Redacción Canal Abierto | Como ocurre casi todos los fines de año, el Congreso llamó a sesiones extraordinarias para tratar –y eventualmente aprobar- una andanada de proyectos en tiempo récord. Se trata de 40 propuestas entre las que se encuentra una que el Grupo Clarín y La Nación siguen de cerca: la desregulación del precio del papel de diarios.

Presentado por el diputado Diego Bossio -y apoyado por Cambiemos, el PJ federal, y el massismo-, el proyecto que pasó vertiginosamente por la comisión de Comercio consiste en derogar una serie de artículos de la ley 26.736, que regula precio y stock del papel para diarios cuya principal productora en el país es Papel Prensa, denunciada en la Justicia por haber sido apropiada durante la última dictadura por sus actuales accionistas.

La iniciativa de Bossio fue colocada, vía decreto, por Mauricio Macri entre los temas a tratar en Diputados desde ayer, y todo indica que tiene garantizada la media sanción. Esta ley avanzaría sobre la declaración de “interés público de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios” que figura en el artículo 1 de la ley que fue reglamentada en diciembre de 2011.

En concreto, pretende eliminar la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público, y de operar “a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel” (artículo 40) y presentar y ejecutar cada tres años un plan de inversiones (artículo 25). También serían modificados los artículos 21, 24, 26, 27 y 41.

Esta medida permitiría a Papel Prensa decidir a qué precio vende le vende el papel a cada diario, cuando actualmente tiene la obligación de fijar un valor único para todos los compradores. La empresa –que según los medios autogestivos ya aumentó 110% el precio del papel durante 2018- poduce aproximadamente 170.000 toneladas por año, tiene 170 clientes, y es dueña del 75% del papel que necesitan todos los diarios del país.

La empresa -cuyo paquete accionario es compartido por Clarín (49%), La Nación (22,49%) y el Estado nacional (27,46% directo, y 0,62% de propiedad de la agencia oficial de noticias Télam)- venía reclamando esta medida, junto con algunos diarios tradicionales del interior agrupados en la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina (Cooppal). Ambos grupos sostienen que la ley, tal cual está, impide la “libertad comercial” porque encarece insumos y “obstaculiza inversiones”.

Por el contrario, desde la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadiccra) sostuvieron que la ley, tal cual está, “aseguraba que todos los medios gráficos, independientemente de su facturación, tuvieran las mismas condiciones de acceso para el vital papel para diarios. Con los golpes de mercado producidos bajo las condiciones económicas del gobierno de Mauricio Macri -inflación descontrolada, devaluación del peso, recesión, restricciones en el financiamiento, entre otros-, se suma esta voluntad expresada por diputados de Cambiemos para restringir la sustentabilidad de los pequeños medios -pymes y cooperativos- que aseguramos la multiplicidad de voces en cientos de comunidades de todo el país”.

En tanto, en el Encuentro Nacional de Diarios Recuperados -integrado por Tiempo Argentino, Revista Cítrica, La Vaca y otros medios gráficos gestionados por sus trabajadores-, denunciaron: el proyecto “amenaza nuestra posibilidad de ejercer el oficio y constituye un serio ataque a la libertad de expresión”.

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