Redacción Canal Abierto | El habitual informe anual que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, publica en diciembre, arrojó que desde el reinicio en 2006 de los juicios por crímenes del terrorismo de Estado fueron condenadas 1.117 personas y 168 resultaron absueltas en 294 sentencias dictadas por tribunales de las diferentes jurisdicciones federales del país, de las cuales un 62% posee alguna instancia recursiva pendiente.
Sin embargo, el documento señaló que “las demoras siguen siendo una traba en el proceso de juzgamiento” y que se observa “una tendencia en baja del número de detenidas, consolidándose el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante desde el año 2016”.
“Durante el año en curso fallecieron 63 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad; 21 permanecen prófugas y otras 15 se encuentran en el exterior del país y registran pedido de captura. Del universo total de personas bajo investigación, son 1.506 las que permanecen en libertad y 717 las detenidas, de las cuales el 77% de estas últimas se encuentra con arresto domiciliario, y el y el 30% de ellas cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico”, de acuerdo a lo detallado en el informe.
Actualmente hay 10 juicios en etapa de debate y 643 causas en trámite en las que son investigadas por delitos de lesa humanidad -o lo fueron hasta su fallecimiento- 3.640 personas.
Durante 2022 hubo 22 sentencias: 5 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en las causas Vesubio III, Chavanne-Grassi, Regimiento de Infantería 6 de Mercedes por el ataque a la imprenta del PRT-ERP, Comisaría de Ramos Mejía y ESMA V contra Mario “Churrasco” Sandoval), 1 en Concepción del Uruguay, 1 en Formosa, 1 en Jujuy, 1 en La Pampa, 1 en La Plata contra Miguel Etchecolatz, 1 en Paraná, 1 en Resistencia, 2 en Santa Fe (causas Brusa residual II y Martínez), 1 en San Rafael, 3 en San Martín (causas Campo de Mayo-Vuelos, Megacausa Campo de Mayo y La Pastoril), 1 en San Juan, 2 en Salta (causas Yazlle y Medina Ortiz) y 1 en Rosario.
275 causas se encuentran en etapa instrucción y 62 dispuestas para la elevación a juicio. De estas últimas, 6 tienen fijada una fecha de inicio del debate para 2023.
En cuanto a las condenadas, se registraron este año 65 personas sentenciadas: 58 condenadas y 7 absueltas.
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2023
Hay programados seis juicios para los primeros meses del 23: cuatro serán en Capital Federal -entre ellos, el tercer tramo de la causa que investiga crímenes de la Superintendencia de Seguridad Federal, con 18 imputados-, uno en Corrientes y otro en Santa Fe.
Durante este año, además, deben continuar 10 juicios ya iniciados en cinco provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera que durante el año al menos tres de ellos lleguen a sentencia: la Megacausa de San Juan, el de Mendoza y el juicio sobre “los Pozos” del Circuito Camps, en el sur del conurbano bonaerense, que comenzó en octubre de 2020. A continuación, el detalle de los juicios en curso.
-Bahía Blanca: Quinto Cuerpo Del Ejército – Ayala (37 imputaos; 334 víctimas)
Es el mayor juicio por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura realizado hasta el momento en Bahía Blanca. Se juzgan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual cometidos en el V Cuerpo de Ejército, que tuvo su sede en Bahía Blanca y jurisdicción sobre toda la Patagonia. Los 40 imputados son ex miembros del Ejército, en su mayoría oficiales de la jefatura del V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181, ex integrantes de fuerzas de seguridad y agentes penitenciarios. Dos de ellos fueron profesionales de la salud del Ejército, Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, acusados de realizar la atención médica de las víctimas del centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”.
-CABA: ABO V (Circuito “Atlético-Banco-Olimpo”) (5 imputados; 385 víctimas)
Se trata del quinto juicio realizado por los crímenes cometidos en el circuito represivo de los centros clandestinos de detención conocidos como “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. Se encentran acusados cuatro ex miembros de Gendarmería y un ex oficial de la Policía Federal por secuestros, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual cometidos contra 385 personas. Los ex gendarmes Sergio Nazario, Miguel Pepe y Miguel Lugo están acusados de integrar la patota y la guardia del “Olimpo”, mientras que Hugo Medina, comandante de Gendarmería, fue su superior y el encargado de designar el personal de la fuerza para el funcionamiento del centro clandestino. Carlos Infantino era oficial en la Superintendencia de Seguridad Federal y está acusado por crímenes cometidos en “Atlético” y “Banco”, entre ellos el secuestro y desaparición de Victoria Vallejos, una joven que trabajaba en su casa como empleada doméstica, y su novio, Miguel Ángel Leguizamón. El subcomisario José Ahmed Estrada también iba a ser juzgado pero falleció un mes antes del inicio del debate. La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó que en el debate se incluyan los hechos que se le imputaban en base al derecho a la verdad de las víctimas.
-CABA: Donda Tigel – Apropiación de victoria Donda Pérez (1 imputado; 1 víctima)
Es juzgado el exmarino Adolfo Miguel Donda por su responsabilidad en la apropiación de su sobrina, Victoria Donda, nacida en el centro clandestino de detención de la ESMA durante el cautiverio de su madre, María Hilda Pérez, quien aún permanece desaparecida. Donda fue integrante del Grupo de Tareas de la ESMA al igual que el prefecto Juan Antonio Azic, quien inscribió a la beba como su hija biológica y ya fue condenado por esos hechos. Recién en 2004, Victoria logró recuperar su identidad por la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. Este será el tercer juicio que enfrente Donda, quien ya fue condenado dos veces a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en la Megacausa ESMA.
-CABA: Sheraton IV (2 imputados; 28 víctimas)
El juicio analiza el rol de la cúpula del Grupo de Artillería Mecanizada (GAM) 1 del Ejército, que tenía bajo su control el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “Sheraton”, que funcionó en los calabozos de la Subcomisaría de Villa Insuperable. Están acusados Alejandro Federico Salice, ex jefe de Logística del GAM 1 de Ciudadela, y Roberto Horacio Sifón, ex jefe de Finanzas de la unidad militar. Serán juzgados por los crímenes cometidos contra 28 personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad y sometidas a tormentos, entre las que se encuentran el sociólogo Roberto Carri y su esposa, la profesora Ana Caruso, el cineasta Pablo Szir y el escritor y guionista de historietas Héctor Germán Oesterheld. El “Sheraton” fue denominado así por los propios represores, que consideraban que las condiciones allí eran supuestamente mejores que en otros centros clandestinos de detención. En tramos anteriores de la causa ya fueron condenados el resto de los responsables de la Plana Mayor del GAM 1.
-La Plata: Hogar de Belén (8imputados; 9 víctimas)
Se investigan los delitos sufridos por Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, quienes en 1977, con 2, 4 y 5 años, fueron secuestrados, sufrieron tormentos y abusos sexuales. El juicio también abarca el homicidio de seis personas, entre ellas Vicenta Orrego, la madre de los niños y la niña. Los hermanos Ramírez fueron secuestrados tras presenciar el asesinato de su madre en su casa de San José, partido bonaerense de Almirante Brown, el 15 de marzo de 1977. Su padre, Julio Ramírez Domínguez, estaba detenido por razones políticas en la Unidad Penal N°9 de La Plata. Los tres niños fueron dejados en la casa de unos vecinos y luego entregaron al Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Delia Pons, ya fallecida. La jueza los envió al Hogar de Belén, dependiente de la iglesia católica, donde fueron anotados con el apellido de la pareja que estaba a cargo del lugar, Dominga Vera y Manuel Maciel, y sufrieron todo tipo de vejaciones y abusos durante más de seis años. Desde el Tribunal bloquearon los intentos de la familia por dar con los niños, incluidos los de su padre, quien recuperó la libertad en 1981 y recién en 1983 pudo reencontrase con ellos en el exilio. Por las graves demoras en esta causa, los acusados por los abusos sufridos por los hermanos Ramírez fallecieron o fueron apartados por problemas de salud y no serán juzgados, como ocurre con los responsables del Hogar. La única persona que llega imputada por este caso es la exsecretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer, quien está acusada por retención y ocultamiento de los niños y la niña.
-La Plata: Las Brigadas (14 imputados; 442 víctimas)
Los centros clandestinos llamados Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield funcionaron en los edificios de las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense emplazadas en esas localidades. La causa de Pozo de Banfield nuclea 254 víctimas. Las de Pozo de Quilmes son 175, 21 de las cuales pasaron por ambos CCD. El Pozo de Banfield funcionó también como maternidad clandestina ya que al menos pasaron 16 mujeres embarazadas, una de ellas fue liberada. La mayoría dio a luz en ese lugar. El juicio se realiza de manera unificada con la causa por los crímenes ocurridos en el Centro Clandestino del Infierno que funcionó en la Unidad Regional II de la Brigada de Investigaciones de Lanús que dependía de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Estaba ubicada a dos cuadras de la céntrica avenida Mitre de Avellaneda, en la calle 12 de octubre N°234, donde parte de sus integrantes vestían de civil y se combinaban con personal militar para producir los operativos. Hoy es Espacio Municipal de Memoria. Entre las víctimas se encuentran los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino, propietarios en Santiago del Estero de ILSA, Industria Láctea SA, secuestrados, torturados y desapoderados de todas sus pertenencias.
-Mar del Plata: La Huerta (25 imputados; 109 víctimas)
La causa investiga hechos ocurridos en los Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Huerta”, que funcionó entre 1976 y 1978 en la ciudad de Tandil, y “Quinta de Méndez”, el ex Instituto Superior de Enseñanza Rural (ISER) y las comisarías Primera y Segunda de la ciudad. También abarca crímenes cometidos en la localidad de Azul. Los imputados son su mayoría ex miembros del Ejército y de fuerzas de seguridad, aunque también están acusados dos civiles, los hermanos Emilio y Julio Méndez, propietarios de la quinta utilizada como centro clandestino de detención. Ambos fueron condenados en 2012 como partícipes del secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, pero en 2020 fueron beneficiados por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó que se vuelva a examinar su caso, por lo que fueron luego absueltos por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
-Mendoza: Destacamento 144 (21 imputados; 107 víctimas)
Son cuatro causas acumuladas que se tramitaron por separado en la etapa de instrucción. El debate analiza la responsabilidad de 21 imputados por crímenes a 107 víctimas, 61 de las cuales están desaparecidas y tres fueron ejecutadas. En su mayor parte, los acusados pertenecían a la estructura del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, que tenía a cargo la recolección y procesamiento de la información y la coordinación de operativos con otras fuerzas militares y de seguridad, y de la Fuerza Aérea. Entre los hechos que se juzgan, se encuentran las desapariciones realizadas en el marco del “operativo antijesuita” contra militantes que trabajaban con el cura José María “Macuca” Llorens, en el barrio San Martín y múltiples detenciones en la IV Brigada Aérea.
-Rosario: Guerrieri IV (16 imputados; 116 víctimas)
En este cuarto juicio por la megacausa Guerrieri se Investiga la responsabilidad de 16 ex militares, ex policías y civiles en los crímenes cometidos contra 116 personas que fueron víctimas del accionar represivo del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Argentino y de la Delegación Rosario de la Policía Federal. Las víctimas, de las cuales, más de la mitad permanecen desaparecidas o fueron asesinadas, fueron llevadas a diferentes centros clandestinos de detención ubicados en Rosario (La Intermedia, Escuela Industrial Magnasco y la Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu”), en Funes (la Quinta de Funes y la ex Casa Saleciana “Ceferino Namuncurá”) y en Granadero Baigorria (La Calamita). En este tramo de la megacausa se investiga por primera vez el rol de la patota de la Policía Federal de la Delegación Rosario en los hechos perpetrados desde el Destacamento 121 y son juzgados 7 de sus miembros, cinco de los cuales no tienen condenas previas. El resto de los imputados son exmilitares y Personal Civil de Inteligencia del Ejército, casi todos ya condenados en esta megacausa, como Pascual Guerrieri, ex jefe del Destacamento 121, Jorge Fariña y Juan Daniel Amelong, jefe y subjefe de Operaciones Especiales de Inteligencia del Destacamento.
-San Juan: Megacausa San Juan III (28 imputados; 150 víctimas)
El expediente acumula seis causas. Comprende hechos padecidos por 150 víctimas, de las cuales 22 se encuentran desaparecidas y 6 fueron ejecutadas en el contexto de un caso conocido como Fusilamientos. También se investigan privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y violencia sexual. Los imputados pertenecen a la Policía de San Juan, al Ejército y abarca a Juan Carlos Yannello, Fiscal Federal en aquella época, quien está imputado por encubrir crímenes de lesa humanidad contra 78 víctimas.
Fuente: juiciosdelesahumanidad.ar y Fiscales.gob.ar