Por Elisa Corzo | “Pasan cosas extrañas como que, en Capital Federal, tenemos misoprostol en todos los centros de salud y garantizan la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) y, al mismo tiempo, se muere una mujer en Catamarca por un aborto clandestino”.

El 8 de agosto de 2018 la cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que había sido aprobado en Diputados. A un año del #8A sigue siendo necesario explicar que legalizar el aborto no solo evitaría muertes sino que mejoraría sustancialmente el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva en todo el país.

De acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 –último año en que se difundió este dato- hubo 43 muertes por aborto, lo que representa el 17% de las muertes de personas gestantes. Ese año, la Tasa de Mortalidad Materna fue de 3,4 cada 10.000.

Sin embargo, la información oficial es imprecisa. Consultada para este informe, Analía Bruno, médica generalista e integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en CABA, afirmó  que hay un grave problema de subregistro de las muertes por aborto clandestino: “Los certificados de defunción de todas las personas tienen siempre dos causas de muerte. En general, las personas nos morimos porque deja de latir el corazón. Entonces, la primera causa siempre es el paro cardio-respiratorio. Pero hay algo que hace que el corazón deje de latir. Cuando es un aborto, como segunda causa se pone ‘sepsis generalizada’. Pero nadie está diciendo que la sepsis fue producida por un aborto clandestino, y ahí tenés el subregistro de las muertes por esta causa”.

A veces el Ministerio de Salud ni siquiera recibe la noticia de que la causa de una muerte fue por un aborto clandestino. Así, “porque no se informa”, simplificó la especialista.

El Estudio de Omisión de Registro de Causa de Muerte Materna en Argentina (EORMM) que encabezó el Ministerio de Salud de la Nación en 2016, basado en datos de 2014, revela que para el aborto la omisión es del 17,3% (para todas las causas de Muerte Materna es de 14,2%). El mismo informe recopila antecedentes llamativos. Así, recupera que en el año 2008 la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (SOGIBA) constató una omisión del registro de causa de muertes maternas del 66% en la Ciudad de Buenos Aires.

Tener mayores certezas sobre lo que pasa en un país aún gobernado por la clandestinidad es clave para dimensionar el problema y, sobre todo, para intervenir desde la política pública.

“El libre acceso al aborto, de manera segura y gratuita, no sólo permitiría prevenir el 18% de las muertes por complicaciones de abortos sino, también, incidir sobre el 26% de muertes por causas obstétricas indirectas»

“Paulina”

En Catamarca, en marzo de este año, una mujer de 30 años, oriunda de un pueblo de 300 habitantes, murió a raíz de un aborto inseguro. El Ministerio de Salud provincial nunca informó el causal de muerte. Analía Bruno fue tajante al asegurar: “No lo van a decir, menos en este momento de recorte presupuestario, y en un año electoral”.

También para esta nota, Marina Villagra, la obstetra que recibió a ‘Paulina’ en la Maternidad 25 de mayo de la capital provincial, ratificó esa información: “Falleció por sepsis. Los que hacemos obstetricia sabemos que el cuadro que presentaba ‘Paulina’ -que se llama Síndrome de Mondor- solamente se ve cuando hay una maniobra de un aborto provocado, realizado en condiciones inseguras”.

La historia de esta mujer catamarqueña es un caso testigo porque deja entrever los diferentes factores que tejen la clandestinidad, y porque permite hablar de lo que pasa más allá de la General Paz.

Silencio

El caso fue difundido a nivel nacional gracias a un breve comunicado de la regional de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Su familia no sabía que ‘Paulina’ cursaba un embarazo ni que se había practicado un aborto, e incluso después de fallecida, algunos de ellos siguieron sosteniendo que había muerto por una peritonitis.

Médicxs

De acuerdo a lo que pudo reconstruir Villagra, ‘Paulina’ primero acudió al centro de salud de su pueblo, donde recibió tratamiento por un cuadro abdominal. “Hay versiones de que estuvo dos días internada, que le dieron el alta y que después volvió”, agregó. En concreto: “Desde el pueblo fue derivada a Tinogasta, donde se le hace una ecografía y se observa la presencia de un feto muerto. Esa misma noche lo expulsa, pero el cuadro ya era grave, había falla renal, hepática. Sí o sí tenía que estar en terapia, por eso la trasladan a la Maternidad de la capital”. Pero ya era tarde.

“Yo creo que las mujeres llegan a esto, primero porque no saben adónde recurrir y en la desesperación van al primer lugar que se les cruza sin saber los riesgos que corren”, expresó la médica, que atribuyó esto, principalmente, “a los prejuicios de los profesionales de la salud que hacen que las mujeres y niñas no sientan a los centros de salud como lugares seguros, de contención, donde les vayan a dar respuesta o solución”.

Antiderechos

Además de la muerte de ‘Paulina’, a fines de marzo una mujer del mismo pueblo, Elba Ibáñez, fue asesinada por el partero a quien ella había recurrido para interrumpir un embarazo no deseado. En paralelo, el grupo antiderechos “Somos más” intentó impedir que el equipo de la Maternidad 25 de Mayo le practique una ILE a una joven con retraso madurativo que había sido violada. Y en lo que va de 2019, al menos cinco niñas llegaron a la Maternidad con embarazos producto de abusos. Dos de ellas llegaron tarde para la ILE.

Catamarca

La provincia gobernada por Lucía Corpacci es una de las tantas que no adhirió al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. Además, hay un solo centro de Salud    -la Maternidad 25 de mayo- que cuenta con los recursos necesarios y con un equipo especializado que, desde 2014, aplica la ILE por iniciativa propia. También llevan adelante consejerías desde el Programa de Reducción de Riesgos y Daños que se aplica en aquellos casos que no encuadran en los causales de ILE. Una ginecóloga, dos obstétricas, una trabajadora social y una psicóloga reciben a alrededor de 600 personas al año en estado de aborto. De estos casos, el 5% corresponde a infecciones por aborto séptico, que se deduce que pueden ser por abortos clandestinos.

En el resto de la provincia faltan centros de complejidad y las estrategias de articulación son incipientes. El territorio está dividido en doce regiones. De esas, solo cinco cuentan con lo básico para atender maternidad: sangre, quirófano, anestesista. Las demás tienen que referir los casos a esas cinco áreas. Por ejemplo, contó Villagra a, “el pueblo de donde era oriunda ‘Paulina’ tiene solo un hospital de baja complejidad y tiene que derivar a Tinogasta. No pueden hacer atención de mujeres embarazadas”.

“Cuando ocurren muertes como la de Paulina o aparecen casos de mujeres que no llegan a tiempo para hacerse un aborto, como estas niñas, una siente la impotencia de pensar en qué momento podríamos haber intervenido para evitar esa situación”, reconoció la médica.

Garantizar derechos

Argentina adhirió a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde se propuso disminuir la Tasa de Mortalidad Materna a 1,3 en 2020. Para ello, debe realizar acciones que, sostiene Analía Bruno, no se están llevando adelante.

La activista agregó: “Si bajó la mortalidad es por nosotras, por el movimiento de mujeres que pusimos el misoprostol a andar”, al tiempo que apuntó a la importancia de seguir visibilizando las muertes por abortos clandestinos en un contexto en el que la ausencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) deja convivir una heterogeneidad “aberrante” de situaciones.

“Pasan cosas extrañas como que, en plena gestión neoliberal, en Capital Federal, tenemos misoprostol en todos los centros de la salud y garantizan ILE. Esto pasa hace cuatro años en CABA, y al mismo tiempo, se muere una mujer en Catamarca”, destaca. Evoca también otros casos que trascendieron este año, ocurridos a pocos kilómetros de la capital. Uno en Pacheco –Tigre- y otro en Moreno, con la particularidad de que este último sucedió en la Maternidad Estela de Carlotto, “una de las más modernas que existen”, resaltó.

La médica se refirió a otras consecuencias de un sistema de salud obstaculizador de derechos: las mujeres que llegan con embarazos no deseados porque un médico les negó una ligación de trompas, o porque les sacaron el DIU y no les avisaron, o porque les recomendaron que tomen un descanso de las píldoras anticonceptivas pero no les garantizaron otros métodos.

Con ironía y mucha bronca, las activistas de la Campaña ya empezaron a englobar estos motivos dentro de lo que debería ser otro motivo para garantizar la ILE: el causal sistema de salud.

Un documento elaborado por la Campaña Nacional al calor del debate legislativo de 2018 clarificaba la enorme importancia de legalizar la IVE: “El libre acceso al aborto, de manera segura y gratuita, no sólo permitiría prevenir el 18% de las muertes por complicaciones de abortos sino, también, incidir sobre el 26% de muertes por causas obstétricas indirectas (enfermedades agravadas por el embarazo). En estos casos, se debe ofrecer a todas las mujeres consejería integral sobre los riesgos del embarazo en curso y la posibilidad de interrumpirlo”.

Por su parte, desde Catamarca, Marina Villagra concluyó: “En todas las provincias hay equipos que ya vienen trabajando. La Ley sería un aval y ayudaría a organizar mejor el trabajo, a formalizar, a tener insumos, a trabajar en mejores condiciones y poder contener mejor a las pacientes”.

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