Redacción Canal Abierto | “Reclutan sectores lúmpenes, marginales, que no son siquiera trabajadores municipales ni afiliados para venir a atacarnos armados. Tenés que escuchar los audios: ‘preparen las armas; entramos disparando’. Estuvimos toda la noche y la madrugada en guardia. Se agruparon unos 50 que ahora están un poquito alejados y amenazan con venir el sábado”, narra Santiago Seillant, secretario Adjunto del el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), en diálogo con Canal Abierto.
En las últimas horas de ayer, lunes 9 de octubre, cuando el SEOM se aprestaba a realizar las asambleas para decidir un plan de lucha ante la exclusión de los municipales y estatales de menores ingresos de los aumentos salariales, recibieron por mensajes de whatsapp filtrados la noticia de que se preparaba un ataque a manos de una patota armada para las primeras horas de este martes.
“Durante la noche del día de ayer la Comisión Directiva del S.E.O.M. Jujuy recibió audios donde trascendió un plan donde un grupo encabezado por militantes radicales organizaban la toma a mano armada de la sede central del SEOM situada en la capital provincial. La convocatoria iba dirigida a grupos ajenos al ámbito laboral municipal, la realizaban a través del ofrecimiento de $ 200.000 y puestos de trabajo”, describe el gremio jujeño en un comunicado.
En el mismo, se señala como cabecillas de esta operación a Jorge “Corcho” Jurado y un tal “Gordi”, militantes radicales que, según denuncian, ya actuaron como patotas al servicio del gobierno de Gerardo Morales en las pasadas elecciones del sindicato municipal y en las elecciones de la seccional jujeña del gremio de la construcción.
“Todos los sectores que hemos estado peleando contra la reforma en junio y julio estamos siendo hostigados con las causas contravencionales. En nuestro caso se sumó una causa penal que estaba prescrita y ahora este hecho. Intentan tomar el sindicato, atacarnos para que respondamos, nos defendamos y poder tener excusas para una intervención. Es parte del hostigamiento”.
“Nosotros lo definimos como un movimiento de pinzas: por un lado el Código Contravencional, con el que nos quieren aplicar multas de hasta 12 millones de pesos por haber estado en las manifestaciones del 20 de junio y de los días sucesivos. Luego la causa penal que reactivaron de un expediente que nunca llegó a andar porque había sido elaborado sin pruebas en 2017. Entonces, les sirvió para encarcelarnos como un mes a varios dirigentes. Esa causa, que no se tocaba hace seis años, ahora la reactivaron y pesa sobre las vidas de once compañeros y compañeras, dirigentes y afiliados. Y por último, la amenaza de este ataque”, describe Seillant la preocupante situación.
“Violan el Código Penal, violan la Constitución, no les importa nada. Y además utilizan el código contravencional que depende del Ministerio de Seguridad, del Poder Ejecutivo y restringe los derechos de reunión y de protesta. Y, como si esto fuera poco, también financian patotas porque estos personajes no tienen dinero por sí mismos, son financiados. Nos llega el rumor de que estaría implicado el hermano del gobernador, Freddy Morales, el secretario de la Gobernación”.
Una discriminación flagrante
“Un brutal acto de discriminación”. Así calificó la comisión directiva del gremio el hecho de que el gobierno de Morales, en la última liquidación de salarios no realizó ningún aumento en los pagos a los trabajadores con menores ingresos del estado provincial que, por otro lado, cobran la mayor parte de sus haberes en negro.
Se trata de un congelamiento total de los sueldos de agosto a noviembre para el 47% de todos los municipales jujeños y miles de estatales: son 5340 jornalizados, 4890 municipales de planta permanente, 940 contratados y todos los contratados y permanentes estatales de las Categorías 1 a la 10 inclusive.
Cabe aclarar que en la provincia los sueldos municipales son pagados por el gobierno provincial, por lo tanto las paritarias de los trabajadores comunales son negociadas con el ejecutivo.
La solidaridad, la mejor defensa
“Esta banda se agrupó a las 7.30, 8 horas, y estuvieron dando vueltas. Como nosotros llamamos a los delegados y había mucha gente acá no atacaron. Han venido dirigentes históricos, estuvo recién el “Perro” Santillán; se acercaron también dirigentes del ámbito estatal y docente”, comenta Seillant.
“Nos quieren desviar del trabajo cotidiano. Hoy teníamos las asambleas de base para ver cómo contrarrestar la política salarial de hambre, para ver qué acción tomar. Presentamos la denuncia judicial y por suerte nos tocó una fiscal que nos permitió ampliar la denuncia. Pero hasta recién, a las 11 de la mañana, no hubo policía. Nosotros denunciamos y les dejaron la zona liberada para actuar”, concluye el dirigente jujeño.
En los audios mencionados, a los que tuvo acceso este medio, uno de los convocantes al eventual ataque, Jorge Rubén Jurado, señalaba: “Ya le hablé al Jefe de Infantería y van a caer ellos a las 8:00, 08:15 horas van a caer. Yo les dije que caigan 8:30, cosa que nos den tiempo a hacer la operación”.
Como en otras épocas oscuras, de las que esa provincia tiene vivos recuerdos, las patotas al servicio del gobierno se encargan de ir más allá de donde la ley, forzada y pisoteada al extremo en esta provincia, permite.