Redacción Canal Abierto | En los últimos días de diciembre el presidente Macri anunció una serie de aumentos para este año, y que ahora se están operativizando. En enero y febrero aumentó el transporte, el agua, la luz, y en unos días hay audiencia pública para tratar el aumento del gas.

“Esos aumentos se dieron en un contexto donde los salarios están en baja con relación a la inflación. Casi la totalidad de los 13 sistemas que hacen a la vida ciudadana están dolarizados. El año pasado hubo una devaluación del 100% del dólar, pero las familias siguen cobrando en pesos, hay despidos masivos, ha aumentado la pobreza, y la decisión del Gobierno ha sido trasladar el costo de la devaluación a las familias, que ya no pudieron llegar a fin de mes”, comenta Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Esta situación ya era visible a fines de 2017. La pobreza energética aumentó y la indignación de la gente crece en la misma medida. De acuerdo a la Corte Suprema, cuando una familia destina más del 15% de su ingreso a pagar servicios públicos, dejan de ser asequibles. “Según los indicadores, más del 50% de la Ciudad se encuentra en pobreza energética”, informa Baldiviezo.

“No puede ser que tengamos un sistema energético dolarizado, cuando las empresas de energía en nuestro país la generan con recursos argentinos. No los importan desde otro lugar, es recurso nuestro, y el Estado no debería garantizarles un mínimo de precio en dólar”, agrega.

Este ejemplo está presente en la producción de gas convencional, para la cual el Estado garantiza US$4 por millón de BTU. Para el gas no convencional, el precio establecido es de US$7. “El Estado garantiza una rentabilidad en dólares, sin importar el costo de la producción ni la situación económica de las familia”, asegura el abogado.

La devaluación, en vez de modificar este sistema de pago, terminó trasladándose a la ciudadanía, porque tenía que garantizar este precio en dólares a las empresas. En este caso, lo que pasa con el gas también es importante, porque el 60% que se genera de esta energía se destina a la producción de electricidad. Entonces, la dolarización del sistema gasífero genera a su vez la dolarización del sistema eléctrico.

“El año pasado, un conjunto de asambleas elaboramos un proyecto de ley de emergencia tarifaria. Adquirió estado parlamentario porque varios legisladores lo hicieron propio, pero no lo trataron –informa Baldiviezo-. Este año, con los tarifazos y apagones, pedimos a la Legislatura que se trate en sesiones extraordinarias. Para esto hace falta el apoyo de 20 de los 60 legisladores de la Ciudad. Sólo conseguimos el apoyo de 18 de ellos. El bloque del PRO, Coalición cívica, el Partido Socialista y el bloque de Lousteau, decidieron no acompañar nuestro pedido”.

A raíz de eso, la red de asambleas que se constituyó decidió autoconvocarse en un parlamento ciudadano. “Tenemos que recuperar esa soberanía política que perdimos, porque ellos son nuestros representantes, no tienen autoridad propia, y ante este fraude de no impulsar los intereses de la ciudadanía en la Legislatura, decidimos esto”, sentencia.

La asamblea tendrá lugar este jueves 21 a las 17, en el Obelisco.

 

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Entrevista: Sil Juárez

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