Redacción Canal Abierto | El multimillonario británico Joseph Lewis, dueño de la estancia en Lago Escondido en el sur argentino y propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur, se entregó este miércoles a la justicia estadounidense para declarar en la causa que lo investiga por “fraude financiero” y “traficar información privilegiada”.
La oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusó al magnate de 86 años y residente en Bahamas de utilizar sus posiciones de poder para proporcionar información privilegiada de la empresa a asociados para que ganaran millones de dólares en operaciones bursátiles.
“Joe Lewis es un hombre rico, pero como alegamos, usó información privilegiada como una forma de compensar a sus empleados o para colmar de regalos a sus amigos y amantes. Esa es la corrupción corporativa clásica. Es hacer trampa y va en contra de las leyes, que se aplican a todos, sin importar quién seas”, añadió el fiscal.
La acusación de 29 páginas enumera los 19 cargos contra el empresario, incluidos varios por «fraude bursátil». Podría enfrentar hasta 25 años de prisión por el cargo más grave.
El empresario se declaró «no culpable» en su primera comparecencia ante el tribunal y quedó libre bajo una fianza de 300 millones de dólares, para la que puso como garantías su yate Aviva de 98 metros de largo y su avión privado.
Según ese acuerdo, deberá permanecer en los estados de Nueva York, Georgia o Florida y entregar sus pasaportes.
En la Argentina, el magnate amigo del expresidente Mauricio Macri es acusado de apropiarse de 12.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo una residencia que impide el acceso libre a Lago Escondido, a 50 kilómetros de El Bolsón, en la provincia de Río Negro.
En 2009, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro reconoció un amparo para garantizar el ingreso popular al lago. Pero el gobernador Alberto Weretilneck descartó la posibilidad de construir un camino “ridículalmente costoso”.
El inglés sostuvo siempre que el acceso al lago era posible. Y es verdad. El año pasado activistas marcharon 34 kilómetros por un sendero de montaña no apto para vehículos. No todos llegaron. Quienes lo hicieron aseguran que sólo pueden lograrlo personas en óptimas condiciones físicas.
También hay otro camino denominado Tacuifí, que une la ruta 40 con el Escondido. Abandonado y sin mantenimiento, tratará de ser este sábado el medio para este grupo de personas encabezadas por Julio Urien, presidente de la Fundación para Promover la Cultura del Agua. El hombre era teniente de fragata cuando en 1972, en plena dictadura de Alejandro Lanusse, sublevó a un regimiento de infantes de Marina para exigir el regreso de Juan Perón.
En octubre del año pasado, otro polémico echo salpicó a Lewis, cuando un grupo de jueces federales, fiscales y funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires viajaron a la estancia Lago Escondido, del multimillonario inglés Joseph Lewis en octubre del año pasado, invitados por ejecutivos del Grupo Clarín.
A los pocos días del viaje trascendieron mensajes de Whatsapp del contingente integrado por Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal); el procurador de CABA Juan Batista Mahiques; el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey; el CEO del multimedios, Jorge Rendo; y Marcelo D’Alessandro, ex ministro de Justicia porteño.
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En medio de otras barbaridades, los mensajes exponen una cadena de artimañas que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas sobre el lujoso viaje.
El 15 de setiembre de 2021, uno de los jueces que viajó a Lago Escondido respondiendo a una supuesta invitación del Grupo Clarín para alojarse por dos días en la estancia del rico empresario británico Joseph Lewis firmó un fallo judicial que benefició al propio Lewis y a su familia. Y, de paso, contribuyó a convalidar que un extranjero se hiciera propietario de terrenos comprendidos en una “Zona de Seguridad de Fronteras”, lo que está vedado por la legislación local.