Por Víctor De Gennaro | Se hacen los sorprendidos por el nuevo sindicato del Flybondi, de su secretario general mostrando su currículum por haber trabajado para una empresa de Macri.

Pero la verdad es que esto viene sucediendo desde la sanción de la Ley de Asociaciones Sindicales (Ley 23551), el 23 de marzo de 1988. Esta nació en virtud del consenso logrado entre los dos partidos hegemónicos y opositores, el justicialista y radical (encontrándose éstos últimos en el gobierno, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín). Desde ese momento a la fecha, se encuentra vigente.

El sistema adoptado por dicha normativa fomenta la sindicalización por actividad, restringiendo severamente la posibilidad de reconocer personería gremial a una asociación sindical de empresa o categoría, profesión u oficio.

Al año siguiente –el segundo acuerdo entre ambos partidos– fue la sanción de la Ley de Obras Sociales (Ley 23.660). Esta fortaleció a los sindicatos como entes recaudadores de los aportes de Obra Social, garantizando la continuidad de un negocio comenzado con Onganía, y luego retocado por Menem con la famosa incursión de la medicina prepaga y prestadores y con libre elección al cabo de un periodo, convirtiendo a los sindicatos en recaudadores y contratantes del servicio. Por supuesto, ayudó al deterioro de la Salud Pública como derecho de todos los ciudadanos, a la par de la concentración del “complejo médico-asistencial privado” y los laboratorios medicinales.

Este modelo sindical permitió que se generaran un montón de engendros. Como en este caso, en Flybondi, donde se permite un sindicato de empresa. Mientras, en un mismo rubro, en una empresa estatal (Aerolíneas Argentinas) se permiten más de seis sindicatos por oficio a pesar de que las personerías “debieran” ser por rama de actividad.

Estos conflictos se extienden al sector metalúrgico (con UOM y SMATA), al de los trabajadores estatales (con ATE y UPCN), así como también con todos los gremios municipales o por empresa de servicios públicos. Llegando incluso a tener personería, en algunos casos, por Ministerio o repartición.

Podemos seguir con los ejemplos –como entre Comercio y Camioneros o el Sindicato del Subte con la UTA, etc.– y cientos de experiencias que no resolvemos los trabajadores en asamblea y en unidad, sino el dedo poderoso y partidario del ministro de Trabajo –ahora rebajado a secretario– de cada uno de los gobiernos hasta la fecha.

Se otorgaron no pocas personerías, dividiendo y parcelando así el movimiento obrero. Pero todos declarando que lo hacían en aras de la unidad.

La farsa se expone aún más cuando se aprueban los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con rango de supra ley a partir de la reforma constitucional de 1994. Situación que, por ejemplo, permitió la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley y permitió la aparición de dos centrales nuevas con simple inscripción (CTAA, y CTAT), con posibilidades de fuero sindical, cuota, y derechos sindicales, como producto además de la luchas por la libertad y democracia sindical que recorre la historia de la lucha de clases en Argentina.

Es tan claro que defienden intereses empresariales que la única voz permanente y resonante de defensa de este “modelo” en el Congreso anual de la OIT (donde nuestro país ha sido denunciado todos los años y sancionado varias veces) es el representante argentino –no de los trabajadores, sino el de los patrones– ante el organismo, Daniel Funes de Rioja. Un representante que exalta el modelo que permite no tener delegados en el 82,4% de sus empresas, de acuerdo a la última publicación oficial del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Hay que terminar con el verso de la personería y liberar las ansias democráticas de los trabajadores. Solamente en dos sectores no ha entrado el viento –o mejor dicho, ni siquiera la brisa– de la democratización desde 1984: donde se genera la riqueza (las empresas) y en la fuerzas de seguridad y militares. Ambos lugares, claves en los lamentables sucesos de la dictadura genocida padecida por nuestra comunidad.

Dicen que lo hacen para defender la “unidad de los trabajadores”, frase que sería risueña si no se tornara dramática. Ejemplo de ello es que permitan, por poner un ejemplo, que el secretario general de un sindicato de trabajadores pueda ser -¡aunque usted no lo crea!- un empresario.

Hoy, por lo menos, hay siete grupos o corrientes sindicales: tres centrales con personería o inscripción gremial, y cientos que no están en ninguna.

Aquí al ladito nomás, en el Uruguay, se cumple con el principio de su Constitución y que, por cierto, también figura en la nuestra. Es solamente un trámite administrativo de información y registro, no puede intervenir el Gobierno en la vida interna de lo que decidimos los trabajadores.

¿Saben cuántas centrales hay? ¡Una sola!

Si nos sacan la pata de encima, los acuerdos empresariales y el poder de control desde el Estado, no tengo duda que los trabajadores tenderemos democráticamente a la unidad.

Por supuesto, se acabarían muchos negociados. Es decir, empezaríamos a socavar las razones de la precarización, el desempleo y la explotación cada vez más grave y mortal en un país en el que está todo por hacerse, y donde el trabajo y la educación son las herramientas de liberación y seguridad de nuestro pueblo.

 

Un proyecto cajoneado
Con muchos militantes y dirigentes del movimiento obrero, con la experiencia de la creación de la CTA, Abogados Laboralistas, Institutos y profesionales, técnicos e intelectuales presentamos un proyecto producto del debate en asamblea de los trabajadores en todo el territorio de la Nación. Este todavía duerme el sueño de los justos en el Congreso de la Nación, donde lo que prima es el negocio y el pacto de gobernabilidad, y no la libertad democrática Pueden ver el video editado del debate en la presentación: https://youtu.be/SOHlvelJLig

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