Redacción Canal Abierto | Vivimos un tiempo en que parece cada vez más lejano el cumplimiento de la garantía constitucional expresada en el artículo 41: “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado”.
Y no nos referimos únicamente a la contaminación del agua que tomamos, el aire que respiramos, los animales y productos frutihortícolas que consumimos, la tierra que habitamos y paisajes que disfrutamos. Existe otro elemento igual de importante que nos rodea, omnipresente e imposible de ignorar que se ve afectado por el vigente modelo extractivista y la sociedad de consumo. El ruido.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) viene advirtiendo sobre los efectos de la contaminación acústica en la salud humana, tales como la deficiencia auditiva causada por el ruido, la interferencia en la comunicación oral, trastornos en el sueño y reposo, efectos psicofisiológicos, sobre la salud mental, rendimiento y comportamiento.
En 2019, un estudio del organismo sanitario internacional, reveló que casi el 50% de personas de 12 a 35 años -más de 1.100 millones de jóvenes en el mundo- corren riesgo de sufrir pérdidas de audición a causa de usar en forma reiterada dispositivos electrónicos y auriculares personales a niveles sonoros más altos que el recomendado, mientras que ya hay más de 43 millones de jóvenes entre 12 y 35 años con discapacidades auditivas. De hecho, el Instituto Británico de Investigaciones Audiológicas advierte que los jóvenes de hoy podrían perder su audición 30 años antes que las generaciones anteriores.
“En nuestro país no existe una legislación nacional que aborde integralmente la complejidad de la contaminación acústica, que es tanto un tema ambiental como de salud pública”, fundamenta el diputado Eduardo Fernández (Frente de Todos) y autor de un proyecto de ley al respecto presentado este 26 de abril, Día Internacional de Concientización sobre el Ruido.
Se trata de una iniciativa que busca prevenir, controlar y corregir las actividades humanas que generan un bombardeo sonoro que cada vez afecta a un mayor número de personas.
Ahora bien, ¿a qué llamamos ruido? La OMS considera los 50 decibeles (dB) como el límite superior deseable, mientras que establece el límite de tolerancia en 65 dB. A partir de los 120 dB el umbral del dolor es sobrepasado pudiendo provocar trastornos auditivos muy graves.
Un estudio elaborado por Mimi Hearing Technologies, empresa alemana especializada en tecnología de audición a través del Índice Mundial de Audición, determinó Buenos Aires es una de las ciudades más ruidosas del mundo.
Entre los principales agentes responsables de esta contaminación se encuentra el tránsito urbano. Ruido de motores, cambios de velocidad, bocinas, escapes ensordecedores, repiqueteo de neumáticos, alarmas estridentes, accidentes, embotellamientos, aumento de vehículos particulares y un parque automotor de transporte público obsoleto sin mantenimiento adecuado provocan trastornos de salud, problemas de sueño, molestias, incordios y estrés, que pueden conllevar luego enfermedades nerviosas o cardiovasculares.
Para tomar noción de este impacto, los fundamentos del proyecto de ley presentado en Diputados plantean que una persona esperando un colectivo debe soportar un promedio de 80 dB y picos superiores a los 100 dB. Mediciones tomadas desde la ventana del living y de la cocina de un domicilio vecino a la porteña Autopista 25 de Mayo entre las 19.30 y 19.50, arrojaron niveles de ruido que oscilan entre 84.1 dB y 86.0 dB.
Esta contaminación también incluye a distintas actividades industriales y comerciales, que suelen conllevar la presencia de ultrasonidos, infrasonidos y vibraciones. Asimismo, la construcción, servicios y actividades recreativas como el uso de fuegos artificiales o los recitales. Esta última, cada vez más frecuentes y poco reguladas en localidades como la Ciudad de Buenos Aires.
Pero el ruido no es una problemática que afecte exclusivamente a las grandes urbes. Casualmente, días antes de la presentación del proyecto, el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Cosquín hizo lugar a un amparo contra la obra de la autovía de Punilla, Córdoba. La acción fue presentada por Solange Nievas, vecina y madre de 4 niños menores de edad, diagnosticados con distintos problemas de salud -espectro autista, hidrocefalia y epilepsia refractaria- que se ven fuertemente afectadas por los ruidos de las explosiones utilizadas para dicha obra.
“La problemática y las variadas fuerzas de lobby atraviesan de forma horizontal a los distintos partidos políticos y cada una de las localidades, por eso entendemos que sería clave la sanción de esta ley nacional de presupuestos mínimos para la prevención y control”, explica a Canal Abierto el diputado Fernández, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En caso de aprobarse, luego los distritos deberán adherirse a la normativa.