Redacción Canal Abierto | “Feliz día a todos los periodistas”, tuiteó el 7 de junio por la mañana el presidente Mauricio Macri. Sin embargo, resulta difícil pensar motivos de celebración para un sector que viene siendo tan golpeado, y que la actualidad no parece darle tregua.

Un relevamiento del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa arroja datos al respecto que son irrefutables: desde la asunción de Macri se perdieron al menos 4500 puestos de trabajo registrados en todo el país (990 durante 2018 y 288 en lo que va de 2019). La sangría representó nada más ni nada menos que un 30% de los puestos bajo Convenio Colectivo.

En cuanto a lo salarial, las últimas cuatro paritarias de prensa escrita y oral dejaron una pérdida de poder adquisitivo del 41.6%.

En su apartado “Represión a la prensa”, el informe plantea: “Los ataques a la libertad de prensa por parte del aparato represivo del Estado nacional se convirtieron en moneda corriente para este gobierno: desde 2016 a esta parte hubo 28 detenidxs y 55 heridxs por balas de goma. La frialdad de las cifras no transmite cabalmente la dificultad de cubrir acontecimientos vinculados a la protesta social en las calles, pero evidencian que el sesgo represivo tiene un correlato con el ajuste”.

Ejemplo de esta situación fueron las detenciones de los fotoperiodistas Bernardino Ávila (Página 12) y Pablo Barrientos (Revista Cítrica) cuando intentaban registrar la represión policial de una protesta de trabajadores de la cooperativa Madygraf, el 20 de febrero pasado. Similar situación atravesó Ezequiel Medone, trabajador de prensa de Antena Negra -un canal comunitario de televisión-, detenido el 1 de septiembre de 2018 mientras cubría una marcha por la aparición de Santiago Maldonado (en aquella ocasión, incluso, hubo denuncias de amenazas y manipulación de las actas oficiales para incriminarlo). O bien el caso del alemán Stefan Borghardt, aprehendido cuando sacaba fotografías en los piletones de residuos petroleros de Treater Neuquén SA, en Vaca Muerta.

En esta embestida contra la libertad de prensa, merece un capítulo aparte la avanzada sobre los medios públicos cabezada por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. A los 357 despidos en la agencia de noticias Télam y las campañas de estigmatización de sus profesionales, se sumaron las numerosas cesantías y denuncias de censura en Radio Nacional y la TV Pública. Entre ellas, la denuncia de que -en pleno año electoral, por orden del gerente Néstor Sclauzero y por primera vez en la historia del canal estatal- ningún periodista del staff propio conduciría un noticiero.

En el marco de las políticas de ajuste del Gobierno, 2018 fue el año de menor gasto en publicidad oficial de los tres que lleva la gestión de Mauricio Macri. Fueron $2.250 millones, casi 10% menos que los $2.439 millones de 2016. No obstante, el año pasado el Grupo Clarín fue el principal beneficiado: el pulpo mediático favorito de Cambiemos recibió cerca del 20% del total de la torta nacional. El segundo beneficiario fue el Grupo UNO, bajo control de Daniel Vila, con un 7,2%; y Telefe (Viacom), con 7%.

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