plan de Agua y Saneamiento para Barrios Populares, y un plan de acción inmediata donde le detallamos un conjunto de acciones, entre ellas garantizar un tanque en cada hogar, que tenía un costo insignificante en relación al presupuesto de la Ciudad, y que los camiones cisterna tuvieran trazabilidad y cronogramas ciertos. Pero no hizo nada —recuerda la ingeniera—. 3.360 millones de pesos permitirían ejecutar de manera definitiva la red de agua en muchos barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Esta lógica del negocio de la emergencia para favorecer a unas pocas empresas y precarizar el acceso a los servicios es la lógica de la gestión del PRO en estos 16 años”.
Las quejas de los vecinos radican en que el servicio de los camiones cisterna es sumamente ineficiente. Estos recargan agua de la red de Aysa, y recorren el barrio hasta cierto punto porque, al ser de gran porte, no logran entrar en las calles pequeñas. Las familias deben acercarse hasta allí con lo que consigan para almacenar el agua pero, como los camiones no tienen un cronograma cierto, pueden pasar horas y hasta días esperando.
“Entonces, lo que ocurre es que los camiones llenos llegan y, muchas veces, llenos se retiran. Camiones que tampoco tienen controles de calidad”, explica Koutsovitis.
Si bien la Justicia hizo lugar al amparo durante la pandemia, el gobierno de Larreta apeló y planteó que garantizar el acceso al agua potable no era su responsabilidad sino de Aysa. La Justicia de la Ciudad le dio la razón y la causa pasó a fueros federales, donde actualmente los tribunales están evaluando qué definición tomar.
Subejecución y marketing
Mientras tanto, en lo que refiere a obras de saneamiento, en 2022 el gobierno porteño subejecutó el presupuesto de esta área en 130.000 millones de pesos. En otras palabras, a diferencia de lo que ocurría hace 140 años, la pandemia no modificó nada.
Durante los últimos ocho años que corresponden a la gestión de Larreta como jefe de Gobierno, éste puso en agenda la urbanización de barrios populares donde comenzaron con obras de infraestructura. Pero no lo presentó para la totalidad, sino para unos pocos: Villa 20, Carlos Mujica, Rodrigo Bueno, Fraga y Villa Lamadrid. Es decir, cinco de los cincuenta barrios populares que hay en suelo porteño.
Pero, incluso allí, en los cinco barrios elegidos, Koutsovitis denuncia que las obras que se llevan adelante no tienen en cuenta la infraestructura interna de los hogares, donde gran parte no cuentan ni siquiera con una canilla dentro de la vivienda.
“De nada sirve ejecutar redes de agua y de cloaca si los hogares no van a estar conectados a esas redes y si no van a tener al menos un inodoro y una ducha dentro del hogar, y un tanque donde almacenar el agua. El Gobierno de la Ciudad les traslada a las familias la adecuación de la infraestructura interna, es decir que la política sanitaria se traslada al esfuerzo individual que cada familia pueda hacer a la hora de conectarse y adecuarse”, relata.
Y agrega: “Estos procesos de urbanización consistieron en construcción de nuevas viviendas a las que han accedido unas pocas familias, con un plan de facilidades. Pero el proceso de urbanización debería integrar esas nuevas viviendas a los macizos históricos del barrio donde sigue viviendo la mayor parte de las familias, que no han tenido un impacto en el cotidiano. La lógica del marketing y la superficialidad es la lógica de la gestión de 16 años del PRO en la Ciudad. No hay un plan para la integración socio-urbana de la totalidad de los barrios populares porque se eligieron cinco barrios detrás de los cuales hay un gran negocio inmobiliario. Los demás, no importan”.