Redacción Canal Abierto | Dos semanas atrás, la historiadora Cecilia Gárgano fue protagonista de una entrevista incómoda para La Nación. En el marco del 24 de marzo –Dia de la Memoria-, la becaria del CONICET había sido invitada al canal web del diario para hablar sobre uno de sus temas de estudio: las políticas en ciencia a lo largo de la historia Argentina, en particular durante la última dictadura cívico-militar, y sus continuidades y rupturas hasta nuestros días.

Entre otras cuestiones, la académica sostuvo que la intervención militar del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) estableció que las investigaciones del instituto debían ser cedidas al sector privado. Para enfado del matutino de la familia Mitre y la entrevistadora Luciana Vázquez, Gárgano recordó una editorial de La Nación a favor de la intervención del INTA, publicada en octubre de 1976.

“Se intensifica una mirada mercantilista, de una ciencia muy empresarial”, aseguraba la historiadora, en un intento por trazar líneas de continuidad entre tiempos dictatoriales y democráticos. Fue entonces que la periodista dio por terminada la entrevista que, por cierto, nunca llegaría a la web del multimedio.

«Hay una trayectoria histórica que tiene su pico en dictadura, pero que va a tener continuidad en democracia: la apropiación de conocimientos que se generan con fondos públicos por parte de sectores concentrados»

Creado en 1956 –durante la autodenominada Revolución Libertadora-, el INTA nació en medio de una de las tantas crisis económicas que vivió la Argentina. En ese marco, el organismo surgió bajo una perspectiva que comprendía al aumento de la actividad agropecuaria como único medio eficaz para restablecer el desarrollo en nuestro país. “Ya por entonces vemos una mirada particular de lo que es lo nacional, y una línea de continuidad orientada a aumentar la producción y rendimientos para mejorar los saldos exportables”, cuenta Cecilia Gárgano en esta entrevista con Canal Abierto.

“Luego, en los 70´, un grupo de investigadores con mirada económica y social del agro, van a buscar algunas cuestiones mas estructurales. Mas tarde, con la dictadura y sus política sectoriales para el agro y la ciencia, estos intentos se van a desmantelar rápidamente”, explica la doctora en historia egresada de la UBA, quien a su vez destaca la “represión brutal, que apuntó a la organización de los trabajadores del INTA”.

«Con Cambiemos se observa no sólo el recorte brutal y general a la investigación y la ciencia que todos conocemos, sino también un incremento de esta tendencia»

“Además de bajar los impuestos a las exportaciones, reducir el marco regulatorio y liberalizar el comercio, hay una trayectoria histórica que tiene su pico en dictadura, pero que va a tener continuidad en democracia: la apropiación de conocimientos que se generan con fondos públicos por parte de sectores concentrados. Por ejemplo, en el área de semillas”.

En democracia

“En el año 1987, el INTA va a ser el primer organismo de su tipo en firmar convenios de vinculación tecnológica con empresas privadas. Hoy vemos cómo, de forma bastante corporativa y funcional, el Estado –de la mano del INTA y sus investigadores- continúa disponiendo su inversión en pos de las empresas, en su gran mayoría multinacionales. Es decir, una ciencia mercantilizada que deja poco lugar en su agendas para problemáticas ligadas a otros sectores rurales, mas vulnerables”.

«En los distintos gobiernos democráticos no hubo una revisión estructural de cómo se produce, quién se apropia de las ganancias derivadas del agro y cuál debe ser el rol del Estado”

Con Cambiemos

“Durante el gobierno de Cambiemos se observa no sólo el recorte brutal y general a la investigación y la ciencia que todos conocemos, sino también un incremento de esta tendencia. Aunque con excepciones y miradas críticas en algunos espacios, tenemos una ciencia que termina siendo funcional al agronegocio”.

Sin ir mas lejos, días atrás el Consejo Directivo del INTA decidió, de manera inconsulta, la “reorganización” de algunas de sus estructuras. Así, con un discurso basado en la eficiencia, el macrismo resolvió desmembrar el CIPAF (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar). El plan del Gobierno es cerrar centros de investigación y que las agencias regionales pasen a depender de Estaciones Experimentales, lo cual –denuncian los trabajadores- afectaría su autonomía y presupuesto.

“La forma de producir hoy no es la misma que en tiempos de la dictadura, pero si se profundizaron la concentración de recursos, la expulsión de pequeños productores, las problemáticas sociales y ambientales. En los distintos gobiernos democráticos no hubo una revisión estructural de cómo se produce, quién se apropia de las ganancias derivadas del agro y cuál debe ser el rol del Estado”.

La ley de semillas

“Ahora esta mercantilización de la ciencia avanza junto a otra mercantilización, pero de la naturaleza”, opina Gárgano sobre un proyecto de ley que avanza en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas, un paso más hacia el patentamiento de semillas, que pretende limita el “uso propio” (guardar semillas de una cosecha y utilizarlas en la próxima siembra, una práctica tan antigua como la agricultura).

Hace ya tiempo que organizaciones de campesinos y ambientales vienen pronunciandose en contra del proyecto que –denuncian- podría dejar en muy pocas manos el control de toda la producción alimenticia en Argentina. Al día de hoy, cuatro grupos de empresas controlan el 90% de las semillas transgénicas y el 60% de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF.

ENTREVISTA COMPLETA:

Entrevista: Diego Leonoff (@leonoffdiego)

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