Por Ignacio Rodríguez * | “La intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando cada día”, plantea un reciente comunicado de Amnistía Internacional Chile.

En esta entrevista, la presidenta del organismo internacional, Sofía Lanyon analiza la crisis desatada con la represión de las protestas a partir del 18 de octubre y la violación de Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad. 

¿Qué evaluación hacen desde Amnistía Chile sobre la crisis en Derechos Humanos que se desató con la represión a las protestas?

Desde Amnistía consideramos que estamos ante una situación bastante grave. En un primer momento, cuando se decretó el estado de emergencia, a nosotros se nos encendieron las alarmas. Porque el sólo hecho de decretar un estado de excepción implica que ya hay vulneraciones a derechos universales, constitucionales y que forman parte de los derechos humanos de las personas, como son el derecho a la libre circulación y el derecho a reunirse masivamente en lugares públicos. Y además porque inevitablemente se abre paso a la vulneración de otros derechos humanos como efectivamente sucedió tanto durante la vigencia del estado de emergencia como con posterioridad a su alzamiento.

¿Qué cambió con el levantamiento del estado de emergencia?
Sofía Lanyon es abogada y presidenta de Amnistía Internacional Chile.

Cuando se levantó el estado de emergencia las fuerzas armadas se retiraron del espacio público. El problema es que la mayoría de las vulneraciones a los derechos humanos que se constataron, tanto dentro del estado de emergencia como posterior a su alzamiento, es que la mayoría de ellos fue realizado por Carabineros de Chile. Se trata de la policía que por mandato tiene la relación directa con los ciudadanos y, además, tiene la obligación no sólo de resguardar el orden público sino de resguardar a la ciudadanía. Y lo que continúa sucediendo es que en lugar de resguardar a la ciudadanía la reprime, y pareciera que la castiga por manifestarse públicamente de manera pacífica.

¿Qué vulneraciones detectaron?

La mayoría de los hechos detectados tienen que ver con vulneración de la integridad física, a partir del uso desmedido de la fuerza pública. También violencia sexual, especialmente contra mujeres y personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Pese a que han muerto más de 20 personas se pudo constatar que al menos cinco de ellas fallecieron en manos de agentes del Estado, lo cual es gravísimo. Y además está el tema de las lesiones, la mayoría de ellas en la parte superior del cuerpo que son áreas letales. Gran parte de ellas tiene que ver con lesiones en los ojos, en el cuello y en los brazos, con secuelas permanentes en el caso de los ojos. Eso lo pudimos constatar y desde el primer momento levantamos las alertas. A raíz de ello instamos al gobierno a que tomara todas las medidas necesarias para que atendiera las demandas ciudadanas y, al mismo tiempo, buscara la manera de abordar las situaciones delictuales de manera que se pudieran garantizar los derechos humanos y las libertades constitucionales de los manifestantes pacíficos.

¿Qué significan las lesiones en la parte superior del cuerpo?

Lo primero que pudimos constatar es que esas lesiones se producen de manera masiva, no solo en Santiago y la región metropolitana, sino que es un patrón que se repite a lo largo del país. Hay indicios de que esto puede ser sistemático, no un conjunto de caso de efectivos que no siguieron el protocolo. Al parecer, estarían siguiendo una orden o un patrón generalizado en las fuerzas de seguridad que claramente no cumple con los protocolos internos que debe respetar la policía a la hora de garantizar el orden público ni tampoco con los estándares internacionales de Derecho Humanos.

¿Ese patrón indicaría otras intenciones más que reestablecer el orden público?

Es que eso no sucedió, las manifestaciones siguieron, los desmanes siguieron, los incendios y los saqueos siguieron, incluso bajo el estado de emergencia y el toque de queda. Por lo tanto, es evidente que la estrategia utilizada por las fuerzas armadas y por Carabineros no era efectiva para neutralizar los casos delictuales, pero sí estaba castigando y dañando a los manifestantes pacíficos que salían a las calles.

¿Qué tipo de violencia sexual han podido constatar?

Hay denuncias sobre violaciones y sobre tortura sexual. Un caso emblemático es el de un chico de la comunidad LGTBIQ+ que resulta estremecedor porque sufrió efectivamente vejaciones, fue obligados a gritar “soy maricón” y fue ultrajado con las lumas de Carabineros.

¿Han recibido denuncias de centros transitorios de detención clandestina?

Los elementos con los que contamos son los mismos que ya se han dado a conocer a la opinión pública y lo mismo que dice el INDH, hay hechos en investigación y las denuncias son muy graves. De verificarse que esto se hizo efectivo estamos hablando de delitos que son condenados a nivel internacional. No sería responsable de nuestra parte asegurar eso, pero hay denuncias que están en investigación.

¿Cómo analizan la información que circula en redes sociales sobre la represión, por parte de Carabineros?

Nosotros estamos recibiendo todo tipo de material, en cualquier formato, imagen, video, relatos. En el caso de las denuncias que vienen en formato digital, son analizadas por un equipo de expertos para poder analizar la veracidad y evitar dar crédito a noticias falsas. Es decir, hacemos un chequeo de veracidad y las vamos recopilando. Particularmente, nosotros nos concentramos más detalladamente en los casos más graves o representativos, sin desmerecer el conjunto de hechos y denuncias. En Derechos Humanos no existe un escalafón para esto, no decimos que una violación de Derechos Humanos es más grave que otra. Pero sí hay hechos que requieren una investigación más detallada, como la muerte de personas en manos del Estado, los casos de violencia sexual, la cantidad enorme de lesiones oculares.

¿Cómo es la tarea que se está dando Amnistía Chile?

Nosotros no tenemos la capacidad humana para prestar asesoría jurídica y presentar querellas. Además, dentro de nuestra misión la parte más importante de lo que nosotros hacemos aquí y a nivel global es la documentación minuciosa de los casos de violaciones a los Derecho Humanos, para visibilizarlo, analizarlo jurídicamente y luego presentar informes para exigir al Estado justicia, verdad y reparación respecto a esos casos. Como hay una parte de la actividad que no podemos absorber, como la querellar o patrocinar causas para judicializarlas, trabajamos con el INDH que puede hacerlo.

¿Han recibido denuncias de desapariciones, de personas detenidas por la fuerza pública cuyo paradero se desconoce?

Sí, efectivamente hemos recibido ese tipo de denuncias. Es difícil tener estimaciones porque es una información que cambia continuamente. Al inicio, a propósito de los incendios y saqueos a los supermercados murió mucha gente calcinada. Cuando estalló la protesta hubo muchas personas cuyo paradero se desconocía, pero que al iniciarse las investigaciones muchas personas fueron identificadas en esos hechos y por lo tanto fueron disminuyendo los casos de personas cuyo paradero no se conocía.

Se habla de montajes de parte Carabineros para simular hechos de vandalismo y colocar cuerpos de personas asesinadas en otros contextos, en lugares que fueron incendiados ¿Qué sabe ustedes de esto?

Los relatos que señalan eso son alarmantes, pero para nosotros todavía es muy preliminar tener una conclusión al respecto. Porque en los casos en que se han denunciado hechos de ese tipo y se han judicializado, y las instituciones lo han ido comunicando, efectivamente han salido a la luz informaciones respecto a que algunas de las personas muertas en incendios no habrían muerto por asfixia y que podría haber sido por impactos de bala. Pero no sería prudente atribuir esa situación exclusiva y necesariamente al actuar de Fuerzas Armadas o Carabineros, porque también se ha sabido de circunstancias donde estaban involucradas bandas de narcotráfico. La verdad sobre los hechos la van a arrojar las investigaciones que hoy están en curso.

¿Cómo ve que se está actuando respecto a las investigaciones?

Nosotros vemos que el Ministerio Público está trabajando de manera seria y oportuna y que también los tribunales de justicia han demostrado un buen desempeño. Han dejado claro que quienes hoy se desempeñan como jueces de la república no van a cometer el error que se cometió en la época de la dictadura, cuando el poder judicial fue cómplice en lugar de hacer su trabajo.

¿Qué acciones iniciaron ante la CIDH?

Lo que hicimos fue presentar en la audiencia de la CIDH en la ciudad de Quito, Ecuador, el 11 de noviembre un informe de la situación de los DD.HH. en Chile. En general el procedimiento que nosotros seguimos es que en primer término justicia, verdad y reparación se consigan a nivel local. Queremos que sean los tribunales de justicia y el Estado quienes respondan por las posibles violaciones a los DD.HH., que se declaren como tal los hechos y obtengan una sentencia condenatoria para el Estado. Si no fuera posible pasamos a un nivel internacional que es la CIDH, que emite recomendaciones al Estado parte y que deberá monitorear que el mismo cumpla sus compromisos. Si eso no sucede, ahí pasamos a la etapa de la Corte Interamericana. Amnistía está dispuesta a llegar a las últimas instancias.

 

 

Asesor del área de investigación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE). 

* Entrevista publicada en el informe EN GUERRA CONTRA EL DERECHO A LA PROTESTA elaborado por el observatorio social de la CLATE. 

 

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