Redacción Canal Abierto | Finalmente, Mauricio Macri firmó el decreto que asignó un bono de $ 5.000, a pagar en dos cuotas iguales junto con los salarios de noviembre y enero, para una porción del sector privado.

El bono, que intentó dar un shock de consumo, frenar hasta nuevo aviso el paro general que la CGT, y descomprimir un diciembre que se aventuraba deprimido y tenso, dejó afuera –de acuerdo con el texto del decreto que saldría publicado mañana en el Boletín Oficial- a los estatales, al campo, a los y las trabajadoras de casas particulares, y estableció un régimen de flexibilidad para las actividades “en crisis”.

“Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, representantes de los trabajadores y empleadores, en ejercicio de su autonomía colectiva, podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o en declinación productiva”, reza el artículo tercero. Estas actividades “en crisis” no son pocas. El último estimador mensual industrial del INDEC muestra una caída estrepitosa en septiembre (11,5%), sobre todo para los textiles, los gráficos, y la metalmecánica.

Por su parte, –según las “fuentes inobjetables” de Clarín y pese a que el decreto presidencial los deja afuera expresamente en su artículo 5- habría un bono equivalente también para los estatales, que alcanzaría a los 140 mil trabajadores de la administración pública centralizada, sin diferenciación de jerarquía ni remuneración.

También, una compensación paritaria del 10%, que subsana sólo en una pequeña parte la realidad del sector: según datos del INDEC, en lo que va de 2018 los trabajadores del Estado perdieron 9,9% del poder adquisitivo del salario, producto de la paritaria que el gremio mayoritario de la Administración Pública Nacional, UPCN, firmó a la baja con el ministro Jorge Triaca, quien se iría de su cargo antes de fin de año.

“Lo que tenemos como gremio hasta ahora es una información extraoficial porque el Gobierno sólo conversa con los gremios que le dicen a todo que sí, como el de Andrés Rodríguez”, explicó Hugo Godoy, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Y agregó: “Un bono de $5.000 está lejos de atender la pérdida que hemos tenido, por eso es que nosotros le exigimos al Gobierno una reapertura paritaria y no una decisión unilateral. Esperamos que eso suceda porque si no deberemos decidir una medida de fuerza nacional”.

Para empeorar el cuadro, algunas provincias ya manifestaron que no disponen de dinero para afrontar el gasto, entre ellas Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, ambos bastiones macristas con recursos privilegiados en comparación con el resto del país. 

La situación que describe Godoy es confirmaba por un análisis reciente del CEPA, que analiza seis gremios: estatales, gastronómicos, metalúrgicos, construcción, comercio, y gráficos. Allí se sostiene que el primero es el más perjudicado, y establece la pérdida de poder adquisitivo para el sector público en 14%. De acuerdo con el informe, para igualar la capacidad de compra que tenían en 2017, el bono de fin de año de los estatales debería ser de $51.734.

En tanto, y en línea con el CEPA, un estudio de Claudio Lozano, referente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas y Públicas (Ipypp), establece que “el salario promedio de la economía argentina, considerando todo el universo de trabajadores, asciende a $19.734,8. Por ende, el bono necesario para compensar lo perdido en el 2018, debiera ascender a $75.186,2”.

El corolario del polémico decreto presidencial establece, además, que este bono, de ser otorgado, podría ser absorbido por aquellos gremios que hayan acordado cláusula gatillo, y por aquellas empresas que ya habían decidido otorgar algún incremento de forma unilateral.

 

Contra los estatales

Godoy también tuvo un apartado sobre lo que describió como una “campaña permanente y propagandística de descalificación del trabajador del Estado, de la cual el presidente Macri se ha convertido en el mayor vocero”.

Según explicó, ésta “no ha podido horadar a la opinión pública, que confía en el Estado como regulador del mercado. De hecho, en cada una de nuestras acciones encontramos un alto nivel de solidaridad por parte de la sociedad”.

 

Ilustración: Marcelo Spotti

 

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