Redacción Canal Abierto | La tragedia que se cobró la vida de Cinthia Choque y puso en riesgo la de Santiago Siciliano dejó al descubierto muchas cuestiones sobre el sistema de contratación estatal que se maneja a nivel Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, a poco más de un mes del hecho, la Justicia tomó cartas en el asunto y prohibió a Larreta desvincular a los miles de agentes de tránsito que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrató bajo la modalidad de locación de servicios y, por lo tanto, no reconocidos como trabajadores en relación de dependencia. A su vez, instó al Ejecutivo porteño a mejorar las condiciones laborales de estos.
Lo hizo a través de una resolución de la jueza en lo Contencioso Administrativo Patricia López Vergara, a raíz de un amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy y por intermedio de Matías Cremonte, el titular de su Departamento Jurídico y, a la vez, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.
Luego de describir la situación de precariedad en que realizan sus tareas -en su gran mayoría son monotributistas y carecen de estabilidad y de condiciones elementales de seguridad y protección-, la magistrada sostuvo: “Los agentes de tránsito son seres humanos que través de su presencia permanente en la vía pública tienen a su cargo el control del tránsito vehicular, la educación vial y velan por la seguridad y cuidado tanto de los peatones como de los conductores. Pero… ¿quién cuida de ellos?”.
En la Ciudad, las condiciones de precariedad laboral a través de convenios con el sector privado –inauguradas por Mauricio Macri como jefe de Gobierno- se mantuvieron como una constante durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Actualmente, la City porteña tiene a un 74% de sus 182.000 trabajadores en condiciones laborales precarias. Dentro de los tipos de contrato se encuentran: planta transitoria, que se refiere a los contratados con derechos básicos como aguinaldo y ART, pero con menor estabilidad y sueldos por debajo de la línea de la planta permanente; el contrato de locación (como en el caso de los agentes de tránsito) facturan al Gobierno; y los tercerizados que facturan a una ONG, un privado o universidad, que a su vez presta servicios al Estado a través de convenios.
Muchos de los monotributistas deben cumplir ocho horas de trabajo, mientas los empleados de planta realizan siete, gozando de todos los beneficios de un trabajador establecido en la ley de contrato de trabajo.
De hecho, uno de los reclamos desde el sector sindical siempre ha sido el pase a planta permanente de los contratados bajo estas modalidades. Sin embargo, notaron que el clima electoral en algunos casos aceleró este proceso para “descomprimir” las situaciones políticas hacia el interior de la Administración Pública.
“Es lamentable que tenga que haber otra muerte para que se visibilice este tipo de reclamos, y es importante señalar que tanto en el Estado Nacional, como en las provincias y municipios del país hay miles de trabajadoras y trabajadores estatales precarizados a quienes no se les respetan las condiciones mínimas de protección del trabajo: Carecen de obra social, aportes, ART, salario mínimo, vital y móvil garantizado por la Constitución Nacional y, por supuesto, de estabilidad en sus empleos”, señalaron desde el sindicato estatal luego de que se hiciera público el fallo.
El caso de Cinthia Choque fue un golpe de realidad para estos trabajadores precarizados, que vieron cara a cara en este accidente las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran.
FUENTE: www.ate.org.ar
Fotos: Juan Pablo Barrientos / Revista Cítrica