Redacción Canal Abierto | Esta semana, otro trabajador del Metro de Madrid falleció. Con él ya suman tres los ex empleados de la empresa muertos por patologías pulmonares derivadas de la exposición a las fibras tóxicas del amianto.

Esta última víctima un conductor de trenes jubilado que desarrolló casi toda su vida laboral en la compañía pública de transportes. La causa se encuentra judicializada pero desde la empresa precisan que no hay constancia de reconocimiento de esta enfermedad profesional.

En 2018 falleció el primer trabajador de Metro, que se desarrolló como oficial de mantenimiento de ciclo corto durante 30 años. Cinco meses más tarde falleció otro empleado, el primero al que se le reconoció esta enfermedad laboral.

En diálogo con Canal Abierto, Antonio Rus, trabajador del Metro de Madrid, contó que Ramón, el compañero fallecido, tenía mesotelioma, y al no tener cura, esperaban este desenlace. “Como la causa de este cáncer es la exposición al amianto, rápido se comunicó a la dirección de la empresa y al comité de salud. Se dijo que tenían que hacer un estudio e incluir en vigilancia sanitaria al menos a los maquinistas que habían estado en contacto con trenes clásicos”.

Y agregó: “Si hubieran activado ese protocolo a tiempo, hubieran empezado a llamar a la gente jubilada para que fuera al sistema público de sanidad a que les aplicaran la vigilancia porque no sabemos cuántos casos más como estos hay, que se conocen gracias a la exposición mediática de esta problemática. Si no se hubiera puesto el foco en este asunto, la gente iba a seguir falleciendo y la empresa iba a continuar desligada de esta enfermedad profesional”.

Hace poco más de un año, la dirección de Metro de Madrid negó categóricamente que existiera amianto y que su plantel de empleados estuviera expuesto a riesgo alguno. Sin embargo, en 1992, la Autoridad Internacional del Transporte Público le indicó la necesidad de sustituir varias piezas con amianto. En 2003, el Ministerio de Sanidad declaró que consideraba al 100% del personal destinado a tareas de mantenimiento ferroviario en situación de riesgo por exposición al asbesto.

“Hasta que no les dan un argumento que tenga peso para vigilar la salud de los trabajadores, siguen haciendo caso omiso a esta labor. Ahora mismo ha fallecido este compañero, y sin embargo no se hace vigilancia sanitaria ni a los jubilados ni a los activos que llevan casi 40 años en la empresa y estuvieron trabajando con este material”, explicó Rus.

En las series modernas de los trenes, estos componentes tóxicos no están. Pero desde que están revisando, rara es la semana en la que no aparecen nuevas piezas con amianto, según cuenta el trabajador del Metro. Suele tratarse de las juntas de cartón de amianto, catalogado como material friable, que desprenden fibras fácilmente.

“Metro se apoya en una de las mediciones ambientales, que también se hacen a criterio de la empresa, sin tener en cuenta las afecciones de los trabajadores. Actualmente, el problema es que Metro tiene que defenderse jurídicamente en un juicio en el que hay ya siete imputados, y no puede reconocer que lo ha hecho todo mal. Tiene que intentar llegar a juicio con la cabeza alta, pero no puede, es insostenible”, acusó Rus.

Ni la dirección de Metro de Madrid ni los responsables políticos adoptaron una sola medida destinada a proteger a los trabajadores. Todavía hoy, a pesar de estar médicamente acreditado, la compañía minimiza la amenaza y las cifras reales de afectación, demora el retiro de los componentes potencialmente peligrosos y niega para la totalidad de su plantel, incluidos trabajadores ya jubilados, la realización de exámenes médicos adecuados para la detección precoz de estas graves patologías.

Los trabajadores, que son víctimas del menosprecio a su salud, tomaron cartas en el asunto. “Hace dos años hicimos un manual para concientizar a la gente y constantemente realizamos denuncias en la Consejería de Trabajo. Con cada suceso, con cada mala gestión estamos ahí. El último caso que trascendió fue en noviembre. Después de descontaminar unas placas en un tren, le cayeron restos en la cabeza a un compañero. Cuando analizaron los restos encontraron amianto. Días antes, la empresa dijo que lo habían quitado y las mediciones de ambiente lo dieron por lugar seguro”, aseguró el trabajador.

Asimismo, añadió: “Deberían habernos inscripto como empresa de riesgo con amianto en el RERA (Registro de las empresas con riesgo por amianto) para poder trabajar con todas las condiciones de seguridad y una correcta capacitación, pero es algo que no quieren reconocer”.

De Madrid a Buenos Aires

En 2011, Metro vendió 65 vagones con amianto a Subterráneos de Buenos Aires. Más tarde, Subte pidió casi 15 millones de euros por considerar ilegal esa venta, a pesar de que había conocimiento de ambas partes de la presencia de asbesto en los trenes.

Sobre esta venta, Rus expresó: “Es un delito contra la salud de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que a esos trenes que se vendieron, los compañeros de Madrid tuvieron que aplicarle una pintura especial a ciertas partes de los cofres de los apagachispas para contener el riesgo del amianto. Esto fue previo a la venta y en plena vigencia del decreto que hay en España para controlar este tipo de trabajos. Pese a todo esto, Metro mandó las formaciones a Buenos Aires”.

Metro debería recompensar de alguna manera a los trabajadores de Metrovías junto a SBASE, que también revisaron el material que se aportaron desde Madrid y que ellos recepcionaron. “Metro tiene una responsabilidad muy alta porque conocía los riesgos del material que estaba vendiendo, pero las culpas son de ambas empresas”, agregó el empleado.

Actualmente, más de trece trabajadores del Subte tienen dolencias que podrían relacionarse con la exposición al material y hay casos de asbestosis confirmados.

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